Una subsidiaria de la compañía suiza Glencore presentó, el pasado 19 de julio, una notificación de arbitraje en contra de Bolivia por una supuesta controversia relativa a la reversión de las plantas de fundición de estaño y antimonio de Vinto y por la recuperación del control del Centro Minero de Colquiri por parte del Estado, informó ayer la Procuraduría.
Por procedimiento, la respuesta debe presentarse hasta el 18 de agosto.
La Procuraduría General del Estado informó, a través de una nota de prensa, que asumirá la defensa y representación jurídica del Estado “desnudando una serie de posibles irregularidades en la subasta, venta y posterior transferencia de los activos del Estado”.
Añade que Bolivia, basándose en una extensa prueba documental, hará referencia y ampliará todos los aspectos mencionados durante la fundamentación del procedimiento arbitral, en caso de que la demanda prospere.
Explicó que, por lo general, los tribunales arbitrales son reacios a conocer las demandas de empresas subsidiarias, cuyas inversiones son de propiedad de una compañía matriz que tiene una nacionalidad distinta a la del Tratado Bilateral de protección de Inversiones que invocan.
Asimismo, la Procuraduría afirma que “resulta inverosímil la presentación de esta demanda arbitral, ya que el Estado boliviano ha llevado durante varios años negociaciones con la empresa, las cuales fueron abruptamente interrumpidas por la solicitud de arbitraje”.
La reversión de las plantas de fundición de estaño y antimonio fueron efectuadas por el Gobierno mediante la emisión de los Decretos Supremos 29026 —del 7 de febrero de 2007, que revirtió el Complejo Metalúrgico Vinto— y 0499 —de 1 de mayo de 2010, que revirtió al Estado la Planta de Antimonio Vinto—. Asimismo, mediante Decreto Supremo 1264, de 20 de junio de 2012, se dispuso que la Corporación Minera de Bolivia asuma el control del Centro Minero Colquiri.
Las instalaciones de Vinto y Colquiri fueron enajenadas durante el Gobierno de Hugo Banzer, a favor de empresas relacionadas a Comsur, cuyo accionista era el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Actualmente, esa empresa se llama Sinchi Wayra y depende de Glencore.
Uno de los cuestionamientos del Gobierno fue que una de las plantas fue enajenada por “al menos un 90 por ciento por debajo de su costo real”.
En su informe de rendición de cuentas 2015, la Procuraduría señaló que trató los procesos arbitrales relacionados con la South American Silver, que proviene de la nacionalización de la empresa minera Mallku Khota, el caso Iberdrola, el caso Jindal Steel Bolivia, Abertis infraestructuras y Quiborax.
DEMANDANTE DE PAPEL
La Procuraduría explicó que, al ser suiza, en caso de surgir controversia con el Estado, Glencore podía invocar el Tratado Bilateral de protección de Inversiones (TBI) entre Bolivia y la Confederación Suiza. Sin embargo, optó por ampararse en un TBI suscrito por Bolivia con el Reino Unido usando una empresa “de papel”, es decir inscrita en un paraíso fiscal.
Fuente: lostiempos.com