ONU expresa su preocupación por infanticidios y esterilización de personas con discapacidad

La falta de datos de niños con discapacidad en los registros del Gobierno, sobre todo en el área rural y en comunidades indígenas, causa preocupación en el Comité Sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); a eso, se suman los casos de esterilización e intervenciones quirúrgicas realizados sin el consentimiento de personas con discapacidad.Ambas preocupaciones se reflejan en los 81 puntos del documento Observaciones Finales sobre el Informe Inicial del Estado Plurinacional de Bolivia, ratificado el pasado 30 de agosto en la 290 sesión de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Ginebra, Suiza. Documento que según la ministra de Justicia, Virginia Velasco, hasta el pasado viernes aún no se conocía oficialmente.El numeral 23 indica que “al Comité le preocupa los informes de algunos casos de infanticidio de recién nacidos con discapacidad en las comunidades más remotas del Estado, parte motivado por perjuicios persistentes”.Alejandra Rivera (52), con discapacidad física como secuela de la poliomielitis y psicóloga con amplio recorrido académico en materia de discapacidad, señala que hay investigaciones que confirman los casos de infanticidio.“Mostraban como en algunos municipios pobres (…) nacen niños con discapacidad y los matan; pero no sólo por discapacidad sino que también por ser mujer y si eran gemelos, eliminaban a uno”, indicó.La ONU instó a Bolivia a fortalecer las medidas para proteger a los niños con discapacidad y garantizar su derecho a la vida. concientizando y educando a sus familias y comunidades, pero también dándoles apoyo.Rivera asegura que hay poblaciones muy pobres donde se podría suponer que, por las condiciones de vida, debería haber más niños con discapacidad, pero no los hay. Algo extraño y señala que hay investigaciones que reflejan esa realidad.El punto 43 del informe señala otra preocupación referida a la esterilización y otras intervenciones quirúrgicas sin conocimiento de los pacientes y sólo con la autorización de su tutor.Rivera asegura que la situación de las mujeres con discapacidad, sobre todo en el área rural, es “de terror” porque la familia y hasta la comunidad deciden sobre su vida. Contó un caso de 2015, en Cochabamba. La comunidad pedía a la Defensoría que a una mujer sorda la esterilizaran porque la habían violado en varias ocasiones y ya tenía cinco hijos.La ONU insta a Bolivia a abolir esa práctica no consentida y recomienda adoptar protocolos para regularlo.SIN REGISTRO EN EL PADRÓN La ONU también reclama por las personas con discapacidad que han sido declaradas “legalmente incapaces” no pueden ejercer el derecho al voto  y a ser elegidos en cargos de elección. Además, que no se encuentran inscritos en el registro electoral.La psicóloga Alejandra Rivera afirma que “en muchos casos ni siquiera tienen carnet de identidad, ni certificado de nacimiento. Esto sucede porque, en el caso de las áreas rurales, los padres tampoco tienen documentos y un niño  con discapacidad está más devaluado dentro su familia y prefieren esconderlo”.Entonces, el Comité insta al Estado de Bolivia a derogar las disposiciones que “limitan el derecho a votar por motivo de capacidad jurídica y adopte las medidas legislativas necesarias para garantizar que todas las personas con discapacidad, especialmente intelectual o psicosocial, sean registradas en el Padrón Electoral y puedan ejercer su derecho al voto”.Rivera agrega que “en nuestros códigos una persona con discapacidad  intelectual está prohibida de casarse. Es increíble pero cierto”. La ONU también observa esta situación.PREOCUPACIÓN POR CASOS DE VIOLENCIA Invisibilizados, no hay información suficiente Al menos cinco puntos de las observaciones hechas a Bolivia por el Comité de la ONU Sobre los Derechos de las Personas con discapacidad se refieren a la falta de registros y escasez de información acerca de la niñez con discapacidad que está en centros de acogida o albergues.La psicóloga Alejandra Rivera afirma que, a nivel general, los registros de las personas con discapacidad no reflejan la realidad. De acuerdo con el Sistema de Información de Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud, sólo 55.059 personas tienen su carnet de discapacidad frente a las más de 388 mil que existirían de acuerdo al último Censo.“Datos sobre  niños con discapacidad no existen en el país” aunque se percibe una significativa presencia de menores en los albergues que están en condición de “abandono” y que a su corta edad ya presentan trastornos mentales, señaló.La ONU, en este caso, recomienda a Bolivia adoptar medidas para desintitucionalizar a los niños con discapacidad  y a proteger sus derechos de vivir en un entorno familiar, ser incluidos en la comunidad y tomar acciones para evitar su abandono.En otro punto, también sugiere revisar el Plan Nacional Para la Igualdad de Oportunidades e “incorporar la perspectiva de mujeres con discapacidad”.  Pide también que se revisen las políticas de inclusión de personas con discapacidad y se garantice que tenga enfoque de género.Respecto a los criterios de certificación, la ONU recomienda hacer reformas con el objetivo de reflejar un  modelo social y de derechos humanos de la discapacidad y que se haga accesible a todas las personas que la padecen, de forma que sea accesible y gratuito.El Comité hace conocer su preocupación por “el escaso número de quejas” presentadas por discriminación por motivos de discapacidad, por lo que recomienda a Bolivia, la creación y fortalecimiento de un sistema para la presentación de quejas que sea sencillo, accesible y reparador para las personas con discapacidad que aleguen haber sido discriminados; pero además, que incluya la lengua de señas boliviana.A esto suma el pedido de que Bolivia asuma acciones para  prevenir y eliminar la discriminación múltiple e interseccional.IDIOMA OFICIAL: Reconocimiento de lenguaje de señasEl Comité Sobre los Derechos de las Personas Con Discapacidad de las Naciones Unidas recomienda a Bolivia que haga expedito el reconocimiento de la lengua de señas como un idioma oficial que promueva la certificación de intérpretes calificados de lengua de señas. También que aumente la disponibilidad de intérpretes en los servicios públicos para promover la incorporación de la cultura e identidad lingüística de las personas sordas, en colaboración con las personas con discapacidad.En relación a la educación, pide a Bolivia  promover la matriculación de todas las personas con discapacidad especialmente mujeres y niños. También garantizar la formación de docentes en educación inclusiva a todo nivel.SALUD: Sugiere protocolos específicos La ONU  sugiere implementar una estrategia de accesibilidad a instalaciones y mobiliario médico, información y la comunicación para personas con discapacidad. También pide promover una campaña de capacidad y promoción de los derechos de las personas con discapacidad a profesionales y personal de la salud en todo el territorio nacional. Insta también a Bolivia a asignar los suficientes recursos humanos y materiales para hacer efectiva la universalización en la cobertura de servicios de salud, incluyendo los servicios especializados en materia de discapacidad, que se enfoque en la prevención secundaria de la aparición de nuevas deficiencias o el agravamiento de las ya existentes en el sector discapacitado.INCLUYE LA CPE: Revisión de toda la legislación De acuerdo con las observaciones del Comité Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Constitución Política del Estado de Bolivia no reconoce a las personas con discapacidad como titulares plenos de todos los derechos humanos, sino se les concibe como “necesitados de protección”. Por lo expuesto, sugiere la revisión de toda la legislación boliviana, incluyendo la Constitución  con el fin de aprobar leyes que reconozcan a las personas con discapacidad como “titulares plenos de todos los derechos humanos”.Sin embargo, Bolivia podrá refutar esta afirmación con argumentos y pruebas en su próxima actuación ante el Comité previsto para el 30 de agosto del 2017 y siguientes cuatro años.