Cocaleros admiten que sus cultivos son ilegales

Admiten que cocales son ilegales

• Los dos comunarios heridos durante una emboscada a militares, internados en la clínica El Carmen de Quillacollo, ayer. | Elizabeth Leyva

Elizabeth Leyva Candia / Los Tiempos / CochabambaLos dos cocaleros heridos con arma de fuego el pasado martes durante un enfrentamiento con militares de las brigadas de erradicación en Taquibombo (La Paz) y Seque Rancho (Cochabamba), reconocieron ayer que sus cultivos son ilegales.Admitieron que existe un proceso de diálogo con el Gobierno para plantear la legalización, pero no lograron ningún acuerdo aún.Amilcar Cabrera y Nelson Céspedes se encuentran en recuperación en la clínica El Carmen de Quillacollo, ambos pertenecen a la Federación Taquibombo Seque Rancho, ubicada en la frontera entre los departamentos de La Paz y Cochabamba, donde existen tres comunidades con al menos 30 familias.Cabrera, quien tiene una herida en la pierna izquierda, dijo que sus dirigentes intentaron tramitar la autorización en La Paz, pero no los tomaron en cuenta, por ello hubo molestia en las comunidades, a pesar de eso,  insistieron con la solicitud de un permiso para el cultivo de la hoja sagrada.Relató que se enteraron de la erradicación e intentaron conversar con los efectivos del Comando Estratégico Operacional (CEO) desde hace un mes, pero no fueron escuchados porque tenían la instrucción de erradicar  la coca de su sector. Aseguró que él tiene un cato de coca con el que puede sustentar a su familia, pero que no supera los 35 x 35 metros.Por su parte, Nelson Céspedes, otro de los heridos, aseguró que los comunarios cuentan con máximo dos catos de coca o menos y que estas plantaciones les permiten tener una fuente de ingresos económicos.“Un cato y medio debo tener, ilegal es, pero ya está por lograrse los documentos, en La Paz con el Viceministerio de Coca”, dijo.Aseguró que ellos plantan la coca sólo para venta y que existen compradores que llegan hasta el lugar donde se vende cada libra a  20 bolivianos.Denunció violencia por parte de los uniformados y que sus parientes fueron sacados y detenidos en sus viviendas.Por otro lado, denunció también que los efectivos de la CEO cometen excesos al momento de realizar la erradicación. “Están arrancando todo, están invadiendo nuestras casas, nuestra comida se lo comen, destrozan nuestras plantas frutales que hay, la yuca que sembramos para comer, todo se lo arrancan y se lo llevan, los de la Tarea Conjunta”, indicó.De acuerdo con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, existen cuatro comunarios detenidos. Sin embargo, además de los dos cocaleros heridos, existen 11 militares que sufrieron golpes y cortes en el cuerpo durante la emboscada. Un grupo especial de la Policía decomisó dinamita, dinero, armas blancas y un rifle.  El Gobierno reiteró en distintas oportunidades que no permitirá cultivos de coca en zonas ilegales y en parques nacionales.UD PIDE INFORMAR SOBRE EXPANSIÓN DE CULTIVOS ILEGALESLa bancada de Unidad Demócrata (UD) planteará una petición de informe escrito al ministro de Gobierno, Carlos Romero, para conocer detalles de la emboscada cocalera en la población Toquibombo que puso en riesgo la vida de decenas de efectivos que prestan servicios en el Comando Estratégico Operacional (CEO).La jefa de bancada, Lourdes Millares, dijo a Erbol que Romero debe informar cuántos lugares ya fueron identificados como zonas de expansión de cultivos ilegales, porque, al parecer, no solamente hay fábricas sino también actividades de narcotráfico.“Pareciera que algunos lugares del territorio nacional se están volviendo tierra de nadie, porque extraoficialmente se conoce que hay cultivos en parques nacionales, sabiendo que incluso las actuales 20 mil hectáreas está al margen de la ley”, declaró.Sostuvo que el Ministro de Gobierno debe tomar un plan de acción para tomar control del territorio nacional y evitar emboscadas que atenten contra la vida de policías y militares enviados a tareas de erradicación. Por su lado, el senador Yerko Núñez, lamentó que los productores de hoja de coca tengan mayor hegemonía y más poder que la Policía Boliviana, como impedir labores de erradicación y, por ello, solicitarán un acto de fiscalización.