Jorge Lazarte R.
La afirmación que se escucha casi a diario , y con razón, de que la “justicia” está peor que nunca, sólo puede querer decir que la ocurrencia de recurrir al voto universal para elegir los altos magistrados del sistema judicial, ha fracasado doblemente: fracasó en la elección y fracasó en el desempeño de los “elegidos”.
En cuanto a lo primero, está claro que si relacionamos las falencias del proceso electoral con derechos que se violan y prohibiciones que abundan; con candidatos oficialistas y de escasa relevancia pública; con un órgano electoral salido de una chistera, de dudosa credibilidad y responsable de las fallas administrativas y logísticas; y con el sentimiento colectivo ampliamente difundido de que se jugaba con dados cargados, entonces se comprende que el resultado de la votación de octubre de 2011 hubiera sido un desastre , sin parangón no sólo en toda la historia electoral del país sino en la experiencia internacional.
El desastre electoral se patentizó en la relación inusual entre votos válidos y no válidos. Los votos no válidos fueron superiores( 59%) a la suma de los votos válidos( 40.72%). Es decir, los candidatos fueron rechazados mayoritariamente. Si desagregamos este resultado por ramas judiciales y nos referimos al Tribunal Contitucional– órgano jurisdiccional tan decisivo en la tutela de los derechos- el desastre fue más catastrófico aún . El candidato más votado obtuvo sólo el 15.55% de los votos válidos; el siguiente 10.49%, y la última candidata 5.07, con un promedio del 7.9% entre los siete “elegidos.Este rechazo tan contundente no fue un impedimento, sin embargo, para que el gobierno eufórico anunciara con fanfarrias que con la “elección” de los nuevos magistrados estaba naciendo una “nueva” justicia, que pondría en marcha la “revolución” judicial. Ni tampoco fue un disuasivo para que los magistrados del “pueblo”, muy sueltos de cuerpo, alegaran que habían sido “elegidos” por “el pueblo”. En ambos casos, unos y otros develaban lo que valía para ellos la “democracia” , aún en su sentido tradicional.
En descargo puede decirse que la fórmula legal de conteo de votos los amparaba, sólo que se trata una legalidad que en este caso reñía con el sentido común, abriéndose una brecha entre ella y la legitimidad, que les fue negada. En democracia ambas categorías deben aproximarse y no al revés.
En cuanto al segundo fracaso, puede decirse que el desempeño en la calidad e idoneidad de los “elegidos” en la admistración de justicia, fue otro desastre. El contexto de descrédito desde el principio de todo el proceso de votación fue un poderoso disuasivo para que juristas de calidad en el país no acudieran a presentar sus candidaturas, pero sí lo hicieran abogados muy cercanos al poder o al proceso de cambio- muchos de ellos cuando atravesaban la primera etapa de su carrera – promovidos por “organizaciones sociales” cooptadas por el gobierno, que creían que esos espacios de poder les pertenecía como coto privado. Se postularon a asesores jurídicos y personal de confianza pero de escasa fomación. La ausencia de calidad se intentó luego de atenuar con asesorías para cada magistrado financiadas por la cooperación internacional. En el Tribunal Constitucional Plurinacional(TCP), según datos conocidos, cada magistrado tenía 11 asesores y dos abogados. Las planillas de gastos del TCP habían crecido en más del doble el primer año, y en menos de tres años su personal se había triplicado. Cuanto más se crecía en estos rubros más bajaba su solvencia pública.
Esta abrupta llegada de “magistrados” improvisados a las más altas esferas de la justicia institucional junto a impulsos liberados por el entusiasmo de creerse “elegidos” , condicionó el ríspido y poco respetuoso relacionamiento entre muchos de ellos( con excepciones que no se recuerdan), con denuncias públicas permanentes, acusaciones mutuas, procesos judiciales, golpes internos de poder, conflictos sobre viajes , rencillas personales incontrolables, declaraciones altisonantes, etc., que escandalizaron por su surrealismo al país, hasta que lo habituaron. El entramado tan poco edificante y nada compatible con la dignidad del cargo, provocó la condena pública en cascada que no tardó en llegar. No sólo un 66% de los consultados en una encuesta era contundente en la reprobación de la la justicia , sino que lo lapidario era que juzgaba en un 56% que la justicia estaba “peor” desde las elecciones judiciales del 2011. Un encuesta mundial de Worl Justice Proyect(2016), confirmaba este descalabro, y colocaba a la justicia boliviana entre las 10 de menor confianza de 113 países, junto a Venezuela, el más bajo, cerca de Uganda, Pakistan, Zimbabwe.Ambos fracasos fueron como la caja de Pandora que dejó salir a los viejos y nuevos demonios, desde las lagunas o vacíos de formación de los jueces, las deficiencias de los mecanismos de elección; los huecos en la enseñanza universitaria; la incuria administrativa ; los prevaricatos y venalidades de siempre, hasta la escasa cultura jurídica de un país, tan afecto a la via expeditiva( 37% cree que el linchamiento es un derecho). No es ,pues, un azar que Bolivia figure entre los países donde menos se apoya al Estado de derecho en América Latina.Había fracasado la apuesta del gobierno de “descolonizar el derecho y nacionalizar la justicia”(2007). Y había fracasado con estrépito la revolución judicial “populista” fraguada en la Constituyente. La caja abierta arrasó con casi todo, y poco ha quedado en pie. La aspiración nacional de tener una justicia creible y confiable, está hoy más lejos que nunca. Lo que sí le fue exitoso, es la estrategia gubernamental de controlar el “poder” judicial que le fue funcional de manera selectiva.Y como los males no suelen venir solos, el cuadro deprimente se cierra, a modo de epitafio, con magistrados con procesos radicados en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, a la espera de una decisión política: de los 28 magistrados del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional, 17 enfrentan 84 procesos de responsabilidad con denuncias por manipulacion de cargos, prevaricato, uso indebido de influencias, falsedad ideológica y material, asociación delinctuosa, extorsión, entre las más notorias.Varios de estos procesos o denuncias proceden de unos magistrados contra otros . En cuanto a jueces y fiscales los cargos contra ellos por diversos delitos, son legión y radicados en otras instancias.Este es el saldo final de una experiencia que ni en los momentos de mayor delirio habría sido posible imaginar. Sobre los escombros hay necesidad de reconstiruir el sistema judicial inspirado en un modelo distinto al improvisado en la Constituyente y con operadores a los cuales las exigencias de imparcialidad , independencia , idoneidad y alta moralidad no sea un traje demasiado grande. Pero está claro que la revolución para una justicia “justa” debe empezar en la cabeza de los que tienen el poder en sus manos.