La Paz y SucreEntre gasificaciones, arremetidas de los carros Neptuno y otras formas de represión a cargo de la fuerza pública, esta semana personas con discapacidad superaron los 100 días de movilización nacional por su demanda de una renta de 500 bolivianos mensuales.Entre otras medidas de presión, el sector instaló vigilias en casi todos los departamentos y realizó una caravana de “sillas de ruedas” que llegó a La Paz el 25 de abril, luego de recorrer 283 kilómetros en 36 días. En la Sede de Gobierno sólo obtuvieron reuniones bajo la condición de no discutir su principal demanda.Frente a este panorama, los dirigentes nacionales y sus bases reafirman que la lucha continuará, a pesar del constante amedrentamiento que sufren, según denuncian. “Hace unos días hemos tenido una reunión ampliada con las bases y el Comité Ejecutivo de la movilización y todos estamos de acuerdo en que vamos a seguir a pesar del fuerte amedrentamiento que sufrimos”, sostiene Feliza Alí, una de las representantes de Chuquisaca, que permanecen en el asentamiento que los discapacitados instalaron a una cuadra de la plaza Murillo, fuertemente resguardada por más de un centenar de efectivos antimotines, que instalaron vallas de dos metros de altura una cuadra a la redonda del palacio de presidencial.Desde que la caravana llegó a La Paz, las detenciones y retenciones de discapacitados, algunos en silla de ruedas, a los que siguen amenazando, según las denuncias, son cosa de todos los días y el nivel de violencia en las represiones va en aumento, relata otro de los discapacitados que prefiere no identificarse. “Es mejor guardar anonimato, se acercan a decirnos que si no nos retiramos, nos van a bajar la calificación de discapacidad, o sea, yo que estoy en silla de ruedas, por ejemplo, hasta me pueden quitar lo poco que nos dan, así nos amenazan que ya nos tienen registrados”, lamenta.Por ejemplo, en Sucre discapacitados de base que realizan la vigilia en la acera de la Gobernación de Chuquisaca sostienen que a quienes son identificados como miembros activos del movimiento les amenazan con excluirlos de las listas para los planes de vivienda que el Gobierno comprometió en la Ley 223 de marzo de 2012.Precisamente el mismo viernes, en la marcha a la que se refiere Alí, los periodistas que reportaban los sucesos, fueron agredidos físicamente por civiles que sin identificarse, tomaban registros fotográficos y de video sobre los marchistas y los trabajadores de la prensa que se encontraban ahí. Un comunicado de la Asociación Nacional de la Prensa confirma lo sucedido y condena la forma en que actuó la Policía.“Es gente infiltrada que trabaja para el Gobierno y vienen a identificarnos también a quienes estamos apoyando el movimiento y registrando lo que realmente sucede, porque, según el Gobierno, los discapacitados son los que agreden a los policías”, aclara Violeta Ayala, documentalista boliviana varias veces galardonada en festivales internacionales, por su labor de denuncia sobre la situación de diversas poblaciones vulnerables en el mundo.Uno de sus trabajos más importantes “Stolen” de 2009, “descubrió la esclavitud en los campos de refugiados de la provincia de Tinduf al suroeste de Argelia y el Sáhara Occidental”, escribe el artículo sobre Ayala en el portal web, Wikipedia. Ayala se encuentra rodando un documental sobre la lucha de los discapacitados desde hace dos meses.

El pedido del sector

Desde el principio de la movilización, el pedido fue claro: una renta mensual de 500 bolivianos para las personas con discapacidad. Los términos para atender la demanda estaban abiertos, pero el Gobierno condicionó cualquier apertura al diálogo a que no se toque ese punto, y por ello se frustraron varias citas.“Hemos recibido invitaciones al diálogo con condiciones, no aceptamos excluir el tema de la renta, como esas dirigencias paralelas que firmaron ese acuerdo de 42 puntos, que ya están todos contemplados en la Ley. No es nada nuevo. Están siendo intransigentes (en el Gobierno). Hemos dicho que podemos flexibilizar el monto de la renta, que tampoco es como dicen que queremos sí o sí que sea para todos. Yo, por ejemplo, tengo una calificación de 40 por ciento (de discapacidad), pero hay compañeros que necesitan asistencia para casi todas las cosas. Pero ni quieren escucharnos, tienen su versión, que somos de derecha, que queremos desestabilizar y no somos de ningún partido político, estamos reclamando un derecho constitucional, a una vida digna, a no ser postergados o discriminados”, recalca uno de los discapacitados.

