Abogados Ponce de León y Barriga piden analizar problemas de fondo en la justiciaAnte los anuncios de cambios a la Constitución Política del Estado (CPE) por parte del Gobierno, la presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Silvia Salame, expresó su desacuerdo porque la Carta Magna “es nueva”, tal es así que aún hay artículos que hasta la fecha no se pusieron en práctica a través de la elaboración de leyes.Asimismo, el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrázola Weise, rechazó las intenciones de cambios constitucionales.Los abogados Moisés Ponce de León y Paola Barriga manifestaron que el Gobierno debe analizar los problemas de la justicia de fondo porque hace falta inversión, capacitación, jueces fiscales, peritos forenses y personal administrativo, quienes son los operadores de la justicia.Por otro lado, el constitucionalista Williams Bascopé puntualizó que la propuesta del Gobierno de aumentar la condena de cadena perpetua en el Código Penal y abrir la Constitución Política del Estado CPE viola la declaración universal de los derechos humanos en los artículos 7, 8 y 9.
Abogados de Chuquisaca y Santa Cruz rechazan anuncios de cambios a CPE
EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SUCRE.Representantes de los colegios de abogados de Chuquisaca y Santa Cruz rechazaron ayer la intención del Gobierno de realizar cambios a la Constitución Política del Estado (CPE) para implementar la cadena perpetua y, además, porque la Carta Magna es nueva tal es así que aún hay artículos que hasta la fecha no se pusieron en práctica a través de la elaboración de leyes.“No es posible abrir la Constitución por varias razones: primero porque es una Constitución joven, es una Constitución que no tiene ni diez años de vida, es una Constitución que ni siquiera ha terminado de implementarse, muchas leyes en desarrollo (de los artículos) de la Constitución aún no han salido. No se puede cambiar una Constitución de un día para otros de acuerdo a los intereses políticos de las personas”, declaró a EL DIARIO la presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame.De la misma manera, manifestó que en la coyuntura actual del país donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) impuso en la agenda mediática el tema de la repostulación del presidente Evo Morales a un posible cuarto mandato, no es pertinente abrir la Carta Magna para modificar cualquier artículo relativo a cualquier tema ya que directamente se involucra un matiz político.“Abrir en este momento la Constitución para cualquier artículo daría lugar a que se haga un manejo político de la modificación de la Constitución, cosa que no es posible porque el ciudadano no merece ser sometido nuevamente a una situación como esa”, afirmó Salame.La jurista criticó la postura del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani, quien respaldó la posibilidad de abrir la CPE.“En este caso en Bolivia no tenemos otra alternativa sino de que la Constitución debe abrirse, consultar al pueblo y cambiar para lograr una justicia revolucionaria y estructural al servicio del pueblo”, dijo Mamani en su discurso en la inauguración del año judicial, donde también expresó su “admiración” por el presidente Evo Morales.“Somos reacios a que se abra la Constitución”, insistió Salame, al sostener que la posición de Mamani fue “vaga” e imprecisa porque no argumentó las razones de su planteamiento.SANTA CRUZEl presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrázola Weise, rechazó también las intenciones de cambios constitucionales para implementar la pena de cadena perpetua como máxima sanción contra violadores y asesinos de niños. El argumento del jurista es que este paso significaría para el sistema judicial boliviano, un retroceso ante los avances en materia de justicia que se presentan en otros países.“No compartimos este debate porque consideramos que en el mundo ya los criterios técnicos científicos no están dirigidos a endurecer las penas, más por el contrario, se debe hacer una reflexión sobre el sistema penal sobre el sistema penal boliviano y si este está funcionando o en qué está fallando. Si plantean el debate de la cadena perpetua en Bolivia, el Estado estaría reconociendo su fracaso de lucha contra algún tipo de acto delictivo”, afirmó Arrázola.De la misma forma, afirmó que Bolivia como Estado se encuentra sujeta a tratados y convenios internacionales sobre los derechos humanos.EL DIARIO / LA PAZ