Hasta 2017 se gastaron Bs 151 millones en el nuevo Legislativo de Bolivia

La nueva construcción de la Asamblea demandará un gasto de Bs 189,9 millones en su primera fase. Legisladores discrepan sobre los beneficios del edificio.La maqueta del nuevo edificio, que se exhibe en la ALP. Foto: Página SieteLos trabajos que se realizan en la nueva infraestructura. Foto: Freddy BarraganHasta diciembre de 2017 se gastaron 150,9 millones de bolivianos en la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)  y para  este año se presupuestaron  172,4 millones, según datos  del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y el Presupuesto General del Estado (PGE) 2018.Las cifras fueron confirmadas por el director de la Unidad Ejecutora  del edificio,   Alfonso Oblitas, quien revisó los datos que aparecen en el gráfico que ilustra esta página.Las obras para este nuevo edificio comenzaron en 2015 y en la actualidad ya se cuenta con ítems para gastos de “consultoría”, “construcciones”, “supervisión de obra” y “otros”.De los 150,9 millones de bolivianos que se gastaron hasta diciembre de la gestión pasada, el ítem de “construcciones” demandó un gasto de 133,5 millones de bolivianos.En el caso de las “consultorías” (por producto y en línea) estos servicios representaron un gasto de 7,9 millones de bolivianos, además de que se destinaron 8,3 millones más en la “supervisión de  la obra”. Por último, en el ítem reservado a “otros gastos” hay   1,1 millones de bolivianos.Con el presupuesto inicial y el de este año en   la nueva edificación   de la Asamblea  se prevé que los gastos llegarán a  323,4 millones de bolivianos, dependiendo del nivel de ejecución.Se informó que la obra en su primera fase  costaría 189,9 millones de bolivianos. El 3 de mayo de 2016,  Oblitas  aclaró que el costo de la obra gruesa del nuevo edificio es aproximadamente el 60% del costo total de la obra.El especialista en descentralización Julio Linares opinó que las cifras del gasto en la remozada sede de la ALP servirían para construir y equipar cuatro hospitales de segundo nivel, o dos nosocomios de cuarto nivel, categoría en la que se ofrecen todas las especialidades, con equipamiento médico incluido.Al respecto, el diputado por Unidad Demócrata (UD) Amilcar Barral opinó  que si bien el gasto en la construcción del edificio legislativo es oneroso, se justifica más que el nuevo palacio presidencial. “Si lo comparamos con construcciones como la del nuevo Palacio de Gobierno o el Ministerio de Economía, yo veo que es más útil hacer este nuevo edificio, ya que alberga a una cantidad enorme de legisladores y funcionarios, que tenemos que trabajar en medio de ratas y cucarachas, donde no tenemos ni sillas para recibir a los legisladores del interior”, dijo.En la actualidad, la Asamblea  alberga a 260 diputados y 62 senadores, en ambos casos entre titulares y suplentes.Para el también diputado opositor Wilson Santamaría, el dinero destinado a esta obra debería haber sido usado en otras obras, como la construcción de hospitales y equipamiento médico.  “Ese edificio debería ser un hospital en beneficio del pueblo boliviano, porque el pueblo lo financió. Ese tipo de gasto es irresponsable, porque con eso podríamos poner radiógrafos, tomógrafos u otros aparatos para la lucha contra el cáncer. Si me toca decidir, lo vuelvo hospital para la gente”, observó.En contraposición, la senadora Carola Arraya, del Movimiento Al Socialismo (MAS),   sostuvo que el gasto en la construcción del Legislativo es necesario para renovar un inmueble que tiene  más de 110 años de uso. “Era necesario renovar el edificio, estamos abarrotados en una infraestructura que no da las condiciones para trabajar. Además, para la construcción de la nueva Asamblea y La Casa Grande del Pueblo no es que se está quitando presupuesto de otras partidas”, aseguró Arraya.La opinión de la legisladora oficialista  fue compartida por el diputado Alex Mamani, del MAS,  quien sostuvo que los actuales ambientes de la Asamblea quedaron pequeños para las actividades que se realizan, y que el edificio permanecerá al servicio de los próximos legisladores.“Este edificio va a quedar para los próximos gobiernos que van a venir, esto se va a quedar para el pueblo, no es que se lo va a llevar el presidente Evo Morales. El gasto era necesario para darnos comodidad y centralizar todas las oficinas, comisiones y comités”, mencionó.El nuevo edificio de la Asamblea  tendrá 20 pisos, contará con una estructura antisísmica y salas para diputados y senadores.Legisladores dicen que aportaron con ahorrosEl gasto que representa la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional en parte es cubierto con el ahorro de los senadores y diputados, quienes llevaron a cabo un plan de austeridad para crear un fondo destinado a la obra.