Ante la infructuosa gestión de la estatal, Transparencia decidió enviar el informe al Ministerio de Justicia para que éste se encargue de realizar la denuncia.
El Jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, denunció ayer que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) entregó documentación incompleta al Ministerio Público respecto a las irregularidades observadas en la adquisición de tres perforadoras a la empresa italiana Drillmec.Ante la «infructuosa” gestión de YPFB para activar una investigación de la Fiscalía, el Gobierno decidió enviar el informe al Ministerio de Justicia y solicitar la formalización de una denuncia por las irregularidades encontradas en la adquisición de los taladros.»Lamentablemente y de manera infructuosa, YPFB presenta nuestro informe con la documentación incompleta, sólo con una parte, y sin cumplir los requisitos formales de una denuncia, por lo que hemos tomado la decisión, mediante nota, dirigirnos al ministro de Justicia, Héctor Arce, solicitándole que formalice la denuncia al Ministerio Público para que sean investigados todos estos presuntos hechos irregulares e ilícitos”, explicó Novillo.Además dijo que la documentación y el informe fueron entregados sin petitorio ni fundamento y debido a esto, el Ministerio Público decidió devolver los papeles.La Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos detectó irregularidades y posible sobreprecio en el proceso de contratación de la empresa italiana Drillmec para la compra de tres taladros por parte de YPFB.Una de las observaciones fue la falta de presentación del documento de constitución de la empresa adjudicada y del registro tributario, además que expuso un poder de operaciones «insuficiente” y sin validez, ya que éste no fue elaborado mediante un instrumento público en el país de origen.También recomendó al directorio hacer a un lado al presidente de la estatal, Guillermo Achá, de las indagaciones.Arce adelantó que la documentación recibida será revisada por el viceministerio de Transparencia para que sea esa repartición la que realice la denuncia ante la Fiscalía.La autoridad mencionó sentirse extrañada por el accionar del directorio de YPFB, ya que dejó en manos de la presidencia de la estatal petrolera la responsabilidad de enviar la documentación a la Contraloría y al Ministerio Público, cuando pudo hacerlo de manera directa.»El directorio es un órgano de control, es un órgano de seguimiento, pero también de gobierno de la institución. En mi criterio, lo correcto hubiera sido que el directorio actúe directamente y no mediante la presidencia de la empresa estatal”, subrayó el Ministro de Justicia.DirectorioEl pasado 17 de marzo, el directorio instruyó a YPFB enviar el informe de Transparencia, junto con toda la documentación referida al caso a la Contraloría General del Estado (CGE) y al Ministerio Público para que sean estas instancias las que determinen la existencia o no de ilícitos y se establezcan responsabilidades.Por otra parte, se dejó en manos de la presidencia de YPFB la decisión de continuar o no con el proceso de compra de los taladros a la empresa italiana.La Contraloría General del Estado, luego de recibir el informe, comenzó la revisión de la documentación referida a la contratación de las perforadoras.Gobierno no teme represalias por posible rescisión de contratoEl ministro de Justicia, Héctor Arce, informó ayer que en caso de comprobarse las irregularidades y posible sobreprecio en el proceso de adquisición de tres taladros de la italiana Drillec, el contrato con la misma será rescindido, a pesar de las amenazas de la empresa de iniciar procesos en contra del Estado boliviano.»Las empresas tienen todo el derecho de hacer lo que mejor les parezca, vivimos en un Estado soberano, pero no nos vamos a mover en función de ello, por lo que si el contrato debe rescindirse, eso es lo que vamos a hacer”, precisó.En enero, la empresa italiana Drillmec CEO, con capitales privados y estatales, anunció un reclamo al Estado boliviano vía Cancillería por el daño a la imagen de la entidad y, por ende, al Estado italiano, al haberse sugerido que en el contrato firmado con YPFB para la compra de tres taladros por 148,8 millones de dólares no hubo transparencia o se dio algún sobreprecio.La compañía aclaró en otra carta a la opinión pública que las otras empresas proponentes en el proceso convocado por la estatal petrolera propusieron precios más altos por los taladros que ofreció.Página Siete / Manuel Filomeno / La Paz