La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) rechazó ayer la nueva resolución administrativa Nro. 77/2017 emitida por la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP) que la faculta para cancelar matrículas comerciales y emitir multas económicas de hasta 11 millones de bolivianos.
El presidente de la FEPC, Javier Bellot, cuestionó la resolución administrativa y calificó la normativa como “excesivamente sancionatoria”, ya que pone en riesgo la estabilidad laboral de miles de trabajadores cochabambinos. Advirtió que cientos de empresas podrían cerrar sus puertas ya que cancelar matrículas equivale a “quitar cédula de identidad”.
La resolución de la AEMP establece sanciones administrativas, como la amonestación escrita, la multa, la suspensión temporal de la matrícula de comercio, la cancelación de la matrícula de comercio y la suspensión temporal del presidente del directorio y gerente de los sujetos registrados. Los empresarios no supieron explicar a qué tipo de causales se aplica la norma.
“No vemos una actitud proactiva, toda vez que el empresariado está en un proceso de diálogo con el Parlamento nacional para poder regular ciertos aspectos que están contenidos en el (nuevo) Código Penal sobre las acciones sancionatorias a nuestro sector”, explicó Bellot.
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Destacó que la cancelación de la matrícula de comercio inhabilita a las empresas a ejercer cualquier tipo de actividad comercial y, por lo tanto, la condena a cierre definitivo, perjudicando a sus trabajadores.
Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria de Cochabamba, Antonio Fernández, consideró que la resolución viola el principio de jerarquía legal, ya que pretende tener alcances por encima del Código Penal.
Al mismo tiempo, destacó “incongruencias” en la normativa con multas que llegan hasta los 11 millones de bolivianos. En este sentido, señaló que las sanciones se emiten en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV), mientras que las operaciones se realizan en bolivianos.
Por su parte, el asesor legal de la Cámara Departamental de la Industria de Cochabamba, Fabián Abaroa, adelantó que se impugnará la resolución durante los próximos 15 días. Al mismo tiempo, sostuvo que el estado crea instituciones fiscalizadoras que emiten amenazas con este tipo de normativas.
Las autoridades del Ministerio de Economía evitaron referirse al tema porque la AEMP es una unidad desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Productivo.
11 OBSERVACIONES
La Cámara de la Industria de Cochabamba (Camind) observó 11 incisos de la resolución administrativa Nº 77/ 2017 y observó 11 artículos.
Señalan que el artículo 7 incorpora una actualización diaria del monto sancionado, mientras que el artículo 11 establece que la AEMP impondrá las multas de acuerdo con la gravedad de las infracciones, pero el reglamento no establece los rangos para determinar qué infracciones son leves o graves.
Fuente: lostiempos.com