Norma Yalila Casanova*A cinco años de promulgada la Ley Integral contra la trata y tráfico de personas (31 de julio de 2012), las cifras de casos se han incrementado en un 10% en los últimos tres años, según el reporte del Viceministerio de Seguridad Ciudadana. Las estadísticas de denuncia indican que son las mujeres las más sensibles a ser víctima de éste delito, siendo para el mercado ilícito, útil a cualquier edad: sea para la prostitución forzada, como vientre para producir niños para la adopción o para el trabajo doméstico en condiciones de esclavitud.Las condiciones de pobreza y la falta de fuentes de inserción laboral, coloca a los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, cuando a través de anuncios en diarios de circulación nacional, se requieren señoritas para trabajar, cama adentro o cama afuera, ganando una buena suma de dinero, en ambientes con aire acondicionado. Sólo hay que llamar a los números que solicitan “servicio para adultos”, “Masajes” y “Necesito”, para escuchar la voz de los proxenetas que ofrecen cuerpos para servicios sexuales a bajo costo y sin factura.La debilidad institucional abocada (por mandato de Ley) a la prevención y protección, es tan grande que no se puede regular el comercio de seres humanos. Testimonios de adolescentes que han pasado por la experiencia de acudir a la entrevista de “trabajo”, al darse cuenta de lo que se trata, lograron salir, pero han tenido que soportar acoso y amenazas, re-victimizándose. Lo peor de todo, es que no se puede poner la denuncia mientras el delito no esté consumado.La mendicidad forzada es otra de las formas de trata y tráfico de personas, sin embargo, encontramos en cada esquina niños y niñas pidiendo monedas que luego son entregadas a adultos que esperan y vigilan en la otra esquina o cerca de ellos. Surgen algunas preguntas: ¿Funcionan los Consejos departamentales contra la trata y tráfico de personas?, ¿Las estrategias en materia de prevención, son las adecuadas?.Si los órganos establecidos para la prevención son las del ámbito educativo formal, comunicacional, laboral y de seguridad ciudadana, sería oportuno hacer un recuento de las campañas informativas, las investigaciones realizadas y los espacios de asistencia judicial con los que se cuenta para poder sumarnos a la causa, como ciudadanos responsables.*Socióloga, investigadora IIES – JOM UAGRM[email protected]