El 13 de enero, dirigentes de los Yungas aseguraron que Morales iba a considerar sus propuestas para la ley de coca, pero el proyecto ya estaba en la Asamblea.
Sergio Mendoza / La Paz
El presidente Evo Morales envió el proyecto de Ley General de Coca al Legislativo dos días antes de reunirse con los cocaleros de los Yungas de La Paz, para supuestamente considerar sus propuestas a dicha norma, según documentación oficial.
El 11 de enero, el mandatario envió una nota al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, para que se tramite la aprobación del proyecto. El mismo día la nota fue recibida en la presidencia de la Cámara de Diputados.
El 13 de enero, Morales se reunió con los dirigentes cocaleros en su despacho, quienes al salir del encuentro manifestaron su alegría porque la autoridad había considerado «la mayoría de sus propuestas para un proyecto que ya había sido remitido al órgano correspondiente y que actualmente ya se encuentra en la Cámara de Diputados.
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El artículo 13, parágrafo quinto del proyecto señala que en las áreas permitidas no se excederá el cultivo de 20.000 hectáreas, 8.000 más de las que establece la Ley 1008 aún en vigencia. De esas, 13.000 hectáreas estarán en La Paz y 7.000 en Cochabamba, tal cual había sido el plan del Gobierno desde hace varios años.
El vicepresidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), Gregorio Chamiso, manifestó que les sorprendió lo ocurrido y calificó como una imposición. Mientras negociaban que su anteproyecto se tome en cuenta el proyecto del Ejecutivo, éste ya estaba en Diputados.
«Los Yungas estamos en estado de emergencia. En este momento nos reunimos en diferentes lugares para analizar y debatir la imposición que nos quieren hacer, declaró el dirigente.
Según él, desde el jueves se realizaron diferentes reuniones y el lunes se realizará una gran concentración en el municipio de Chulumani para definir qué posición y medidas adoptarán.
Chamiso cuestionó el trabajo de sus representantes en la Cámara Baja que no les alertaron en su momento sobre la recepción del proyecto. «Prácticamente es una traición. Ojalá el actuar del hermano Evo nuestros compañeros de base no lo consideren también como una traición.
La observación que se hace al proyecto del Gobierno -explicó escuetamente Chamiso- es que a sus pares del trópico cochabambino se les permitirá cultivar 7.000 hectáreas, siendo que un 94% de la coca producida en esa región no pasa por el mercado legal. No precisó la cantidad de hectáreas que debería otorgarse a La Paz, pero aseguró que debieran ser más de 13.000 hectáreas, considerando que también hay zonas de producción en el norte paceño y no sólo en los Yungas.
El anteproyecto de Adepcoca no establece la cantidad de hectáreas, sólo apunta a que se permita el cultivo renovable y de por vida dentro un cordón tradicional establecido en 2008.
En el proyecto enviado a la Asamblea no se habla de un cordón. Se identifican dos tipos de zonas: autorizadas y no autorizadas y se establece que los cultivos en las primeras serán renovables y de por vida.
La Ley 1008 no permite esta forma de cultivo. «La reposición de las actuales plantaciones de coca en el área tradicional se realizará bajo autorización y supervisión del Ejecutivo y con plantas suministradas por viveros estatales, señala la norma, aunque la medida tampoco se cumple.
Chamiso dijo que aún se espera una reunión con Morales para el 28 de enero para consensuar.
Multas y suspensiones como sanciones a faltas
Multas, decomisos, suspensiones temporales y definitivas de la licencia o autorización del productor y comerciante son algunas de las sanciones que establece el proyecto de Ley General de la Coca para quien incurra en infracciones.
Según el artículo 30 del proyecto que está en Diputados, las infracciones se catalogan en leves, graves y gravísimas, y éstas serán definidas de acuerdo a reglamentación que debe ser elaborada en 180 días después de la promulgación de la norma.
En las faltas se deberá estipular la producción, comercialización, transporte o industrialización de coca al margen de la ley.
Pero también se señala que el cultivo en zonas prohibidas está sujeto a sanción penal «conforme a ley específica y que si se lo hace en parques o reservas naturales habrá una agravante, lo cual no contempla la Ley 1008, convirtiendo a la erradicación en un círculo vicioso. También se mencionan sanciones penales para el transporte, circulación y comercialización ilegal de la hoja.
Sobre los impuestos, el Gobierno aseguró que se «legalizará como tal el aporte que hacen los productores a la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin). El proyecto señala que «la comercialización de la hoja de coca estará sujeta al pago de un impuesto, que será creado por ley especial.
Fuente: paginasiete.bo