Tezanos Pinto señala que los casos Porvenir y Rózsa-Terrorismo son los más notables. Los procesos han superado más de seis años sin llegar a una sentencia final.
Defensor cuestiona que la justicia vulnere los DDHH
Ante la retardación de casos emblemáticos en tribunales.Procesos. Los casos Porvenir y el caso Rózsa son los más notables. Han superado más de seis años sin llegar a una sentencia final.
Ref. Fotografia: Caso. El caso Rózsa es una muestra palpable de la retardación de justicia, cuyo proceso avanza lento más de seis años.El Defensor del Pueblo, David Tezanos, en contacto con El Día, cuestionó que los casos emblemáticos como el caso Porvenir (11 de septiembre de 2008), caso Rózsa (abril 2009), entre muchos otros se encuentren casi paralizados en los estrados judiciales, cuyas personas involucradas no encuentren hasta ahora una sentencia final; al contrario, sean objeto de constantes violaciones a los derechos humanos.»Todo esos casos forman parte de una regla general de la justicia, al igual que otros tantos de retardación existentes que en el fondo vulneran el debido proceso, la igualdad jurídica y los derechos humanos», apuntó el Defensor.Argumentó que todo ello, es una muestra del colapso de la justicia. «Abstrayéndome de la culpabilidad o no de las personas, hay casos concretos donde se han dado múltiples vulneraciones al debido proceso y violaciones a los derechos humanos», reiteró Tezanos.El Defensor argumentó que la falla sigue siendo estructural, con audiencias que se suspenden por cualquier «argucia jurídica». «Las malas prácticas están siendo socapadas por normas muy tolerantes a la argucia jurídica, retardadora y maliciosa, que popularmente las conocemos como chicana», enfatizó.Pide dar a conocer. El Defensor, en el caso de la detención del abogado y exdefensor de Gabriela Zapata, señaló que se hizo seguimiento al tema, donde se evidenció que no se respetó el debido proceso. «Por ejemplo, la medida cautelar fue indebidamente suspendida. Eso no puede ser así cuando hay una persona aprehendida. Es una mala práctica, que cuando se tiene una persona aprehendida se suspenda una audiencia cautelar. Se está conculcando los derechos», argumentó.Por su parte, Teresa Zubieta, Defensora del Pueblo, argumentó que la justicia tiene aprehendida incluso a personas que por robar una gallina siguen detenidas por más de un año. «Basta ver las cárceles llenas de gente muy humilde. La Defensoría considera que eso atenta a los derechos humanos», señaló.Críticas a la intromisión. David Inca, activista y exmiembro de la Defensoría de El Alto, señaló que toda esa falla estructural ha sido agravada por la intromisión politica y gubernamental en la justicia.Además, señaló que al margen de las instancias como los Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo, se tiene al Tribunal Constitucional como garante de los derechos ciudadanos, pero la misma no está cumpliendo su papel.»El Estado ha creado instituciones de alto nivel, pero lamentablemente su rol ha sido sistemáticamente, en los últimos años desplazado por decisiones políticas que afectan al derecho humano de las personas», concluyó.EL DÍA