La versión del Gobierno

A la llegada de la caravana a La Paz, el 25 de abril, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, transmitió a la opinión pública que “atender este desmedido bono, con las cifras que mencioné, es simplemente atentar contra los recursos del Tesoro General del Estado, contra los recursos de los bolivianos”, dijo en conferencia de prensa.Las cifras a las que se refiere Arce, son el supuesto número de discapacitados que desean el pago del bono de 500 bolivianos, el cual ascendería a 100.000 individuos, representando un presupuesto de 600 millones de bolivianos para las arcas del Estado.Sin embargo, en la actualidad y de acuerdo a la Ley 223, los discapacitados que reciben la renta anual de mil bolivianos son 22.112, que recibieron la calificación de discapacidad “grave” o “muy grave” definidas en la Ley para ser beneficiario.Si bien el proceso de calificación ha sido cuestionado por el sector, la cifra de 100.000 presentada por el Ministro parece relativa, considerando que el Censo de 2012 cuantificó 300.000 personas con algún grado de discapacidad permanente.CON VIOLENCIA“Esto no tiene precedentes, la represión a discapacitados, la de ayer fue brutal”, exclama un vecino de la zona que presenció el 26 de mayo, la arremetida de los carros Neptuno.“Deben creer que nos van a derrotar con esas expresiones de fuerza. Acá las temperaturas son bajas y están bajando más. Muchos contraen resfríos, y es duro, pero las bases y la dirigencia están determinadas, por eso también si las bases están cansadas, retornan a sus casas y en su lugar llegan nuevos compañeros. Nos acusan de romper el diálogo, pero en realidad ellos ya no quieren dialogar. La semana pasada, hemos mandado una carta al ministro (de la Presidencia, Juan Ramón) Quintana, que ya no tuvo respuesta. Esta semana vamos a mandar cartas a las Cámaras de la Asamblea (Legislativa) Plurinacional”, recalca Alí.SÓLO 22 MIL PERSONAS EN BOLIVIA RECIBEN ACTUALMENTE LA RENTA DE MIL BOLIVIANOS ANUALES 

¿Política de redistribución injusta?

Si hipotéticamente sólo los 22.112 beneficiarios de la renta actual de mil bolivianos anuales recibieran los 500 bolivianos mensuales demandados, esto representaría un presupuesto 132 millones de bolivianos, un monto inferior a lo presupuestado en esta gestión para pagar por ejemplo el Bono Juancito Pinto, que asciende a 465 millones de bolivianos o el Bono Juana Azurduy de Padilla, con 187 millones de bolivianos para 2016. Ambos bonos junto a la Renta Dignidad son contemplados como programas sociales de redistribución en el Modelo Económico Social Comunitario Productivo que rige las políticas económicas del Gobierno boliviano.La justificación de estos programas es acortar la brecha de desigualdad social y económica con segmentos vulnerables de la sociedad como niños, mujeres en situación de maternidad y ancianos. Estos mostraron buenos resultados desde su implementación, explica el economista Roberto Laserna, en su análisis de la situación boliviana que forma parte del libro “Pobreza, Desigualdad de Oportunidades y Políticas Públicas en América Latina”.Para el autor, la brecha de desigualdad y la pobreza actúan como un círculo vicioso: “El enfoque fundamental debería concentrar las políticas contra la pobreza en el aumento en la disponibilidad y el acceso a recursos necesarios para la sobrevivencia, porque su carencia es la que condena a las personas en un grado elevado de vulnerabilidad”, escribe.“Para nosotros se trata justamente de eso, de acortar la brecha de desigualdad, que está condenando a la exclusión a los compañeros (discapacitados). Estimamos que existe un altísimo porcentaje de analfabetismo. Yo veo cómo los niños con discapacidad, especialmente en entornos rurales o periurbanos, no van a la escuela porque requieren cuidados especiales que sus familiares no pueden costear u ocuparse directamente, porque tiene que trabajar. Por eso es nuestra lucha, por eso cuando nos ofrecen trabajo, no es una propuesta que llegue a los que realmente necesitan, aquellos que ni siquiera acceden a la educación, esto no es para los dirigentes”, reclama Alí.