Ojalá no sea tarde para hacer una limpieza general en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), donde han comenzado a rescindir y revisar algunos contratos que habían sido suscritos y negociados por el destituido presidente Guillermo Achá, quien cumple arresto domiciliario mientras se lo investiga por millonarios hechos de corrupción. La nueva administración de la petrolera ha decidido anular la adjudicación de una planta petroquímica a dos empresas europeas, cuya inversión supera los 2.200 millones de dólares, la mayor del país.
El motivo expresado para el rompimiento ha sido “errores administrativos”, pero hace mucho que se denunció que una de las firmas contratadas fue la misma que hizo el estudio de factibilidad, la que elaboró el proyecto y la que “sorpresivamente” ganó la licitación. Por eso mismo, lo que hace falta en YPFB no es solo hacer auditorías o cambiar empresas europeas ¿por chinas?, sino comenzar de una vez a aplicar las leyes diseñadas para asegurar un manejo transparente y sobre todo, retomar el proceso de institucionalización para que la institución emblemática del país no siga siendo la “caja chica” del gobierno.
Fuente: eldia.com.bo
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