La prueba del voto “nulo” y el rol del TSE

Jorge Lazarte R. 

En este último artículo con el cual cerramos la serie sobre las elecciones judiciales,  nos concentraremos en el papel desempeñado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en dos ámbitos claves . En el primer caso, cómo interpretó el fracaso del proceso electoral de 2011, y que  decisiones ha asumido   para asegurar un curso distinto en las elecciones próximas de diciembre. Y en el segundo,  cómo se ha situado con respecto  al voto “nulo”, cuya importancia estratégica  ha motivado un debate, que no es muy común en ningún otro país.

Según el TSE  el fracaso de las elecciones de octubre de 2011,  cuyos  votos “nulos” fueron superiores a los votos válidos, fue debido a factores logísticos. Con el fin de  revertir esta anomalía y  evitar  la “confusión” de la ciudadanía   por   la “falta” de información sobre los “méritos” de los postulantes,    propuso  a la Asamblea Legislativa Plurinacional(ALP) modificar   algunos artículos de la ley electoral.    Estas modificaciones  deberían hacer posible    espacios de “diálogo” y de información.  Pero como a la vez se  mantenía  la prohibición  de realizar “campañas”,    no era posible conjugar  cosa con la otra: no se puede garantizar la libertad de información y simultáneamente  restringirla indebidamente.



La ALP fue menos conservadora y autorizó  la realización de “conversatorios”,  y de “debate público”- que es más que un simple “dialogo”- pero tampoco pudo escapar a la contradicción.  La apertura al “debate” debe limitarse a la difusión   de las “capacidades” y “trayectoria” de los candidatos ,  a los cuales, sin embargo,  no  se les permite    “emitir opinión”  que “favorezca o perjudique” a otros postulantes, ni   “solicitar” el voto.  Es decir, conforme a las modificaciones,  puede haber “debate” pero no “campaña”, lo que no  es consistente.

Con arreglo a estas “mejoras”,   el TSE  aprobó  con el “apoyo especializado” de la UNESCO un “nuevo” reglamento   que es ciertamente  menos punitivo que el anterior e intenta ser más permisivo  y más afirmativo . Con todo, tampoco el reglamento escapa al impase, y no podía hacerlo por ser de menor jerarquía: no basta con proclamar   el  reconocimiento del derecho a la información,  a la comunicación  y a la “deliberación” para suponer que se estaban restaurando los principios internacionalmente aceptados para calificar un  proceso electoral de “auténtico”,  si seguían vigentes  la prohibición constitucional y legal de hacer campaña. En lo que sí hubo un giro notable fue en  departamentalizar  la composición del TCP, en contradicción con el carácter “nacional” del Tribunal.

Una vez hechas las adecuaciones regulativas , el TSE   afinó en primer lugar  sus objetivos  y puso en marcha su estrategia de “comunicación” con grandes  recursos y medios para inundar el país con “información” selectiva sobre los “méritos” de los candidatos. En los spots,  los candidatos  se  complacen  en listar   los diplomados obtenidos en el mercado floreciente de títulos, y en repetir hasta el hastío  artículos constitucionales y de ley muy obvios,  que no proporcionan ningún conocimiento sobre lo que valen .

Pero a la vez el TSE  se ha  esmerado en descalificar    el voto “nulo”, y desactivar su potencial  disruptivo en sus   dos niveles:   en el político y en el legal. En  el político porque debe evitarse que   el voto “nulo” sea nuevamente     masivo y no marginal, y peor aún,  mayoritario respecto al  voto “válido”.

Y en el legal, pues la  alquimia   de ser una cosa para convertirse en otra,   es reforzada  por el sentido   que le otorga la Ley del Régimen Electoral en vigencia. Para el caso, en esta ley    existen dos artículos distintos.  Un artículo ( el 169 c)  hace referencia al   voto “nulo” en su sentido usual,  y que  como tal  figura aritméticamente en el acta de escrutinio. El  otro, que es  el 161, I, le reconoce una significación al voto “nulo”  que está   ausente en toda  la legislación comparada y en la legislación nacional pasada. Este segundo artículo   conceptualiza   el voto “nulo” como una manera de “manifestar” la “voluntad” del elector, junto al voto “válido” y al voto  “blanco”. Es decir, y  en primer lugar, el voto “nulo” sería  del mismo rango que el voto “válido”, pues  ambos “expresan” la voluntad del elector.

Con ello, y en segundo lugar, el artículo 161, I.   ha  elevado la categoría de ser  “nada” del voto “nulo” a la categoría  de “ser” algo: la de ser    parte de la voluntad popular y soberana,  que se  expresa de una cierta manera.  Ya no es la  pura     negatividad, susceptible de anulabilidad por no haberse votado “bien” siguiendo las pautas establecidas; ya no es el “mal” voto,  sin valor, de  “rechazo”, sino que expresa “positivamente” que no se está de acuerdo con los candidatos que le han sido propuestos  y ni con el sistema   que los ha producido.  En este sentido, el voto “nulo” vale.En tercer lugar, este reconocimiento tiene o puede tener consecuencias no sólo políticas sino legales,  que  rebasan el marco tradicional.  El que el voto “nulo” pueda ser  mayoritario respecto a los votos  válidos  y  valer como “manifestación” de la “voluntad” del elector con el mismo rango que el voto “válido”, puede cuestionar   la validez de la votación. Y así el voto “nulo” se convertiría   no sólo en fuente fáctica sino jurídica   de invalidación  de los resultados electorales. Todo esto sería congruente con su condición de ser   una “manifestación” de la voluntad del elector, que es tanto como decir soberanía popular, inalienable e inderogable.Sin embargo de estas implicaciones el órgano electoral no sólo  ha persistido en negar esta nueva realidad legal del voto “nulo”, sino que varios de sus vocales lo  han interpretado al revés, como una negación de la democracia,  e insistido   que  votar “bien” consiste en   optar por una candidatura de las listas   impuestas por el gobierno. Es decir, no sólo no se  cumple con el deber de señalar que el voto “nulo” vale, sino que además en los hechos todo su plan de información favorece a los candidatos del gobierno. Las amenazas de sancionar a los que convocan a votar “nulo” tienen el mismo propósito, pero carecen de  fundamento jurídico y   son  una imposibilidad práctica.   ¿Cuál es el juego  del TSE, que  hace posible que el gobierno se ocupe ante todo  de presionar por la reelección consecutiva, y no interferir en el proceso,  como lo hizo el 2011?.Por último, si al  proceso electoral   ya contaminado sumamos el hecho de que se votará  con  un  padrón biométrico no  auditado; en asientos y mesas electorales que han crecido desmesuradamente en los últimos años;  sin delegados de mesa con facultades legales de fiscalización,  entonces las llamadas “democracias en ejercicio” que tanto aficiona el órgano electoral,    no son en absoluto homologables  a la idea de democracia de las cartas, convenciones y pactos internacionales . Es la democracia “populista”  que mata la democracia  de los derechos garantizados y  hace imposible la justicia “justa”.