El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha estado dando señales ambiguas que buscan ofrecer la apariencia de imparcialidad, aunque el saldo final no deja lugar a dudas. Recientemente emitió un fallo que pone límites al derecho de las personas que han optado por una opción sexual diferente y que han cambiado su identidad, de acuerdo a una norma que les permite elegir llamarse Juan en lugar de María y viceversa.
Los activistas que impulsan la ideología de género intentaban legalizar el matrimonio homosexual a través de un atajo, pero el TCP lo impidió con dictamen que contradice la tendencia impulsada por la hegemonía política en auge. Pero la palada de arena que le da consistencia a la mezcla de “proceso de cambio” vino por el lado de otro pronunciamiento que deja bien claro quién manda en Bolivia.
Se trata de la declaración de constitucionalidad de la Ley de la Coca que duplica la cantidad de hectáreas legales del Chapare donde, según las leyes vigentes, toda la coca del Trópico Cochabambino es ilegal y donde, según las estadísticas, más de 90 por ciento de la producción tiene como destino el narcotráfico. En estas circunstancias ya se puede anticipar lo que dirá el TCP sobre la reelección indefinida.
Fuente: eldia.com.bo