El triste final del caso Candela Rodríguez

Argentina. El juicio por el crimen empezará en 9 días. En el banquillo no estarán ni los narcos ni los policías que participaron de su muerte, ni los políticos que los encubrieron.

Candela Rodríguez tenía 11 años. Su crimen está impune.



Quizás nunca sepamos por qué, entre todas las chicas que a diario desaparecen de sus casas, ella fue la que generó semejante campaña de búsqueda. Durante nueve días las redes se inundaron con su foto, los medios se dedicaron a reclamar su aparición a cada rato y hasta se hizo un evento de 48 horas del que participaron figuras como Adrián Suar Facundo Arana, Guillermo Francella, Martín Palermo, Ricardo Darín y Juan Campanella para ayudar a encontrarla. “A vos te hablo hija. Yo sé que me estás mirando. Te puse crédito en tu Nextel para que puedas llamarme”, desgarraba a todos Carola, su mamá, mirando a las cámaras de tevé.

Pero nada alcanzó: Candela Sol Rodríguez apareció hecha cadáver.

Su crimen está impune y, aunque el juicio oral por el caso empezará en apenas 9 días, esa situación no cambiará. La verdad detrás de su muerte -internas entre narcotraficantes, venganzas entre policías corruptos y encubrimiento oficial al más alto nivel- no saldrá a la luz en el debate.

Quizás nunca sepamos por qué la mataron.

La última vez que vieron a Candela estaba yendo a una reunión de boy scouts cerca de su casa, en Villa Tesei, Hurlingham. Tenía 11 años, el orgullo de ser abanderada y unos ojos morenos llenos de picardía. Le gustaban Los Wachiturros y El Polaco, aunque también sabía de esos dramas de adultos a los que otros chicos quizás no llegan nunca: su papá estaba preso desde hacía meses en una causa por “piratería del asfalto” y apenas sesenta días antes habían secuestrado a su tía, María Alejandra Romagnoli, dueña de un bufet que hay en la villa Korea (San Martín).

Aquel 22 de agosto de 2011, la mamá de Candela apenas demoró unas horas en hacer la denuncia por su desaparición. Parecía saber más de lo que decían sus palabras: habló de secuestro y, en cuanto logró la atención de las cámaras, decidió dirigirse directamente a los captores. Como si los conociera. Los captores también parecían conocerla: “Hasta que esa conchuda no devuelva la guita, a la nena no la vas a ver nunca más. Que le pregunte al marido donde dejó la guita”, dijo una voz en su teléfono pocos días después.

La mencionada podía ser, se sospechó en algún momento, aquella tía de Candela que había sido secuestrada. La mujer estuvo cautiva durante 15 horas junto a un narco local apodado “Pitimeco”, primo de su marido. Durante las negociaciones que terminaron con su liberación, uno de los secuestradores le dijo a su esposo: “Pedile la plata a Martín”. Ese tal “Martín” habría sido otro tío de Candela, también conectado al mundo narco de la villa Korea y también víctima de un secuestro meses antes.

Estos secuestros eran parte de una seguidilla que tenía dos denominadores comunes: a la mamá de Candela, vinculada con varias de las víctimas, y a grupos narco regenteados por oficiales de la Bonaerense que se secuestraban unos a otros en falsos operativos policiales para disputarse el poder. El territorio era siempre el mismo: San Martín, de donde son oriundos los padres de la nena y donde arrojó su última señal el Nextel de la chiquita.

El territorio del capo narco Miguel Angel “Mameluco” Villalba. El territorio de los narco policías.

El caso Candela pronto se convirtió en una bomba capaz de desnudar el verdadero poder de la Provincia. Cada día que la nena pasaba desaparecida aumentaba el daño político que arriesgaba el por entonces gobernador Daniel Scioli.

Hasta que, al noveno día, Candela fue encontrada por una cartonera. Estaba muerta, tirada en un basural, a 30 cuadras de su casa. Tan fuerte resultó la noticia que el cuerpo no fue levantado hasta que Scioli llegó al lugar y pisoteó la escena. Pericias posteriores dirían que la nena había estado viva hasta unas pocas horas antes.

