El amparo constitucional está prácticamente listo y se encuentra en la fase de revisión final, mientras que la segunda vía que involucra al Tribunal de Garantías se debe cumplir antes de los 120 días de plazo y se puede activar en cualquier momento.
Los bolivianos posan con la viceministra Carmen Almendras (centro) el viernes 24 de marzo. Foto: ABILa Razón Digital / Rubén Ariñez / La PazBolivia ultima el amparo constitucional que presentará ante la Corte de Apelaciones de Iquique en Chile por la detención de dos militares bolivianos y siete aduaneros que luchaban contra el contrabando; empero, ahora también apunta al Tribunal de Garantías de ese país para revisar su detención preventiva dictada por el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte.Así lo desveló este martes el abogado de la defensa, el chileno Claudio Vila, en un contacto con la radio estatal Patria Nueva. Según el jurista, la medida se adopta en “razón de los antecedentes nuevos” que el equipo boliviano pueda aportar a las indagaciones del caso.“Nosotros estamos trabajando para desarrollar ambas acciones: la acción de amparo y continuar con el proceso de la defensa”, señaló Vila, quien precisó que la nueva acción se activaría “en cualquier momento”.El primer recurso legal está prácticamente listo y se encuentra en la fase de revisión final, añadió. Mientras que la segunda vía se debe cumplir antes de los 120 días de plazo que fija el Tribunal.“Mientras eso se discute (el amparo) nosotros vamos a continuar con el proceso de defensa, desarrollándolo en el Tribunal de Garantías. El plazo sigue corriendo, eso no se detiene, son 120 días, son cuatro meses, no queremos correr el riesgo que nos venga encima los plazos”, enfatizó.El capitán de Ejército Alex Carvajal, el suboficial Carlos Calle y los funcionarios aduaneros Arsenio Choque, Casimiro Tórrez, David Quenallata, Karl Luis Guachalla, Bryan Quenallata, Edilberto Raúl Flores y Diego Guzmán fueron arrestados el 19 de marzo en la frontera mientras luchaban contra el contrabando.El 22 de marzo fueron encarcelados preventivamente, en tanto dure la investigación, en el penal de Alto Hospicio, norte de Chile, acusados por los delitos de robo con intimidación y violencia, porte y tenencia de armas prohibidas y contrabando.Sobre el amparo constitucional, explicó que no solo tiene que ver con la legitimidad de la detención sino que alcanza además a la legitimidad de los efectos posteriores a la detención que son el enjuiciamiento, la formalización y la imputación de los delitos en contra de los funcionarios bolivianos. (04/04/2017)