Datos. Si bien existen leyes que obligan a las entidades públicas a dar reportes solicitados, hay incumplimiento. Expertos ven un manejo político de los datos.
Persisten las trabas para el acceso a la información
Según político y analistas.
Ref. Fotografia: Congreso. La mayoría parlamentaria del oficialismo ha evitado que ministros sean censurados por sus actos.Pese a existir normativas para transparentar información y una instancia ministerial, el acceso a la información pública está lleno de trabas, mencionan políticos y analistas en el tema. Y como muestra de ello, se nombra las revelaciones sobre gastos millonarios en pasajes y viáticos de movimientos sociales que el país se entera, pero luego de que el hecho en sí ya ha sido consumado hace mucho tiempo atrás.Además de lo coyuntural, hay un problema estructural señala Diego Ayo, analista político, al referirse que en el fondo se viene creando «una cultura de lo turbio» y absoluta nulidad de la transparencia de la cosa pública. «Todas las instancias estatales de evaluación, seguimiento, control, básicamente no existen. La Ley de Control Social ha quedado como algo ornamental. Por donde se lo ve no hay rendición de cuentas, control social y ni fiscalización, porque la asamblea legislativa y los mismos concejos municipales funcionan a criterios políticos», señaló Diego Ayo.Alternativas sin resultados. La diputada de UD, Jimena Costa, que en los últimos días denunció gastos dispendiosos del gobierno en viajes millonarios de dirigentes del MAS a un encuentro de movimientos sociales en Panamá, informó que el año pasado junto a otras diputadas, presentó un proyecto de Ley de Acceso a la Información y Documentos Públicos, con el objetivo de saber en qué se gastan los recursos públicos. «Hasta ahora el oficialismo, no la agenda para aprobar una Ley, dado que no le conviene tratar», señaló.La diputada Norma Piérola, señaló que la situación es cada vez peor, dado que el gobierno se cobija en el paraguas de los dos tercios en la Asamblea Legislativa. «Yo he pedido informes vía Contraloría alrededor de 17 peticiones de informe. Pero los ministros como Choquehuanca, Arce, Quintana, entre otros no brindan información», indicó.Según los lineamientos dados por la ONU, el derecho al acceso a la información sobre la actuación del Estado es una prerrogativa de las personas sin distinción de raza, color, sexo, religión o discapacidad, entre otros aspectos.EL DÍA / Santa Cruz