Con una arbitraria “conminatoria” emitida por la liquidadora del Fondo Indígena, el gobierno de Evo Morales pretende obligar al politólogo Diego Ayo a desdecir su investigación sobre el multimillonario desfalco en esa institución estatal.La amenaza de procesamiento, emitida por una entidad administrativa que pretende arrogarse el derecho a determinar cuál es la “verdad histórica” de los hechos, demanda a Ayo que se retracte “en presentación masiva, en medios de comunicación y foros universitarios sobre el resultado de la investigación”.Sucede que el documento del cientista político, titulado “La verdad sobre el Fondo Indígena”, resulta por demás incómodo para el régimen, toda vez que la principal implicada en el asunto es una figura muy cercana al presidente, Nemesia Achacollo, quien continúa intocable tras un blindaje de impunidad.Lo cierto es que el intento de censura gubernamental violaría nada menos que el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, base principista fundacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), que expresa: “Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”.Advierte Diego Ayo que “si la sociedad boliviana acepta esta conminatoria, desde hoy ningún ciudadano podrá cuestionar al poder y deberá vivir bajo la sospecha de ser hereje. Es el medioevo del siglo 21, donde la verdad del gobierno es incuestionable”…[email protected]