Un desfalco en Defensa que se ocultó dos años

Bolivia/Corrupción. Funcionarios sustrajeron Bs 3 millones en cheques, monto que fue destinado para comprar un terreno y vehículos. Un coronel de Ejército guardó el secreto y no denunció por temor a perder los recursos.Ferreira reveló una red de corrupción en su ministerio. Foto:Archivo / Página SieteFue nada menos que un militar el que ocultó el secreto. En su condición de director administrativo del Ministerio de Defensa, el coronel de Ejército Remmy Augusto Bernal Sanginés  conoció el desfalco de tres millones de bolivianos ejecutado por funcionarios el año  2015.Su reacción sui generis llamó poderosamente la atención, pues al esconder el delito dio un plazo a los involucrados para que devuelvan el dinero sustraído. Su objetivo era recuperar el monto perdido de la cartera de Estado.Sin embargo, dos años después se conoció el caso. En septiembre de 2017 el Ministerio de Defensa presentó una denuncia contra seis personas, cinco exfuncionarios y una civil, ante la Fiscalía. La Policía dio a conocer  el hecho y comenzó la investigación.Días después de la revelación, el ministro de esta cartera, Reymi Ferreira, aseguró que dentro de la institución operaba una red de corrupción que se dedicaba a sustraer recursos del Estado con cheques sin sustento y mediante compras irregulares.“No tengo pruebas ni nada, pero tengo la certeza de que esto es parte de una red, por eso es que cuando se hizo el operativo se ha pedido que declaren todos y van a declarar todos”, afirmó el Ministro.Parte de esta red estaba conformada por el encargado de firmar los cheques, Germán C.P., en complicidad con Vladimir Jorge O.C. Ambos firmaron esos documentos en favor de  Wilma Verónica Calisaya, concubina del primero. El dinero fue retirado, una parte fue para comprar un lote de terreno en 150 mil dólares y vehículos; la otra parte fue guardada por los implicados.En primera instancia la Policía detuvo a seis personas, que después de ser imputadas un juez los envió a la cárcel.Días después cayó el director administrativo. Pero para él Ferreira tuvo declaraciones tibias.  “En lugar de hacer eso (denunciar a los funcionarios)  les da un plazo de seis meses para que devuelvan el dinero, en mi razonamiento y según las investigaciones de las declaraciones, dijo que si hacía la acción penal iba a desaparecer el dinero, que prefería que esos recursos vuelvan”.La Fiscalía fue más dura. Abrió la pesquisa contra Remmy Augusto Bernal por los delitos de incumplimiento de deberes y encubrimiento de legitimación de ganancias ilícitas. Un juez determinó enviarlo a la cárcel de San Pedro con detención preventiva.Más tentáculos de la redEl encubrimiento de los miembros de la red fue en cadena, según los datos que obtuvo el ministro Ferreira,  llegó hasta la dirección administrativa. “Si no fuera gente de adentro que denunció, de repente hubiera pasado desapercibido”, dijo.Al margen de las siete personas investigadas y encarceladas, el Ministerio de Defensa considera que hay otras dos que están prófugas, por lo que sostuvo que hay más tentáculos en otras áreas de esa cartera que deben ser investigadas, pero hasta la fecha no se conoció sobre más detenciones u otras investigaciones que establezcan que opera una organización interna de corrupción.   El Ministro reconoció anteriormente que  hay fallas en los controles cuando se emiten cheques desde la unidad de tesorería. Hasta septiembre, sólo dos firmas se necesitaban  para aprobar los cheques. La autoridad  anunció que se iban a activar otros mecanismos de fiscalización como, por ejemplo, que esos y otros documentos pasen por la unidad de transparencia.El desfalco en el Ministerio de Defensa cobró más fuerza porque se conoció días después del escándalo por el desfalco del año: el del Banco Unión de 37 millones de bolivianos.Cuando todos los ojos estaban puestos en este robo comandado por Juan Pari, actualmente detenido en el penal de Chonchocoro, el caso del Ministerio de Defensa pasó a segundo plano. Tanto así que no se activó una investigación que se debía seguir sobre las empresas proveedoras de la cartera de Estado, con quienes había contratos para diferentes ítems. No obstante, este aspecto de la pesquisa no fue contemplado aún.Página Siete / Daniela Romero / La Paz