Los servidores públicos y los ciudadanos que no tengan militancia en organizaciones políticas desde hace un año pueden postular al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional de acuerdo al reglamento de preselección aprobado por el oficialista MAS.
Funcionarios públicos y expartidarios podrán ser candidatos a magistrados
La Comisión Mixta de Constitución aprobó el reglamento que será debatido y sometido a votación este sábado en la Asamblea Legislativa
Este sábado el pleno de la Asamblea debatirá la aprobación del reglamento a las elecciones judiciales. Foto: Cámara de DiputadosANF / Los servidores públicos y los ciudadanos que no tengan militancia en organizaciones políticas desde hace un año pueden postular al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional de acuerdo al reglamento de preselección. La opositora UD denuncia que estas dos disposiciones facilitarán que afines al MAS sean favorecidos.La presidenta de la Comisión de Constitución, Adriana Salvatierra confirmó que «el artículo 9 de los requisitos generales de postulación establece que no se puede tener militancia en organización política un año antes a la postulación, es decir al 2 de mayo».Los ciudadanos que se alejaron hace un año de sus partidos políticos ya sea del MAS o de la oposición podrán postular. «Hemos hablado nosotros eso y ha quedado pendiente en nuestras bancadas y definiremos en la Asamblea si es que se mantiene», declaró la legisladora.La opositora Unidad Demócrata había planteado que los aspirantes estén alejados de sus organizaciones políticas al menos 10 años, esto para evitar que exdiputados, exsenadores y exjefes políticos se postulen, declaró la senadora Jeanine Añez.El senador Milton Baron en relación a la militancia dijo «tenga la certeza que no habrá militantes del MAS que vayan a ser preseleccionados», al manifestar que «le da gracia» que la oposición se anticipe a descalificar la preselección llamando «masistrados» a quienes serán preseleccionados.Respecto a los servidores públicos pueden participar y renunciarán al cargo solo si son preseleccionados. Asesores de ministerios, cargos directivos y de confianza del aparato estatal pueden aspirar a los puestos del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional.En cambio sobre los funcionarios confirmó que éstos deberán renunciar a sus cargos hasta el 22 de julio, tres meses antes a las elecciones, si es que son preseleccionados por la Asamblea Legislativa. La opositora UD cree que estos postulantes estarán en condiciones más favorables que el resto de los candidatos.Consultado sobre si esos funcionarios no gozarán de cierto respaldo de las autoridades de los diferentes niveles de Gobierno, Barón dijo que ese es «un criterio subjetivo», «es como adivinar que de aquí a un mes va a llover» ironizó.El senador René Joaquino (MAS) había planteado que los servidores públicos que ocupan cargos jerárquicos o están en posición de toma de decisiones o servidores del Órgano Judicial deberían ser excluidos del proceso. Su colega Salvatierra dijo que no se puede ir en contra de las disposiciones constitucionales.La senadora de Unidad Demócrata, Jeanine Añez, lamentó que el MAS se haya empecinado en aprobar un reglamento que no garantizará la independencia de las futuras autoridades electas, lo que ahondará la crisis de la administración de justicia en el país.El jefe de la bancada de UD, Edwin Rodríguez, «es una declaración abierta de lo que quiere el MAS, podrán participar los exdiputados, exsenadores, exdirigentes y todos los masistas para ser los futuros masistrados» criticó el legislador.Y aseguró que el sistema universitario del país que tendrán a ocho representantes de las universidades «van a ser figuras decorativas», porque tendrán funciones limitadas. Finalmente, observó que el canal Bolivia Televisión no vaya a transmitir todo el proceso «lamentamos que el canal de los bolivianos sea solo para transmitir los partidos de fútbol del presidente Evo Morales», cuestionó.Barón en respuesta dijo que el único objetivo de la oposición es «boicotear» la preselección de candidatos y descalificar la elección para que cuando estos magistrados atiendan los procesos en su contra inmediatamente los tilden de ser masistas y se autodefinan como «perseguidos políticos.El Deber