La crisis en el Órgano Judicial –que en un principio ha sido generada por la falta de presupuesto, que al mismo tiempo ha limitado el número de jueces, fiscales y policías– ha sido agravada por la “mala administración de justicia” por parte de algunos funcionarios, que ha provocado “males terribles”, no sólo para la institución, sino principalmente para la población.
La consecuencia más visible es el hacinamiento en las precarias cárceles de Bolivia, cuya situación empeora porque en el interior de los penales existe un 70 por ciento de reclusos con detención preventiva, según el ministro de Gobierno, Carlos Romero, por el uso “discrecional” de esta medida por parte de jueces y fiscales.
Los últimos casos de atracadores liberados y de un inocente sentenciado, fueron muestra de lo que sucede día a día en los juzgados de Bolivia. Sin embargo, el presidente del Colegio de Abogados de Cochabamba, Florian Zapata, señaló que los orígenes de esta situación es la falta de presupuesto, que sólo llega al 0,6 por ciento del Tesoro General de la Nación, pero también por la formación precaria de los abogados en las universidades.
“No existe la cantidad suficiente de jueces. Si eso ocurre con los jueces, ocurre lo mismo con el Ministerio Público, y lo peor es lo que pasa con la investigación policial están absolutamente corrompidos y obran con relación a quien mejor paga. La solución sería separar a la policía investigadora de la policía uniformada y hacer una policía judicial exclusivamente dependiente del Ministerio Público”, dijo Zapata.
Por su parte, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados (Conalab) César Cabrera añadió que otra consecuencia es la “mayor inseguridad jurídica con los actos y determinaciones irracionales que asumen los jueces, esto acarrea, además, un incremento en la delincuencia de bandas organizadas que están cometiendo una serie de atracos y de delitos que normalmente no lo veíamos antes”.
Agregó que otra consecuencia de la mala administración de justicia es el hacinamiento en las cárceles que supera el 500 por ciento, según el Ministerio de Gobierno existe un crecimiento poblacional “desmedido” producto de varios factores, pero sobre todo del uso discrecional que están haciendo los fiscales y jueces de la detención preventiva
Según datos de Régimen Penitenciario, a enero de este año, existen 16.252 internos en el país, de los que 11.129 –es decir, más del 70 por ciento– son detenidos preventivos y sólo el 31,58 por ciento tienen una sentencia condenatoria.
Cabrera señaló que a esto se suma que Bolivia todavía no cuenta con una política verdadera de régimen penitenciario “restaurador de reinserción a la sociedad y más al contrario se han vuelto escuelas de perfeccionamiento de la delincuencia porque desde las cárceles sigue dirigiendo hecho delincuenciales”.
Agregó que a la par de esta situación, existe una “paradoja que nadie entiende” el de impulsar un Código de Procedimiento Penal con sanciones de cadena perpetua.
“Entonces, tendríamos que construir unas grandes cárceles para aplicar este sistema; es decir, son temas que nadie logra comprender, es absurdo que se pretende asumir sin un verdadero análisis ni estudio”.
La exmagistrada del Tribunal Constitucional y presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, señaló que la crisis del sistema judicial “va por el hecho de que no existe el número necesario de jueces, los jueces tiene mucha carga procesal para atender muchísimos procesos, no existe tiempo necesario como para poder estudiar con el tiempo que cada caso amerita, en fin, hay muchas circunstancias, como la poca estabilidad que tienen los policías y fiscales, porque permanentemente son cambiados”.
Añadió que toda esta situación ha llevado a que la justicia atraviese el “peor momento de la historia” pese a los cambios.
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Destituciones y sanciones
El Ministerio Público informó que sólo en 2016 destituyó a 60 fiscales por diversas faltas, incluidas denuncias de corrupción, también se conocieron varios casos de consorcios que incluían jueces, fiscales, policías y abogados. En los últimos meses, el Consejo de la Magistratura también destituyó a varios jueces quienes fueron observados por su actuación en distintos casos, sin embargo, la presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, señaló que la destitución es una “medida extrema” que debe emerger de un debido proceso.
“También hay que tomar en cuenta que los jueces que son de carrera no deberían ser destituidos. Si bien hay una sentencia del Tribunal Constitucional que indica que todos los jueces son provisorios, la interpretación que debe dar el Consejo de la Magistratura es que los jueces –por mandato de la Constitución–, si son de carrera, no son provisorios; entonces, no hay prácticamente políticas que realmente protejan lo que es administración de justicia, hay jueces que están siendo sometidos continuamente a presión, están siendo procesados, se allana sus despachos, etcétera”.
Cuestionamientos
Ministro de Gobierno, Carlos Romero
Necesidad de auditorías jurídicas
Me permití decir en su momento que deberíamos hacer auditorías jurídicas para establecer responsabilidades en las decisiones de liberación de algunos delincuentes que vuelven a delinquir. El accionar de quienes administran justicia debe ser evaluado por el Consejo de la Magistratura.
El delincuente que atraca, viola, secuestra no es una persona común, es una persona que ha desarrollado una experiencia, que actúa con alevosía, son reincidentes. (17 de julio).
