Defensoría constata existencia de casquillos de armas en zona de conflicto de cooperativistas

La autoridad leyó un comunicado y evitó responder las preguntas de los periodistas, pese a la insistencia.

La autoridad leyó un comunicado y evitó responder las preguntas de los periodistas, pese a la insistencia. Foto El Deber.

El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, informó que la institución a su cargo elabora un informe sobre lo sucedido en Panduro y que acabó con cinco muertos, entre ellos una autoridad de Estado

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  Enfrentamientos entre policías y cooperativistas mineros en la localidad de Panduro.

Enfrentamientos entre policías y cooperativistas mineros en la localidad de Panduro, el 24 de agosto.

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz 

La Defensoría del Pueblo constató durante los hechos de violencia en Panduro, en la vía La Paz-Oruro, la existencia de casquillos de armas de fuego, que será parte de una investigación desde la Policía y el Ministerio Público. Lo ocurrido durante esas jornadas deslegitimó a la dirigencia de los cooperativistas, quienes deben asumir su responsabilidad, añadió en un documento.

El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, leyó un comunicado en el que hace un repaso de lo sucedido la pasada semana en Panduro, que terminó con la muerte de cuatro cooperativistas, tres con impactos de bala, y el asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, quien –según la Fiscalía- fue torturado hasta su muerte.

“La escalada de violencia y la subversión del orden y la ley, abierta y sin precedentes, sumada a la forma en la que se asesinó a una autoridad, ha decantado en una deslegitimación de las dirigencias de un sector social y que éstas deben asumir responsabilidades”, establece parte del documento que leyó. Añadió que la institución elabora un informe.

Los cuentapropistas declararon un bloqueo nacional de caminos que fue focalizado en Panduro, donde la Policía concentró sus fuerzas en un intento de habilitar la vía. Las acciones policiales desataron enfrentamiento con los movilizados que el 25 de agosto terminaron con el secuestro de Illanes y su posterior asesinato.

Los hechos llegaron a su climax –sostiene el documento- con la “agitación de noticias falsas, el lanzamiento de dinamitas en hondas, consumo de alcohol, robos, destrucción de propiedad pública y privada, toma de rehenes, privaciones de libertad, secuestros, lesiones gravísimas, atentado a ductos, vejámenes, hasta un asesinato”.

Tezanos Pinto informó que el personal de la institución pudo constatar en la zona la existencia de «cartuchos de gases y balines de goma, y casquillos» de armas de fuego. La Policía y el Ministerio Público estarán a cargo de la investigación sobre el uso de armas letales, tomando en cuenta que el Ministerio de Gobierno afirmó que no instruyó uso de armas en el conflicto.