Presión y agresión al uso de suelo, base de asentamientos informales

La presión y las agresiones contra el uso de suelo en Cochabamba ya no sólo comprometen la pérdida de áreas verdes, agrícolas, servidumbres ecológicas y franjas de seguridad; sino también de vidas.Ni las tragedias de las familias en Nueva Jerusalén y Villa Primero de Mayo en Cochabamba y Chillimarca en Tiquipaya han servido para revertir los asentamientos irregulares; las alcaldías tampoco han iniciado acciones para recuperar estos espacios.

La situación se replica en el resto de los municipios como en Quillacollo, donde hay construcciones cerca de quebradas. También hay ejemplos cercanos como el cierre de la calle Aiquile con una reja o los pasajes de La Rinconada en el cerro San Pedro.Los loteamientos, la invasión de áreas verdes, agrícolas, de equipamiento, torrenteras, cauces de ríos y lagunas son las agresiones más frecuentes.PobrezaLas autoridades consideran que una causa para los asentamientos informales es la migración. La gente busca cualquier espacio para asentarse, siempre y cuando sea barato.Los ambientalistas añaden que los asentamientos son un “caldo de cultivo” para la corrupción.Explican que los atentados contra los espacios se dan por dos motivos. Uno es el mercado de tierras y otro la herencia que dejan agricultores a sus hijos. Esto provoca que se urbanicen áreas agrícolas.Los asentamientos informales son la mayor presión sobre el suelo.Se tienen loteamientos tanto en el sur de la ciudad como el norte. Los distritos 1 y 2 en el norte y 8, 9 y 14 en el sur son los más afectados, explicó el secretario de Planificación de la Alcaldía, Manuel Prado.“Los asentamientos humanos son difíciles de controlar, porque crecen muy rápido. Las subalcaldías tendrían que regular, pero son rebasadas”, señaló.Uno de los atentados más graves se gesta desde hace dos años en la laguna de Quenamari o Albarrancho, cerca de la zona franca. En el lugar no hay rastro de la laguna.“Es una forma de lotear. La misma gente de la zona se da cuenta del valor de un terreno y comienzan a poblarlo, aunque en este caso haya sido una laguna y el terreno no sea estable”, alertó el representante del Colectivo Socio Ambiental de Cochabamba (Cosac), Jaime Ponce.El cerro de Quenamari, de gran valor ecológico y arqueológico, también es invadido por el loteadores y la Alcaldía de Colcapirhua que pretende construir una planta de tratamiento de aguas servidas, pero en territorio de Cercado, según el Cosac.En el sector este del cerro Quenamari también está siendo loteado. A simple vista se observan al menos 30 viviendas y caminos que hace algunos meses no existían.Otra forma de lotear es a través de clanes o grupos externos a las comunidades que ven en ciertos lugares que no existe un dueño, sanean tierras y luego las venden sin importar los riesgos del lugar.Esto se evidencia principalmente en los cerros, donde no se respetan las torrenteras y se “cuadricula” el sector sin pensar en áreas verdes.Las viviendas son precarias y se construyen con rapidez, pues no se emplea ninguna medida de seguridad.Esta situación se evidencia principalmente en el Distrito 9, donde la gente compra lotes desde 5.000 hasta 15.000 dólares, según el tamaño. Construyen sus casas sin ninguna regla arquitectónica, lo cual también es un riesgo.“No sólo se trata del lugar donde se construye, sino también de la forma en que se lo hace. Si una construcción no está bien hecha, se genera un factor de riesgo”, dijo Prado.Por su parte, el alcalde José María Leyes atribuye esta situación a la pobreza que genera migración de las provincias y otros departamentos.“La pobreza es la causa de fondo. La gente llega de las provincias para buscar mejores oportunidades y los loteadores se aprovechan para venderles terrenos a un precio mínimo, pero en zonas donde no se debe construir”, afirmó Leyes.Áreas verdesEl presidente del Concejo Municipal, Iván Tellería, señaló que en lo que va de la gestión se tuvieron 50 audiencias públicas de vecinos que denunciaron el avasallamiento de las áreas verdes.Sin embargo, agregó que en muchos casos, los dirigentes y algunos vecinos son cómplices de las invasiones.“No se supo cuidar las áreas verdes desde hace muchos años atrás (…) No hubo una planificación y la gente no entiende cuando se les va a notificar y no quiere cumplir la norma”, afirmó Tellería.Otra forma de agresión al suelo se da en La Maica. Existen tres situaciones.La primera es que las herencias generan división de tierras. La segunda es la pérdida de la vocación agrícola y la tercera, las casas fuera norma.“Se retacean los terrenos y los hijos construyen. Se pierde la vocación agrícola, porque no hay una norma que exija un espacio para producir. Además, construyen sin dejar acera, no se piensa en áreas verdes y ninguna autoridad interviene”, dijo Ponce.



Vecinos protestan por la instalación de una reja en la calle Aiquile.
Daniel James

SEPA MÁS

Crece mancha urbana en Colcapirhua

Para aprobar la mancha urbana, las familias están aprobando construcciones en el municipio, pero se denunciaron irregularidades.

La gente pobre es la más afectada

Según las autoridades, los loteadores se aprovechan de la gente pobre para expropiar sus terrenos y revenderlos.

Sacaba también presenta loteamientos en El Abra

San Pedro, por El Abra, tiene avisos de lotes en venta, pero es un área protegida.

Edificación irregular cerca de Colcapirhua.
Carlos Lopez

Aparece un supuesto dueño en las “lomas”

Luego de varios años de los asentamientos en las Lomas de Santa Bárbara, un supuesto dueño apareció con derecho propietario exigiendo el pago por los lotes a cada familia.Dijo que compró varias hectáreas del cerro a una mujer que falleció hace más de 30 años. Sin embargo, un grupo de vecinos conoció que el documento de venta se anuló poco antes del fallecimiento de la vendedora, pero no se inscribió en Derechos Reales.Las familias aseguran que temen, porque quienes no pudieron pagar fueron desalojados. Mientras tanto, los dirigentes de la zona avalan el actuar del supuesto dueño, pero acordaron que ellos no pagarán por el terreno al nuevo propietario.

Viviendas sobre la cota 2.750 del Parque Tunari.
Daniel James

OPINIÓN

“Un recurso natural tan limitado debería protegerse”

GREGORY PAZ RPTE. SOCIEDAD GESTIÓN AMBIENTAL DE BOLIVIAEl principal problema es la presión sobre la tierra, la falta de planificación y de autoridad. Yo creo que un recurso natural limitado, como las tierras productivas, que existe debería ser de protección primaria.En el Proyecto Misicuni, hace 30 años atrás, ya se preveía y se prohibió la utilización en la zona agrícola, porque al ritmo que vamos ya no habrían terrenos agrícolas que regar. Esa previsión se ha cumplido. Las zonas que tenía que regar Misicuni ahora son urbanas. Al municipio, por su visión cortoplacista, le convenía hacer pasar los suelos agrícolas a urbanos.

Fuente: lostiempos.com