“Como legisladores, desde hace cinco años llevamos a cabo un plan de austeridad, con el que hemos reducido nuestros gastos, por ejemplo en el papel y otros ítems, que nos han permitido aportar ese dinero a la construcción de este nuevo edificio”, declaró la senadora oficialista Carola Arraya, quien es presidenta de la brigada parlamentaria de Cochabamba.Asimismo, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, informó en 2016, cuando comenzaban a ejecutarse las obras, que el nuevo edificio de la Asamblea, que los legisladores de oficialismo y oposición aceptaron recortar sus gastos para invertir ese dinero en la edificación.“Este edificio se va a construir con el ahorro de cada uno de los diputados y senadores que desde hace  años vienen aportando dinero, y quiero felicitar eso”, manifestó García Linera, antes de colocar la piedra fundamental de la nueva infraestructura.El edificio de la ALP consta de cinco plantas subterráneas o de subsuelo, que serán destinadas a los parqueos, oficinas y almacenes, en tanto que los 20 pisos superiores serán usados por los legisladores, sus comisiones y distintos comités.La Asamblea estará ubicada en la parte trasera del actual Palacio Legislativo, en la calle Comercio esquina Colón.Casos de corrupción estatal detenidosJusticia acelera procesos contra opositores y frena contra oficialistasMientras el Órgano Judicial activa todos sus mecanismos con celeridad para procesar a autoridades de la oposición que presuntamente cometieron delitos de corrupción, el trato que le da a varias denuncias de corrupción que involucran a exfuncionarios del oficialismo es hasta benevolente, con procesos estancados en el tiempo y que duermen en los archivos de la Fiscalía. En más de un caso, los exfuncionarios procesados fueron designados en cargos diplomáticos.En un breve recuento de cinco casos de corrupción al interior de empresas estatales y otros relacionados a dirigentes sociales que se oponen al Movimiento al Socialismo (MAS), demuestran el trato discrecional del Órgano Judicial que actúa con celeridad en contra de opositores y no así contra funcionarios del Gobierno.ALGUNOS PROCESOSEntre uno de los casos más emblemáticos está el desfalco al ex Fondo Indígena, que estalló el 14 de febrero de 2015 y un estudio de la Fundación Pazos Kanki calcula alcanza a 182,7 millones de dólares, a la fecha no se tiene sentencia contra la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, quien sólo fue imputada y goza de detención domiciliaria.La presión social y la intensa crítica política fueron factores determinantes para que la exminstra sea procesada, pero esto se logró un año y medio después, es el 03 de agosto de 2016.A diferencia de Achacollo, procesada en solo uno de los 134 casos abiertos por desembolsos en proyectos fantasmas o desvío de recursos estatales, el exdirector del Fondo Indigena, Marco Antonio Aramayo, fue imputado en más de 100 ocasiones, luego de que revelara que todo el directorio incluida Achacollo y los Ministerios de Economía y de Planificación conocían de todas las irregularidades desde el 2013.Un segundo caso es el de Barcazas Chinas, donde el Estado pagó al contado más de 29 millones de dólares por 16 barcazas y dos remolcadores, donde desde el 2012 solo se procesó y al momento están a la espera del inicio del juicio, al personal de responsabilidad intermedia.La Fiscalía General nunca investigó al exministro de Defensa, Rubén Saavedra, y personal del Banco Central de Bolivia que no informaron del vencimiento de las boletas de garantía.La recuperación de la propiedad legal y el arribo de las 16 barcazas chinas continúan sin fecha.Otro caso de supuesta corrupción, del que la Fiscalía General ha denegado toda información es la de compra con sobreprecio de aviones y motores para Trasportes Aéreos Militares con antecedentes desde 2007, donde el principal implicado es el general Gonzalo Duran, designado Comandante de la Fuerzas Armadas (FFAA) en 2016 y desde el año pasado (2017) ocupa cargo diplomático ya que la Cancillería lo designó embajador de Bolivia en Francia.Por dichas compras irregulares fueron procesados personal subalterno que al denunciar los procesos en su contra, fueron dados de baja sin derecho a reincorporación.MOCHILAS VERDESEn Cochabamba, se tiene la polémica sobre la celeridad que la Fiscalía actúa en la investigación de la compra de mochilas chinas en la gestión de José María Leyes y no así en proceso por el puente colapsado.En este último caso, hace una semana se hizo público el audio donde se revela que el fiscal departamental, Oscar Vera presiona a la comisión de fiscales para que dilaten el proceso para no perjudicar al exalcalde del MAS, Edwin Castellanos, el ‘Cholango’.CASO ZAPATAPero la más polémica de las actuaciones de la Fiscalía el Poder Judicial, en relación a casos de corrupción del Gobierno, fue la de supuesto tráfico de influencias de la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, para favorecer con millonarios contratos a la Empresa China CAMC.Dichas acusaciones nunca fueron investigadas por la Fiscalía General a cargo de Ramiro Guerrero y la sentencia de 10 años contra Zapata y otras cuatro personas se emitió por legitimación de ganancias cuya apelación aún está pendiente.Página Siete / La Paz