La Fuerza Aérea Boliviana, el Ejército y la Naval –con acciones nada transparentes– ocasionaron daños económicos al Estado por millones de bolivianos. Las compras irregulares, incumplimiento de contratos y empresas quebradas, fueron identificadas como los presuntos ilícitos en el que estarían involucrados efectivos castrenses de diferentes rangos.
Lamentablemente, todas las acciones irregulares conocidas de forma circunstancial o por alguna denuncia no pueden ser indagadas a profundidad para dar con la realidad de los hechos, debido a que las instituciones militares manejan bajo cuatro llaves la información, no se puede tener acceso a documentación, todo bajo el pretexto que es «de seguridad del Estado».
Entonces, se hace evidente que no se puede fiscalizar a fondo el manejo económico y administrativo que se hace al interior de las entidades castrenses ni siquiera a través del Ministerio de Defensa, que no responde adecuadamente a las peticiones de ciertos informes que solicitan los asambleístas nacionales, quienes tienen toda la potestad de fiscalizar.
“No se puede contar con información sobre los hechos de corrupción y el manejo económico discrecional que hacen los militares, todo bajo el rótulo de que es información confidencial. Los militares son como entes extraños y se manejan como si fueran otro planeta”, señaló el diputado de la opositora Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamaría.
Compra de repuestos
Los casos emblemáticos que pueden identificar la corrupción en la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) son el manejo irregular de dos instituciones dependientes, que son Transporte Aéreo Militar (TAM) y Transporte Aéreo Boliviano (TAB). La primera ofrece principalmente el servicio de traslado de pasajeros a diferentes regiones del país y la segunda especializada en el transporte de carga.
De acuerdo con datos proporcionados, en 2007, el TAM realizó el desembolso de 1.313.444,01 bolivianos para la compra de repuestos de aeronaves BAe-146-200, entre los que se incluían frenos. Luego de siete años, en 2014, se identificaron descargos irregulares y lo más preocupante, se desconoce el destino de los repuestos que se adquirieron. Entonces, una auditoría concluye que «hay evidencia suficiente para establecer un daño económico al Estado».
La querella se presentó en 2014 y el proceso judicial contra los presuntos responsables continúa. En este caso fue sindicado el comandante de la FFAA (2015), general Juan Gonzalo Durán, que no se presentó a declarar en dos ocasiones, esto en el caso TAM.
Sin embargo, pesan en su contra otras tres denuncias que son por presunto maltrato a la mujer, ordenar vuelos en aviones ensamblados irregularmente, en los que murieron dos pilotos y la supuesta compra con sobreprecio de un edificio para el TAB.
Quiebra empresa de construcción
Otra irregularidad dentro las Fuerzas Armadas, es la quiebra de la Empresa Constructora del Ejército (ECE) con un daño económico al Estado de al menos 60 millones de bolivianos, monto que fue un anticipo para la ejecución de seis obras en distintos puntos del país.
Por este hecho fueron detenidos dos militares y un civil, entre ellos el exgerente de la ECE, Nikita Apaza López, por los supuestos delitos de incumplimiento de contratos, malversación de recursos y enriquecimiento ilícito.
La empresa del Ejército inició operaciones en junio de 2012, con un capital de 40 millones de dólares, otorgados por el Gobierno nacional, y a raíz del incumplimiento de ejecución de obras de la empresa, en septiembre de 2015, el Ejecutivo, mediante el Decreto Supremo 2507, dispuso el cierre de la ECE y que sus activos y pasivos pasen a la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena).
Asimismo, en 2016, el excomandante del Ejército, Fernando Zeballos, fue detenido en la cárcel de San Pedro al haber firmado con la empresa Integración del Chaco nueve contratos presuntamente irregulares para la construcción de puestos militares por una inversión de cerca de 18 millones de bolivianos, con recursos provenientes del programa “Evo Cumple”.
Este hecho también salpicó al excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), Omar Salinas (posesionado en diciembre de 2014), y su exdirector administrativo financiero, coronel Winston Celis. Se encuentran detenidos preventivamente dentro del proceso judicial por presuntos actos de corrupción en la construcción de nueve puestos militares en las fronteras del país.
Nunca llegaron
BARCAZAS
Otro escándalo de magnitud, sin duda, tiene que ver con la adquisición de las denominadas «barcazas chinas» que nunca llegaron al país, hecho que se remonta a la gestión de 2009.
La Empresa Naviera Boliviana (Enabol) procedió con el trámite con dos consorcios chinos para la construcción y compra de 16 embarcaciones y dos remolcadores, por lo que se realizó un desembolso de 28,9 millones de dólares, que significaba un pago adelantado del 100 por ciento del costo y la cancelación adelantada del transporte de las naves desde China hasta el Puerto Rosario, Argentina. Cinco personas se encuentran detenidas.
Fuente: lostiempos.com