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Luis Fernando Rivero, representante legal de Sinohydro, admitió que la empresa cometió un error al realizar el desmonte sin la autorización de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), debido principalmente a un tema de desconocimiento de la normativa forestal boliviana, por lo que se someterán a cualquier sanción que recaiga sobre la empresa. Pero volvió a repetir que se trató de un desmonte de un monte bajo y no de una tala de bosque.
«Asumimos el error, fue un error evidentemente no haber obtenido en su momento la autorización de la ABT, pero lo hicimos en el sentido de entender que la aplicación de la ley de municipalidades estaba por encima de la aplicación de la ley de bosques, toda vez que el área que se desmontó se encuentra bajo la jurisdicción del municipio de San Carlos. Lamentamos que este error que se ha cometido en instancia administrativa haya tomado las proporciones de desastre ecológico que no lo tiene», comentó Rivero.
El representante también comentó que la premura para avanzar con la obra hizo que se cometan los «errores administrativos» pero no delitos porque no se desmontó con algún interés comercial. Además dijo que en el lugar operan otras plantas de áridos.
Sanciones administrativas no son suficientes. En tanto, Philip Toledo, técnico en obras civiles y medio ambiente del Searpi, afirmó que se realizó un delito medioambiental porque se ha deforestado un área vulnerable a una crecida del río y puede afectar a la población de Santa Fe. Es por ello considera que las sanciones administrativas no son suficiente, sino se debe contemplar sanciones de tipo penal.
«La empresa no tiene conocimiento de las leyes, ellos se basan en una normativa municipal, pero hay leyes nacionales que indican qué pasos seguir para instalar una planta de tratamiento de áridos. Una sanción administrativa no es suficiente porque han cometido un delito medioambiental, han invadido servidumbre ecológica, han deforestado un área que puede ser vulnerable y si hay una crecida grande el río se entra y afectará a Santa Fe», dijo Toledo.
El técnico también comentó que esta semana la empresa china se acercó al Searpi presentando su proyecto, pero en ningún momento mostraron documentación que dé luz verde al desmonte. También indicó que este tipo de delitos tiene sanciones de 4 a 8 años.»No se pueden aferrar solo a un sumario administrativo, es un delito, el bosque era una franja de protección, era un monte medio alto», manifestó Toledo.Fuente: Red Uno, El Día