El director de la entidad dice que la ONG tiene 45 años en Bolivia y que antes del gobierno de Evo Morales, a ninguna autoridad se le ocurrió fustigar a los centros de investigación.
ASFI congela cuentas del Cedib y éste denuncia ataques del Gobierno
El congelamiento de cuentas impide el cumplimiento de obligaciones sociales al personal, en su mayoría mujeres
El Cedib guarda uno de los archivos más documentales de Bolivia. Foto: Los Tiempos/ ArchivoLa Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) congeló de manera sorpresiva y sin notificación previa las cuentas bancarias del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), lo cual pone en grave riesgo a esta entidad, sin fines de lucro, para continuar con su trabajo de investigación y de defensa de los derechos humanos y medioambiente.La información fue proporcionada por el director ejecutivo del CEDIB, Marco Antonio Gandarillas, quien señaló a ANF que el día martes 28 de de noviembre esta institución fue ingratamente sorprendida cuando fue impedida de realizar transacciones bancarias.»Al consultar al respecto a nuestro banco, éste nos informó que nuestras cuentas fueron congeladas por orden judicial a requerimiento de ASFI», dijo.Gandarillas consideró que este hecho no es casual porque forma parte de un sistemático ataque al CEDIB promovido desde el Poder Ejecutivo, y dejó en claro que esta entidad sin fines de lucro no fue notificada oficialmente sobre la referida orden judicial, algo que, desde ya, es irregular y atentatorio al derecho a la debida defensa.»Nos encontramos nuevamente en una situación de grave riesgo a la continuidad de nuestras labores, nuevamente desde el poder político se nos ataca para impedir nuestro normal funcionamiento como centro de investigación independiente y organización defensora de derechos humanos y el medioambiente», afirmó Gandarillas.ANF se comunicó con la ASFI para conocer las razones del congelamiento de cuentas del CEDIB, requerimiento que está siendo procesado para su respuesta oficial.Ataques sistemáticos El director ejecutivo del CEDIB señaló que tal como se hizo conocer a instancias de derechos humanos de las Naciones Unidas el 24 de julio de 2017, en los últimos años esta institución fue víctima de ataques sistemáticos y permanentes de parte del poder político (Gobierno) que ha tratado de inviabilizar su trabajo por distintas vías.Citó como parte de este esquema de ataques, la imposición de las más severas restricciones legales a su existencia legal (a través de la Ley 351), al hostigamiento y acoso administrativo, descalificaciones y amenazas públicas de altas autoridades del Gobierno, imposición de multas y sanciones económicas injustas, amenazas violentas al ejercicio de sus derechos a la libertad de información y expresión, desalojo forzoso de su sede mediante amenazas a su integridad personal y patrimonial por parte del Rector de la UMSS.Dijo que lo más reciente fue la anotación preventiva de los bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias del CEDIB, considerado el más duro de los ataques «ya que conlleva enormes perjuicios y pone en riesgo la continuidad de sus labores. Es un ataque del poder político que pretende obstruir el trabajo de información e investigación independiente y defensa de derechos humanos y la naturaleza que promueve nuestro centro».El congelamiento de cuentas según Gandarillas impide el cumplimiento de obligaciones sociales al personal del CEDIB, en su mayoría mujeres y jefas de hogar, lo cual también vulnera derechos laborales.»El caso de CEDIB no es aislado, ocurre en un entorno nacional muy restrictivo para las organizaciones de la sociedad civil, en especial para los y las defensores de Derechos Humanos. Lo que demuestra un comportamiento sistemático del Gobierno por restringir libertades básicas y la necesidad de ésta de volcar sus esfuerzos en defenderse de los ataques constantes del Estado», aseguró.El CEDIB no sólo generó investigación sobre el extractivismo en Bolivia y sus consecuencias socioambientales, sino que también presentó recursos en contra del Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en casos de alta relevancia.Junto a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), el CEDIB presentó un recurso cautelar ante la CIDH en contra de la Ley 351 de Personerías Jurídicas de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y su reglamento, por considerar que estas normas atentan a los derechos elementales que hacen a la libre asociación.También presentó un recurso cautelar ante la CIDH junto a la Central de Comunidades Indígenas Tacana II Río Madre de Dios (CITRMD), el (CEJIS) y la (APDHB) para proteger de un posible etnocidio al pueblo no contactado probablemente Toromona, del que alertaron los indígenas de la TCO Tacanas II y la china BGP encargada de las actividades de exploración hidrocarburífera.El CEDIB está a cargo del Fondo Documental Hemerográfico declarado Patrimonio Documental de Cochabamba que también se encuentra en alto riesgo, luego de que fueran desalojados de las instalaciones de la UMSS por órdenes del rector, Álvaro Ríos, afín al Gobierno.Este viernes el CEDIB recibirá el reconocimiento a su labor: «Defensores de los Derechos Humanos 2017» por el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos. / EL DEBER
Congelan las cuentas bancarias y anotan los bienes del CEDIB
El director de la entidad dice que la ONG tiene 45 años y que antes del actual gobierno, a ninguna autoridad se le ocurrió fustigar a los centros de investigación.El CEDIB investiga, publica libros y documentos.Página Siete / La Paz El Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) denunció que está en riesgo su funcionamiento. Esto debido a que recientemente congelaron sus cuentas bancarias y sus bienes también fueron anotados de manera preventiva.“Nos encontramos nuevamente en una situación de grave riesgo para la continuidad de nuestras labores, nuevamente desde el poder político se nos ataca para impedir nuestro normal funcionamiento como centro de investigación independiente y organización defensora de DDHH y el medioambiente”, se lee en el pronunciamiento que emitió su directorio.Marco Gandarillas, director ejecutivo del CEDIB, sostuvo a Página Siete que el centro que preside tiene 45 años de vigencia; y que antes del Gobierno a ninguna autoridad del Órgano Ejecutivo “se le ocurrió descalificar públicamente a organizaciones defensoras de derechos humanos como a los centros de investigación”.Gandarillas anunció que encararán las acciones legales, como también harán conocer a la comunidad internacional la situación del centro de investigación.En el pronunciamiento que emitió esa instancia –suscrito por Gandarillas y de la Presidenta del Directorio, Carmen Guardia– se indica que la nueva arremetida contra ese centro de documentación tiene como punta de lanza el “sorpresivo congelamiento de cuentas bancarias”. “El día martes 28 del presente (noviembre) nos sorprendió que ya no pudiéramos realizar transacciones bancarias, al consultar al respecto a nuestro banco, éste nos informó que nuestras cuentas fueron congeladas por orden judicial a requerimiento de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI”, relatan en el comunicado.Los ejecutivos del CEDIB dicen que este centro “no ha sido notificado oficialmente sobre la referida orden judicial, algo que, desde ya, es irregular y atentatorio a nuestro derecho a la defensa”.Sobre el proceso que está “detrás” del congelamiento, mencionan que, de forma extraoficial, saben “que se trata de un proceso contencioso administrativo, demandado por el rector de la UMSS, Juan Ríos (de fecha 03/11/2017), él mismo que nos desalojó forzosamente de nuestra sede en mayo de este año”.Agregan que el proceso judicial demanda la suma de 152.729 dólares “por incumplimiento de contrato, pago de montos adeudados, daños y perjuicios y lucro cesante”.El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, advirtió en pasados días que las ONG que no se adecuaron a la Ley 351 de Otorgación de Personería Jurídica cometieron “desacato” y eso tiene sus consecuencias.CEDIB forma parte de una lista de organizaciones que supuestamente conspiran contra el Gobierno porque asumió posición en cuanto a la defensa del medioambiente y los indígenas.