Vicepresidente del Estado, Álvaro García
Justicia de corporación social
Pasamos de una justicia de amigos a una justicia de corporación social, una experiencia extraordinaria cuando uno la ve sociológicamente para analizarla, pero triste en términos de efecto y resultados para el litigante. Continúa la corrupción, se quería combatir el elitismo, el clasismo y el elitismo de la justicia y se reconstruyó los corporativismos de las justicia en el sentido de que los que podían tener más influencia y quien podía direccionar el proceso de la justica era una corporación social, un sindicato una federación una confederación. (2 de junio)
Ministro de Justicia, Héctor Arce
Magistrados con procesos son destituidos
Los malos administradores de justicia con procesos, sentencias e imputados y con procesos al interior de la magistratura no pueden seguir siendo jueces o magistrados, no pueden continuar administrando justicia. Los cargos acéfalos serán cubiertos por los mejores jueces graduados recientemente de la Escuela de Jueces de la ciudad de Sucre, en función a criterios meritocráticos. Y porque “tienen el derecho de ocupar los cargos como personas limpias, transparentes (…) y tienen el derecho de administrar justicia de manera correcta”.
DÉBIL FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ABOGADOS EN LAS UNIVERSIDADES
Cuestionan designación de jueces afines al Gobierno
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Los juristas cuestionan la falta de experiencia y capacitación de los actuales jueces que en su mayoría habrían sido designados porque contaban con avales políticos, por lo tanto, están condicionados a emitir fallos a favor del partido que los apoyó.
El presidente del Colegio de Abogados de Cochabamba, Florián Zapata, aseguró que la presencia de jueces que fueron designados por la afinidad política con el Movimiento Al Socialismo (MAS) y que, además, no tienen conocimiento amplio de la administración judicial han convertido a los administradores de justicia en “servidores oficiales del gobierno”.
“El resultado es que hay mala administración, pésima administración de justicia, la calidad de las resoluciones son absolutamente infundadas y dudosas. Estamos hablando de calidad de su trabajo y el resultado es que la ciudadanía está disconforme. Nosotros los abogados no sabemos a ante qué juez vamos a acudir con la garantía de que vamos a tener un proceso limpio”, dijo.
Zapata reiteró que el ciudadano ya no confía en la justicia y trata de evitar de cualquier forma llegar a los estrados judiciales o, de lo contrario, asimilar que tiene que cancelar un dinero extra a los operadores de justicia.
“Eso es una verdad, nosotros los abogados hacemos lo que podemos”, sin embargo, dijo que existen varios abogados que asumieron el cargo de jueces en los últimos años gracias al aval de los productores de coca y que buscan sacar algún rédito, pero “no ocurre lo mismo con aquellos que son producto del Instituto de la Judicatura, porque ellos sí han estudiado. En ellos está el espíritu de servicio de responsabilidad y son pocos, a los demás ya los han sacado porque son escollo en el manejo de la administración gubernamental”.
Agregó que desde el momento que el Gobierno ha entrado a tomar el mando del poder ha introducido jueces por afinidad política. “Toda esa gente es improvisada, afín al partido político y tiene que pagar factura. Se nota el miedo del juez para tomar una medida que no rinda frutos para las entidades estatales, gobernaciones, o entidad del gobierno central”, dijo.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca y exmagistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, observó que en la administración de justicia no exista una “uniformidad en la jurisprudencia” y esto es a consecuencia de que los jueces improvisan “porque son jueces que no han hecho el curso del Instituto de la Judicatura de jueces, eso también determina la mala calidad de la administración de justicia. Es indudablemente el hecho de que la universidad está arrojando abogados que no tienen la formación necesaria”.
El expresidente del Colegio Nacional de Abogados (Conalab) César Cabrera aseguró que, además, en la actualidad el Consejo de la Magistratura designa a jueces que no han sido formados para asumir esa función; los nuevos profesionales abogados están “saliendo mal formados” de las universidades. No están preparados para afrontar el nuevo mercado competitivo, que tiene otra visión del derecho, sino que fueron formados con una visión del siglo pasado.
Una medida que asumió el Tribunal Supremo de Justicia es la creación de la Escuela de Jueces del Estado, instancia encargada del proceso de formación especializada de las y los aspirantes para el ingreso a la Carrera Judicial, a esto se suma que el Consejo de la Magistratura determinó destituir a los jueces con procesos.
ACREDITACIÓN
A partir de la vigencia de la Ley 387 de la Abogacía, el Ministerio de Justicia es el encargado de entregar credenciales a los abogados para permitir su trabajo como litigante, además, para hacer seguimiento a las denuncias contra ellos y sentar precedente.
En Bolivia, el número de juristas habilitados hasta la fecha para ejercer su profesión llega a 60.679. En Cochabamba, el número de abogados habilitados para ejercer su profesión es de 11.093; en cambio, La Paz lidera a nivel nacional con 19.820 registrados. El Colegio de Abogados también tiene un registro de todos los profesionales en leyes; sin embargo, no se constituye en una obligación.
Fuente: lostiempos.com