El Presidente firmó el DNU que agiliza la deportación y prohíbe el ingreso de migrantes con antecedentes penales. El Frente Renovador, el PJ y sectores K, se mostraron a favor.
Macri con Stanley, Vidal, Michetti y Peña en un acto tras firmar el decreto que endurece la política migratoria.
Sin esperar a que arrancase febrero, Mauricio Macri firmó ayer su cuarto decreto de necesidad y urgencia del año. El flamante DNU apunta a endurecer los controles migratorios: agiliza la deportación de extranjeros que hayan delinquido y prohíbe el ingreso a la Argentina de ciudadanos de otros países vinculados con el delito.
Sergio Massa: "Los delincuentes deben tener vedado el ingreso al país y los que delinquen deben ser expulsados"
A diferencia de los tres decretos firmados la semana pasada, el nuevo cosechó el aval de parte importante de la oposición. «El decreto refleja lo que lo que nosotros pretendíamos se aprobara por ley», señaló ayer a Clarín Sergio Massa. El domingo, el líder del Frente Renovador había sido más explícito: «Los delincuentes tienen que tener vedado el ingreso, y los extranjeros que cometen delitos deben ser expulsados».
La diputada massista Graciela Camaño rechazó que el decreto pudiera interpretarse como discriminador. «Discriminatorio es endurecer las normas que hacen a la inmigración o quitarle derechos a los inmigrantes. Acá lo que se trata es de corregir es cuestiones que no estaban bien con personas que cometen delitos o tienen antecedentes delictivos».
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Antes de la firma del decreto, el ministro de Justicia Germán Garavano había hecho circular un borrador del texto entre Massa, Graciela Camaño y expertos en materia de seguridad del Frente Renovador. También Miguel Ángel Pichetto, jefe de la bancada del FpV del Senado, había sido consultado por el Gobierno. El rionegrino había dado su guiño.
Pero el contenido del DNU también sumó apoyos en una vereda inesperada: la cristinista Diana Conti, integrante decisiva de la bancada del FpV de Diputados, dijo ayer a Clarín que estaba de acuerdo con el contenido del decreto, aunque no con su forma.
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«En lo formal no hay ni la urgencia ni la necesidad que exige la Constitución para el dictado del decreto. El Gobierno perfectamente podría haber llamado a sesiones extraordinarias al Congreso para discutir este tema», apuntó la diputada Conti. Pero enseguida aclaró: «En cuanto al fondo del asunto, mientras su aplicación no sea ni discriminatoria ni xenófoba ni un instrumento de control social, debemos mirarlo con razonabilidad».
También el diputado peronista Diego Bossio, referente del Bloque Justicialista, rescató el contenido del DNU. «En términos generales, estoy de acuerdo con mayores procedimientos y mayores controles en materia migratoria, sin estigmatizar al extranjero», subrayó el ex titular de la ANSeS.
Pero Bossio también se quejó de que la administración macrista hubiera elegido la vía del decreto en vez del debate legislativo. «No es un tema menor como el Gobierno elude la discusión parlamentaria. No está fundamentada la urgencia para la firma de este DNU», sostuvo.
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El encargado de salir a defender el dictado del decreto fue el ministro de Justicia Germán Garavano. Dijo que la urgencia» se debe a «lo que se vivió todo este año, con la evidencia empírica de hechos realmente graves». Garavano también blanqueó que el DNU se consensuó «con un sector mayoritario de la oposición».
Entre los considerandos del DNU se detalla «que la población de personas de nacionalidad extranjera» en cárceles federales «se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35% de la población carcelaria total», y que en los delitos «vinculados a la narcocriminalidad, un 33% de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal son extranjeros».
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Entre sus fundamentos el texto también describe que «la aplicación de las normas vigentes conduce al desarrollo de procedimientos administrativos y actuaciones judiciales de muy prolongada extensión, los que conforme a los plazos legalmente previstos pueden insumir alrededor de cuatrocientos (400) días hábiles».
El decreto -es el 70/2017 y fue publicado ayer en el Boletín Oficial- reglamenta «un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio».
El DNU, como los tres anteriores firmados este año sobre ART, feriados y sobre el destino de contenedores no reclamados, deberá ser analizado por la comisión bicameral de Trámite Legislativo. El de ayer es el único de los cuatro que por haber sido consensuado con la oposición prácticamente no corre riesgo de ser anulado por el Congreso.
Fuente: clarin.com