Carlos Pablo Klinsky Fernández*El oficialismo ha planteado ante el TCP una acción abstracta de inconstitucionalidad contra varias normas que le impiden una nueva reelección al presidente Evo Morales. Ha elegido, por lo tanto, la “vía nicaragüense” para la perpetuación en el poder, imitando la maniobra realizada por el sandinista Daniel Ortega, quien se hizo habilitar para los comicios del año pasado por un tribunal alegando que la cláusula constitucional que le prohibía la reelección “violaba sus derechos fundamentales”. En esto, como en tantas otras cosas, los países del bloque populista siguen el mismo guión de falseamiento de la democracia.Lo que queda claro en el caso boliviano es que el Movimiento Al Socialismo, no habiendo logrado imponer “en cancha” la re-reelección el 21F, quiere ahora hacerla aprobar “en mesa”, burlando la voluntad popular manifestada en el referéndum.El recurso planteado apunta, por una parte, a que se declare la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley del Régimen Electoral, y por otro lado busca que se establezca la inaplicabilidad de cuatro artículos de la Constitución Política del Estado, con el argumento falaz de que éstos vulnerarían derechos amparados por convenciones internacionales.Contra esta aberración jurídica debe recordarse que existe jurisprudencia al respecto, como un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitido en 1993 a raíz de una petición hecha por el ex mandatario de Guatemala, Efraín Ríos Montt, por resoluciones que lo inhabilitaban para participar en elecciones presidenciales.En esa ocasión, la CIDH declaró inadmisible la denuncia, señalando que la existencia de condiciones de inelegibilidad es propia de un orden democrático y constitucional y no implica una violación de derechos fundamentales, teniendo como función evitar un favorecimiento indebido a ciertos postulantes.Volviendo a Bolivia, es evidente que la maniobra se lleva a cabo teniendo en cuenta el sometimiento de los tribunales al Palacio Quemado. Habrá que decirle NO nuevamente al reeleccionismo, votando nulo el 3 de diciembre para evitar la legitimación de los operadores judiciales de un régimen cada vez menos republicano.*Senador demócrata