ENCUESTA.
79% rechaza que se haya librado de delitos a la expareja de Evo
Legisladores de oposición afirman que la decisión del Ministerio Público sobre Gabriela Zapata fue para “proteger al presidente Evo Morales”.
Página Siete / Wendy Pinto / La PazLa mayoría de la gente consultada por Mercados y Muestras, un 79%, rechazó la decisión de la Fiscalía de exonerar a la expareja de Evo Morales, Gabriela Zapata, de cuatro delitos.El Ministerio Público liberó a Zapata de los cargos de uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de la profesión y falsedad material. ¿Usted está de acuerdo con esta decisión de la Fiscalía?, fue la pregunta que la empresa hizo a 800 personas en 41 capitales, El Alto y ciudades intermedias de los nueve departamentos.El 79% de los consultados respondió que no está de acuerdo con la decisión asumida por el Ministerio Público, mientras que sólo un 14% respaldó dicha idea y un 7% de gente que no respondió a la pregunta.En esta consulta también se hizo una división entre electores que votaron por el Sí y los que votaron por el No en el referendo del 21 de febrero. En este ejercicio se observó que un 75% de los que marcaron el Sí a la reelección del Presidente no están de acuerdo con la Fiscalía frente a un 16% que apoya esa decisión.El caso de la expareja sentimental del Mandatario de Estado salió a la luz el 3 de febrero y desde entonces el Gobierno, a través de sus ministerios, la Contraloría y la misma Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) han iniciado procesos legales contra la otrora ejecutiva de la empresa china CAMC.Los procesos fueron iniciados por ejercicio ilegal de la abogacía y mandato indebido de la profesión, incumplimiento de deberes, contribuciones y ventajas ilegítimas de la servidora o servidor público, asociación delictiva, legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y uso indebido de bienes y servicios públicos, trata y tráfico de personas, por mencionar algunos.La oposición coincidió con los resultados de la encuesta e indicó que la decisión de la Fiscalía tuvo la intención de proteger al Presidente. «Lo que hizo el Ministerio Público es un encubrimiento, una complicidad en los hechos que supuestamente han investigado, todo por salvarlo a Evo Morales”, afirmó la diputada opositora Norma Piérola.Mientras que desde el oficialismo el diputado Víctor Borda recordó que los ministerios que presentaron cargos contra Zapata rechazan la decisión de la Fiscalía y esperará a que la justicia sea imparcial con ella. Punto de vistaErika Brockmann PolitólogaNi la «verdad oficial” ni la acusación mínima convencenLas cifras de rechazo y escepticismo que genera el dictamen de la Fiscalía respecto al caso Zapata-CAMC sorprenden. Los porcentajes elevados de los que No están de acuerdo con la Fiscalía son reflejo de la opinión de la gente en torno a este bullado culebrón que no da tregua.Lo que más llama la atención y obliga a un esfuerzo de explicación es que 75% de quienes apoyaron la rererereelección de Evo, no apoyen la actuación de la Fiscalía.La gente no es ingenua. Difícil pensar que la firma de ministros en contratos millonarios y discrecionales hayan sido producto del poder unilateral de una muchacha «sub-30”. Por más piruetas se hagan desde plaza Murillo y libros se publiquen para revertir la idea de que muchas piedras oscuras trajo esta novela, la gente sabe que en su momento la relación Evo-Gabriela fue una realidad, que hubo un hijo y que el derroche de dinero era inocultable. Por más que se derivó a los ministros y funcionarios del entorno presidencial contener el ímpetu y la ambición de la muchacha, hecho que hoy se quiere negar, para la mayoría de la gente, ella sí tuvo una relación cercana con el núcleo del poder del «proceso de cambio”.A eso se suma la pesada carga de desprestigio y descrédito de las actuaciones del sistema de justicia, entre ellas la propia Fiscalía. Desprestigio asociado a una larga historia de subordinación al Órgano Ejecutivo, exacerbada en tiempos del Estado Plurinacional.Es posible que una significativa fracción de ese 75% sostenga su opinión en clave machista o de defensa a ultranza del gran jefe. En otras palabras, de aquellos que piensan que el escarmiento debió ser mayor y que no están de acuerdo con un paquete de acusaciones «light”. Todavía resuena en mi memoria el clamor de las Bartolinas demandando el más severo castigo para Gabriela. Reflejos de una cultura inquisitorial para con las mujeres sospechosas por el poder que mal usaron perjudicando al jefe.Otro elemento que pesa es que en Bolivia la sociedad y la opinión pública no se tragan fácilmente la «verdad construida desde el poder” y más aún en tiempo de desgaste del mismo. Lo ideal sería que esto no ocurra como en cualquier Estado y democracia institucionalmente maduros. Sin embargo, cuando son cada vez más los datos que dan cuenta de una variopinta cadena de hechos de corrupción, la verdad oficial se diluye en un mar de Secretos que circulan a voces y con morosidad inevitable. Esta historia se conocía en círculos empresariales y en sectores de MAS donde el rumor pesa más que la fiscalía.