La investigación quedó a cargo del fiscal Marcelo Tavolaro y del juez Alberto Meade, de Morón, quienes junto a la plana mayor de la Bonaerense hicieron un desastre. Usaron testigos que no sabían decir su propio nombre sin mentir, abusaron de los testimonios de “identidad reservada” -hubo siete- y circunscribieron la causa a un grupo de lúmpenes que había transitado las dos casas donde, se probó con dudosos ADN, había estado cautiva Candela.

Llegó a haber 8 detenidos. “Hubo un ajuste de cuentas no convencional” contra el padre de Candela, dictaminó el juez Meade. Cuando parecía que la causa podía llegar a un delincuente con vínculos policiales, se paralizó.

Un gobernante puede sobrevivir a una Policía corrupta, pero difícilmente lo haga a una Policía que mata a una nena de 11 años en una disputa por mantener un negocio ilegal que quizás lo tenga a él mismo como destinatario final de los dividendos.

En abril de 2012, la causa llegó a la Cámara de Apelaciones de Morón. Esta la declaró nula y ordenó la libertad de todos los acusados. Apartó al fiscal -por “forzar la interpretación de la prueba”– y al juez, a quien acusó de “haberse apartado del rol de imparcialidad”. El expediente volvió a fojas cero.

La política se metió de lleno: Gabriel Mariotto, por entonces vicegobernador bonaerense y enemigo íntimo de Scioli, creó una comisión investigadora en el Senado provincial para analizar el caso. Y, de paso, torpedear al gobernador.

Aún conducida por intereses mezquinos, la Comisión fue generosa en verdades. Destacó, por ejemplo, cómo durante la investigación se utilizó a la prensa a través de la filtración constante de información sensible, para así sepultar las chances de esclarecimiento.

“El espectacular accionar policial durante la búsqueda de la niña tuvo como objetivo desviar la investigación del verdadero territorio en que se desarrollaba el caso. Además, este accionar atentó dramáticamente contra la posibilidad de encontrar con vida a Candela”, concluyó la Comisión, en septiembre de 2012. “Las acciones policiales estuvieron enderezadas principalmente al encubrimiento de los autores y de los móviles del asesinato. Según la información relevada por esta Comisión, la Policía tuvo conocimiento del contexto en el que se había producido la desaparición de la niña y ese contexto no es otro que el narcotráfico y la modalidad de narco-secuestros, negocio ilegal del que también forma parte un sector de la Policía”, agregó.

Enseguida apuntó contra la plana mayor de la Bonaerense -los comisarios Juan Carlos Paggi y Hugo Matzkin, a la cabeza- y contra todos los funcionarios judiciales que habían intervenido, para los que pidió juicio político.

Herida de muerte, la investigación recayó en otro fiscal, Mario Ferrario, quien en marzo de 2014 volvió a pedir la detención de cinco de los acusados y los elevó a juicio oral. Sólo tres llegarán a esa instancia, a partir del 6 de febrero próximo: Hugo Bermúdez (habría facilitado una casa donde habría estado la nena), Leonardo Jara (habría hecho el llamado amenazante a la madre) y Fabián Gómez (habría hecho “inteligencia” frente a otro lugar de cautiverio). Los dos restantes, el carpintero Fabián Altamirano y Gladys Cabrera (habrían facilitado un aguantadero), están resistiendo con apelaciones. La hipótesis de la Fiscalía: una venganza contra el papá de Candela por cuestiones ligadas a la “piratería del asfalto”.

Ni una palabra de narcotráfico. Ni una palabra de policías corruptos. Ni una palabra del encubrimiento político.

Quizás nunca sabremos quiénes ordenaron la muerte de Candela.

Ni tampoco cómo murió Roberto Aníbal, el testigo clave que había vinculado a Bermúdez, Jara y Gómez con el crimen. Su casa explotó por una supuesta fuga de gas en abril de 2014, días antes de que cobrara la recompensa oficial por su aporte a la investigación.


Fuente: clarin.com