YPFB, Banco Unión y Fondo Indígena.
NEMESIA ACHACOLLO, EX MINISTRA DE DESARROLLO RURAL Y PRESIDENTA DEL DIRECTORIO DE FONDIOC.Al menos tres grandes casos de corrupción en empresas y entidades financieras públicas se sucedieron entre 2015 y 2017, echando por tierra la credibilidad del Gobierno en el manejo y administración de la cosa pública • El presidente Evo Morales advirtió que las investigaciones en el caso Fondioc se llevaría a cabo, «caiga quien caiga». Guillermo Achá ex presidente de YPFB fue implicado por la Contraloría en la compra irregular de equipo petrolero. • Nemesia Achacollo y Julia Ramos ambas ex ministras de Estado abandonaron las celdas y gozan hoy de detención domiciliariaEl 2017 estuvo marcado por escándalos vinculados a la corrupción en la estratégica YPFB, en torno a un contrato fallido con la italiana Drillmec para la compra de taladros por $us 148 millones y la anulación de la adjudicación del millonario contrato con Technimont, tras detectarse varias irregularidades en la adjudicación para la construcción de las plantas de Polipropileno y Propileno en el sur boliviano.
JUAN PARI, ALTO FUNCIONARIO DE OFICINAS REGIONALES DEL BANCO UNIÓN.BANCO UNIÓNFue también el año en que el Banco Unión puso en entredicho los sistemas de seguridad interna y externa, con el desfalco más llamativo de la historia del sistema financiero boliviano, el cual comprometió Bs 37,6 millones y cuya cabeza visible –por lo menos hasta la fecha- es Juan Pari, encargado de agencias regionales de la entidad en Batallas y Achacachi.El caso taladros en teoría no causó daño económico al Estado, porque no se desembolsó ni un peso en favor de la empresa proveedora. Sin embargo, las enmiendas irregulares realizadas para favorecer a la italiana terminaron arrastrando al menos a seis funcionarios de YPFB, entre asesores legales e ingenieros petroleros del área de perforación, a diferentes cárceles del país.El expresidente de YPFB, Guillermo Achá, recibió otro trato, se benefició con la detención domiciliaria, mientras que la exgerente de Contrataciones, Paola Oporto, fue imputada pero sigue en libertad.Sin embargo, la Contraloría implicó a Achá en este caso junto a 19 de sus colaboradores. El ex ejecutivo de YPFB había modificado sin respaldo de norma alguna los precios referenciales de los taladros con clara intención de favorecer a la empresa italiana, Drillmec, que amenazó al Gobierno en convertir el caso en asunto de Estado.
GUILLERMO ACHÁ, EXPRESIDENTE YPFB.DENUNCIALo que empezó con una denuncia de corrupción presentada por el senador de oposición Óscar Ortiz (UD), logró que el jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, impulsara una investigación interna que confirmó que el proceso de contratación de equipo de perforación para YPFB estuvo plagado de irregularidades que pretendían direccionar el contrato.El informe, que excluía a la exGerente Legal Corporativa fue remitido al Ministerio de Justicia y Transparencia, el cual optó por solicitar a la Fiscalía la apertura de un proceso penal.Sin embargo, en criterio de Ortiz, el caso taladros terminó diluyéndose en el ámbito de la justicia. “En este caso, se repite y ratifica el modus operandi del MAS que es depositar toda la responsabilidad sobre mandos medios, como que en efecto hay seis funcionarios que están detenidos por medio año y no se conoce del avance del proceso (…). Se ratifican los privilegios porque nunca se incluyó en el proceso a los vicepresidentes ni a la Gerente de Contrataciones, pese a que se le atribuye que tiene una responsabilidad enorme en el caso, señora Oporto, ni al Vicepresidente de Exploraciones quien fue el que firmó el contrato y también la recisión”, refirió el parlamentario.SHOWCalificó el proceso como “un show”, que después de un tiempo terminará languideciendo con la colaboración de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, tal como sucedió en el caso del Fondo Indígena (Fondioc), que benefició con libertad a la dirigente de la CIDOB afín al Gobierno, Melva Hurtado, quien tenía en sus cuentas particulares 21 millones de bolivianos, y la detención domiciliaria a las principales acusadas como la exministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo y la exministra y exdirigente Julia Ramos. El presidente, al enterarse del caso, dijo públicamente que se sentaría precedente, “caiga quien caiga”, compromiso que no cumplió.Para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, el tema de la corrupción es una lacra de la sociedad y debe ser extirpada. “Afecta a las grandes empresas, a la sociedad a la imagen del país, es un tema grave que hay que combatirlo desde todos los frentes, tanto desde el sector público, como privado”, expresó.El empresario advirtió que cuando la imagen de un país está afectada por la corrupción, es más difícil hacer negocios, porque incide en el clima de inversiones. “El tema de la corrupción es grave y le pedimos al Gobierno que lleve adelante las investigaciones, que no queden en la sombra”, afirmó.El Diario / La Paz