Emilio J. Cárdenas*El tema tiene una enorme gravedad, tanto para la Argentina como para Irán y sus vinculaciones con la exportación de terrorismo.En la década de los 90, el fundamentalismo islámico perpetró dos enormes y sangrientos atentados terroristas en la ciudad de Buenos Aires. En uno de ellos destruyó, con explosivos, la sede de la Embajada de Israel en la República Argentina. En el otro atentado, del 18 de julio de 1994, causó daños en la sede de AMIA, una entidad de la comunidad judía argentina, que presta importantes servicios sociales. En el segundo caso quedaron 85 personas muertas y más de 300 heridos. La investigación judicial respecto de AMIA se ha convertido en una vergüenza argentina. Por más de dos décadas no se ha logrado avanzar en determinar quiénes estuvieron realmente detrás del atentado. Esto pese a que ya en el 2003 en la causa judicial se acusó a Irán y a Hezbollah de haber tenido participación en el atentado, identificando específicamente a ocho funcionarios iraníes y a un ciudadano libanés que aparentemente estaba enrolado en Hezbollah. Desde el año 2004 el gobierno argentino dispuso la creación de un fiscal “especial” a cargo de la investigación del atentado contra la AMIA. Ese fiscal “especial” fue Alberto Nisman. Después de años de paciente investigación, Nisman presentó el 14 de enero de 2015 una denuncia por “encubrimiento” contra la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner, su entonces canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés (“el Cuervo”) Larroque, y un sostenedor público de Irán, que también fuera funcionario de los Kirchner, Luis d’Elía. Nisman anunció que, por la naturaleza de su denuncia, extremadamente delicada, la explicaría en una sesión pública en el Congreso argentino el 19 de enero de 2015. Como es sabido, Alberto Nisman murió aparentemente asesinado y no pudo concretar su exposición ante el Poder Legislativo argentino. En medio de la investigación antedicha aparece de pronto un Memorando de Entendimiento que fuera suscripto con Irán –en Etiopía- el 27 de enero de 2013 por el ex canciller Héctor Timerman, entre gallos y medianoche. La justicia federal argentina declaró a ese extraño Memorando inconstitucional con fecha 18 de julio de 2014. Ocurre que el mismo edificaba una mecánica de interrogación a los involucrados iraníes que, en sustancia, los alejaba de la jurisdicción argentina y empantanaba la investigación. Después de toda suerte de maniobras dilatorias, finalmente la justicia federal argentina acaba (pese al tiempo transcurrido) de iniciar la investigación de lo sucedido en 1994. Parece mentira, pero es la triste realidad. Poco a poco, los elementos de prueba aportados por el fallecido fiscal Alberto Nisman van –por ello- tomando estado público. Diversas noticias apuntan a la vinculación de la propia ex presidente Cristina Fernández de Kirchner con el desgraciado intento de encubrir la investigación del atentado contra la AMIA. Por ejemplo, acaba de trascender el contenido de la declaración formulada por el ex Director General de la Secretaría de Inteligencia del Estado, prestada el 29 de febrero de 2016, Antonio Horacio Stiuso. Se trata del funcionario de inteligencia que no sólo tenía a su cargo la investigación del atentado, sino que era amigo del ya fallecido Alberto Nisman. En su declaración Siuso acusó directamente a la ex presidente argentina y a algunos de sus funcionarios. No sólo por la responsabilidad respecto de la muerte de Alberto Nisman, sino por haber montado operaciones de disimulo para tratar de sembrar confusión. Refiriéndose a los ex funcionarios, dijo: “Quisieron simular el suicidio y les salió mal”, agregando “Los autores de toda la locura eran esta mujer, Cristina Fernández de Kirchner, Zannini, Aníbal Fernández, que le hacían toda la parte mediática, y todo el resto eran monos que bailaban su música”. A todo lo que sumó la confirmación que ya en el 2012 el gobierno argentino le había ordenado que dejara de enviarle al fiscal Nisman información sobre el caso AMIA que pudiera comprometer a la República Islámica de Irán. Stiuso aclaró que se negó a cumplir esas instrucciones, porque tenía pruebas importantes referidas a los iraníes. Según Stiuso, el acuerdo del gobierno argentino de Cristina Fernández de Kirchner y el de Irán podía tener algo que ver con el intercambio de tecnología nuclear con Irán. Y con operaciones comerciales de exportación. A medida que, finalmente, la investigación sobre lo sucedido en la AMIA avanza me vienen a cada rato a la memoria los títulos de dos conocidos libros de Winston Churchil: “Se cierne la tormenta” y “El cerco se cierra”. Ambos sintetizan lo que seguramente están pensando los ex funcionarios argentinos que aparentemente pudieron haber estado involucrados en una maniobra destinada a entorpecer para siempre la investigación del atentado contra la AMIA y alejar de ella a los altos funcionarios iraníes y de Hezbollah a quienes se investigaba. Entre ellos estaba nada menos que el recientemente fallecido ex presidente de Irán, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, uno de los hombres más fuertes y ricos de la teocracia iraní. Entre los delitos de los que se acusa formalmente a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner está el de “traición a la patria”. En momentos en que finalmente, cuando han transcurrido más de dos décadas del atentado que se investiga, la justicia federal argentina se pone en marcha, la esperanza dilatada de encontrar la verdad y hacer justicia ha vuelto a renacer. Quieran o no la ex presidente argentina y las autoridades de la teocracia iraní. El tema tiene una enorme gravedad, tanto para la Argentina como para Irán y sus vinculaciones con la exportación de terrorismo. También para la comunidad internacional toda. El proceso no puede detenerse. Quienes intentaron, por las razones que fueren, detenerlo no han podido hacerlo. *Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones UnidasEl Diario Exterior – Madrid