230 entidades tienen procesos penales por deudas con AFP

La mora con el Sistema Integral de Pensiones pasó de Bs 304 millones, en 2006, a Bs 749 millones, en 2017. Hay 9.882 firmas y otras con procesos coactivos sociales.

Al menos 230 empresas de todo tamaño y otras entidades  enfrentan procesos penales por apropiación indebida de aportes al Sistema Integral de Pensiones (SIP), según datos de la Autoridad  de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).

La información que se tiene hasta abril se sustenta en los reportes enviados por las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Futuro de Bolivia y Previsión BBV.

Los datos no mencionan el monto de dinero que estas compañías adeudan de los aportes que retuvieron a sus trabajadores y que estaban destinados para su jubilación.

La  AFP Futuro inició  procesos penales a 118 contribuyentes principalmente empresas, aunque también se observa en la lista a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, Hidrocarburos y Energía, y de la Presidencia.

También figuran algunos municipios y gobernaciones, la Universidad Pública de El Alto, Caja Nacional de Salud, Caja Petrolera y empresas unipersonales.

Destacan también empresas áreas desaparecidas como el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y AeroSur.

La AFP Previsión BBV entabló 112 procesos penales, de los cuales ocho son contra la Caja Nacional de Salud. También figuran como deudoras la Empresa Nacional de Correos (Ecobol), algunos municipios, constructoras y otras empresas.

Mora

La información disponible en la APS también revela que la AFP Futuro inició procesos coactivos sociales por mora al SIP a 5.135 empresas.

Mientras que la AFP Previsión BBV entabló otros 4.747 procesos de esta naturaleza para intentar recuperar los aportes para la vejez que no depositaron estos empleadores de sus dependientes.

En los datos de la APS se observa que muchas empresas tienen varios periodos adeudados, en algunos casos más de 100.

En 2006 la mora total alcanzaba a 304,5 millones de bolivianos, de la cual 43,8 millones de bolivianos estaban en gestión de cobranza administrativa y 260,6 millones de bolivianos en cobranza judicial (ver gráfica).

Hasta 2016 la mora se incrementó a 761,4 millones de bolivianos y a agosto de este año a 749 millones de bolivianos, de acuerdo con datos de la APS.

De este monto, 900.274  bolivianos se encuentran en cobranza administrativa y 748,1 millones de bolivianos en el ámbito judicial.

La recuperación mensual de la deuda hasta agosto suma 78,7 millones de bolivianos.

Perjuicio

El secretario de Economía y Finanzas de la Central Obrera Boliviana (COB), Óscar Tapia, señaló  que la mora en la que incurren algunas empresas es motivo de preocupación para los trabajadores. “La mora se ha duplicado y eso quiere decir que las AFP y la APS no están cumpliendo con su responsabilidad, de acuerdo con la normativa que los regula porque, finalmente, esos son recursos de los trabajadores”, declaró el dirigente.

Tapia explicó que el impago de los aportes da lugar a que el dinero retenido a los empleados no genere intereses, como dispone la normativa vigente para las administradoras de fondos de las cuentas individuales de los dependientes laborales.

“Cuando un compañero va a hacer su trámite para jubilarse, le dicen que le faltan seis meses o un año de aportes que le han descontado, lo que perjudica el trabajador y genera una preocupación profunda en la COB”, dijo.

Por su parte, el economista Alberto Bonadona explicó que el problema de la mora en el pago de aportes es un fenómeno común en los distintos sistemas de reparto de la región. “Las AFP tardaron mucho en despabilarse para iniciar procesos de cobro. Por ejemplo, dejaron escapar a dueños del  Lloyd Aéreo Boliviano antes de que quiebre y nunca les cobraron, eso pasó muchas veces”, opinó.

En cuanto a la búsqueda de una solución para los trabajadores perjudicados por el impago a sus aportes de jubilación, Bonadona sostuvo que deben establecerse mecanismos de cobro y procesamiento más duros  de los deudores y una mayor fiscalización de las empresas.

Para  Tapia los procesos judiciales deberían ser ágiles y evitar que los empleadores acudan  a “chicanerías”, porque los abogados y las empresas dilatan los procesos. “Hay casos en que los trabajadores fallecen y no han podido recuperar lo que han aportado en años”, lamentó.

En Inspectoría del Ministerio de Trabajo se informó que el trabajador puede presentar una denuncia si no se depositan sus aportes, primero ante la AFP y, si no obtiene respuesta, ante esa cartera estatal.

La ley penaliza la apropiación de aportes

La Ley de Pensiones vigente establece que el empleador incurre en mora al día siguiente del plazo  establecido para el pago de contribuciones, por lo que deberá pagar el interés por mora y el interés incremental respecto a los aportes no cancelados de sus trabajadores.

Este segundo punto significa que las empresas deben honrar los intereses que podían resultar de la ganancia de las inversiones de esos recursos.

Las AFP  proceden con la recuperación de los aportes en la vía administrativa, posteriormente en la vía judicial hasta iniciar procesos penales.

El Código Penal señala que “el empleador que se apropiare de las contribuciones destinadas al Sistema Integral de Pensiones, en su calidad de agente de retención y no los depositare en la Entidad señalada por ley, dentro de los plazos establecidos para el pago, incurrirá en privación de libertad de cinco a 10 años y multa de 100 a 500 días. La acción penal queda extinguida si se regulariza la deuda más intereses y recargos”.

Fuente: paginasiete.bo

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