El Gobierno argentino prepara más medidas para el control de los inmigrantes

Busca mayor control en el ingreso terrestre. Analizan la creación de un fuero penal migratorio.

Extranjeros hacen trámites en las oficinas de Migraciones.



Tras intrigas y demoras, ayer se conoció la letra chica del decreto que endurece los controles migratorios y que, anticipan en el Gobierno, prologa una «política más rigurosa» en las fronteras.

En Casa Rosada hay otros papers. Uno de ellos, controversial, establece el requisito de que las empresas de colectivos que ingresan al país informen con anticipación los datos de sus pasajeros.

El sistema, conocido como API (Advanced Passenger Information, por su sigla en inglés) comenzó a instrumentarse con las aerolíneas. El Gobierno analiza, ahora, extenderlo al transporte terrestre.

Hay más: otro borrador que circula en el Ministerio del Interior, cartera de la que depende Migraciones, propone crear un «fuero migratorio» específico para causas que actualmente recaen en el Contencioso Administrativo Federal, donde los temas migratorios «no son prioridad» dicen.

Recién el viernes, Mauricio Macri firmó el decreto número 70 que retoca, salteando al Congreso -lo que fue cuestionado ayer por Amnistía Internacional- la ley 25.871, de Migraciones que data de 2010.

La reforma, que el Gobierno se esfuerza en encapsular en «inmigrantes vinculados con delitos», fue anticipada por Clarín el 15 de enero en medio del shock que produjo el crimen de Brian Aguinaco.

El episodio apuró medidas que el Gobierno tenía bajo análisis en noviembre. En aquellos días, con un fraserío oprobioso, Miguel Angel Pichetto reavivó el debate sobre la inmigración. El senador habló de «resaca» de Bolivia y Perú.

En los fundamentos del decreto, el Gobierno justifica la gambeta a la discusión parlamentaria: sostiene que es «una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes».

Invocan, además, que se trata de «cuestiones operativas» en lo referido a los plazos para la deportación y expulsión de inmigrantes con conflictos penales.

El decreto lleva la firma de Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los veintiún ministros: de la canciller Susana Malcorra a Lino Barañao de Ciencia y Tecnología.

“Vamos a tener esquemas muy restrictivo con los delincuentes y muy abiertos para los que vienen a trabajar y estudiar” le dijo a Clarín el Director de Migraciones, Horacio García.

Con el nuevo texto, Migraciones podrá retirarle la residencia a un extranjero que tenga una condena firme o iniciar el proceso si tiene una condena «no firme».

Además de apurar esos trámites, condiciona la ciudadanía a que residan permanente en el país. Incorpora, en paralelo, medidas administrativas para que la Justicia y otros organismos del Estado aceleren la «información» sobre los migrantes.

Algunos datos. En el 2016, según los registros de Migraciones, hubo 73 millones de entradas y salidas del país, a lo largo de los 236 pasos fronterizos habilitados. De esos, 30 millones de «cruces» fueron de extranjeros, lo que explica -según el Gobierno- la necesidad de controles estrictos en las fronteras.

Como 12 millones de movimientos son vía área y 900 mil son marítimos, Migraciones operatizó las API que obligan a las aerolíneas a informar, 30 minutos antes de despegar hacia Argentina, los datos de pasajeros y tripulantes.

En paralelo, entró en vigencia un protocolo I-24-7, que coteja la situación del extranjero que pide ingresar al país, con la central estadística de Interpol, con base en Lion, Francia. I-24-7 significa Interpol, 24 horas, los 7 días de la semana. Es decir: control en tiempo real, internacional y full time. A esto se suma el informe de aptitud migratoria.


Fuente: clarin.com