Abogado y exviceministro de Justicia de Bolivia.El exviceministro y abogado constitucionalista Carlos Alarcón presentó una propuestaIván Paredes Tamayo / EL DEBERFue viceministro de Justicia en el Gobierno de Carlos Mesa. Carlos Alarcón tiene una posición crítica al planteamiento para la reforma judicial y considera que se pierde una oportunidad para ese cometido.Ya se presentaron los ejes de la cumbre judicial ¿Cómo analiza este proceso previo?La cumbre será utilizada como un caballo de Troya para habilitar el segundo referéndum sobre el artículo 168 de la Constitución. Ahora, como esto es inconstitucional, corresponde que los que votamos por el No defendamos nuestro voto, y la forma de defenderlo es a través de cabildos, yo planteé nueve cabildos en todos los departamentos con el lema Bolivia se respeta, Bolivia dijo No. Esta cumbre judicial quiere dar pie a un segundo referéndum.¿Se debe modificar la elección por voto popular de las autoridades judiciales?Con relación a la justicia, en vez de pensar de abrir la Constitución, propuse que se haga una iniciativa legislativa ciudadana, una ley de desarrollo y reglamentación de la fase de preselección de candidatos, que es lo que falló en la anterior elección de altas autoridades judiciales. Esta norma tendría muchos artículos, pero lo importante es que reestablezca 11 tribunales de méritos conformado cada uno de ellos por tres comisionados, seis tribunales de parte de la sociedad civil y cinco de parte del Estado. El mayor peso de estos tribunales de méritos lo tendrá la sociedad civil.¿Cómo se conformarías estos seis tribunales a cargo de la sociedad civil?Uno por los colegios de abogados de todos los departamentos, otro por los decanos de las carreras de Derecho de las universidades públicas y privadas, el tercero por las asambleas departamentales de periodistas, el cuarto por los empresarios privados, otro por la Central Obrera Boliviana (COB) y el último por las ONG de derechos humanos.¿Y de parte del Estado?Uno por el presidente del Estado, otro por los nueve gobernadores, un tercer tribunal por los alcaldes de las ciudades capitales, otro por los alcaldes de las ciudades intermedias y el quinto por el defensor del pueblo. Los tribunales harían una nómina y la Asamblea Legislativa elegiría ternas para que sean seleccionados los más capaces