El diputado Gustavo Serrano, del Movimiento Demócrata Social, dijo esperar que con la ejecución de las boletas de garantía, por la salida intempestiva del país de la española Corsán Corviam, el Estado pueda resarcir de alguna forma a los cientos de damnificados de las empresas subcontratistas encargadas de la ejecución de la carretera San Buenaventura-Ixiamas y del proyecto hidroeléctrico Miguillas, ambos dejados inconclusos.
“A la fecha tenemos más de 100 empresas subcontratadas a las que se les debe más de 80 millones de Bolivianos, es decir que hay como 10.000 familias que quedaron afectadas, sea sin empleo o sin los pagos correspondientes (por servicios). Se trata de un daño muy grande a estas personas, así como al Estado boliviano”, expresó el diputado Serrano.
El parlamentario dijo sentirse sorprendido porque Corsán-Corviam hubiera ganado la licitación para obras tan importantes, por más de 500 millones de dólares, siendo que la empresa no tenía ni el 20% de maquinaria propia para ejecutar los proyectos.
“Todo indica que hay irregularidades. La empresa gana la licitación, pero la mayor parte de la maquinaria y obras son subcontratadas con pequeñas y medianas empresas bolivianas, a las que les deben entre 3 y 6 meses de pagos. ¿Dónde estuvo el Estado, que no fiscalizó esto?”, cuestionó el parlamentario opositor.
Serrano lamentó que recién cuando se descubrió que la compañía española desapareció dejando las obras paralizadas aparecieron las autoridades de Gobierno anunciando investigaciones.
“Desde el Senado se ha pedido al ministro de Obras Públicas un informe de todo el proceso de licitación, para saber el avance de estas obras. Se tiene que llegar al fondo para saber cómo se ha adjudicado y quiénes son los responsables”, concluyó el diputado Demócrata.
Prensa Demócrata