COB pedirá reunión con parlamentarios. Cívicos y colectivos ciudadanos ven intenciones de acallar a la población que está en contra de la reelección.
Ref. Fotografia: El 21 de febrero de este año, se convirtió en uno de los días de mayor movilización en el país. La población salió a las calles en rechazo a la reelección
La aprobación del artículo que podría penalizar con cárcel marchas y protestas, genera rechazo en sectores sociales.
Pese a ello, desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), niegan que existan intenciones políticas como señalan los opositores.
El artículo 294 plasmado en el Código de Sistema Penal, fue aprobado en grande dentro de la Cámara de Diputados.
Texto. El proyecto del Código que aún continúa en debate, establece en su artículo 294, Atribuirse los derechos del pueblo: Las personas que formen parte de una fuerza armada o grupos de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y pretendan ejercer tales derechos a su nombre serán sancionadas con prisión de dos a cuatro años y, cuando corresponda, inhabilitación para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo.
Acciones. La aprobación del artículo generó disconformidad en sectores sociales.
Elmo Pérez, secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), indicó que están en contra del texto, porque a decir de ellos estaría atentando contra sus principios y derechos establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE). «No se puede vulnerar los derechos constitucionales de los trabajadores, ahí en la Carta Magna están garantizadas las movilizaciones. Criticamos cualquier intento de incorporar la penalización a las manifestaciones de la población», dijo.
Anunció que solicitarán de manera formal a los legisladores una reunión para buscar la modificación del texto en la Cámara de Senadores, cuando la aprobación en grande haya culminado en Diputados.
Críticas. Coincidiendo con la COB, Beto Astorga, representante de la plataforma Otra Izquierda es Posible (OIP) en La Paz, indicó que a su parecer, el Gobierno intenta frenar a las plataformas, colectivos ciudadanos y población en general para que no se manifiesten en las calles en contra de la reelección presidencial de Evo Morales. «Ellos lo tienen todo preparado al parecer. Prevén que los magistrados van aceptar su recurso, pero a la vez saben que Bolivia va salir a las calles para hacer respetar su voto y eso es lo que quieren evitar», dijo.
Anunció que estarán a la espera de que el texto sea modificado en la Cámara Alta, caso contrario retan al Gobierno a llenar las cárceles del país. «Si no se modifica ese artículo, entonces los retamos que vengan a detener a miles de bolivianos que vamos a estar movilizados en las calles», adelantó.
Interpretación. Desde el Gobierno, la presidente de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, afirma que ese artículo no tiene nada que ver con las movilizaciones sociales. «Ese artículo existe en el actual Código Penal y fue aprobado, exactamente con el mismo texto, no tiene nada que ver con las movilizaciones sociales sino con quienes a nombre del pueblo boliviano pretendan asumir actitudes subversivas, por lo tanto, es una falsedad más que la oposición pretende establecer», aseguró a tiempo de cuestionar el rol de la oposición en cambiar lo que realmente establece el Código. Montaño recalcó que este artículo está actualmente vigente en el Código Penal y que «nunca ha generado ninguna penalización a las movilizaciones», por lo que insistió que no existe ningún riesgo contra nadie.
Cambios. Sin embargo, desde la oposición, la diputada Eliane Capobianco, de Unidad Demócrata (UD), considera que el MAS intenta instalar una «persecución política» a quienes se pronuncien o movilicen en contra de las acciones gubernamentales. «Nadie va a poder protestar. Las autoridades dirán este grupo se está atribuyendo los derechos del pueblo y van a iniciar procesos penales contra ellos», remarcó.
Posición. Para el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Cuéllar, el Gobierno intenta usar este artículo como un instrumento de persecución política para quienes protestan en contra de él.
Indicó que el derecho a reuniones de personas, con el fin de dar a conocer su disconformidad contra las autoridades de turno, está establecido en la Constitución Política del Estado (CPE) del país y a nivel internacional en la Convención Internacional de Derechos Humanos. «Es lamentable ver cómo el Gobierno cierra los canales de libertad, el Gobierno nos quiere quitar nuestros derechos. Les decimos a los legisladores que no se olviden que son pasajeros, que su tiempo se les acaba y van a volver a ser ciudadanos y se van a encontrar con estas leyes que cercenan nuestros derechos», manifestó.
Anunció que buscarán la forma de presentar un recursos de inconstitucionalidad en caso de que los parlamentarios no tomen en cuenta sus observaciones en instancias de más adelante.
Fuente: eldia.com.bo