A un mes de detención piden libertad de Leyes y empresarios no aparecen

A casi un mes de la detención del alcalde José María Leyes, por la presunta compra con sobreprecio de mochilas para los escolares, su defensa agota los recursos legales para que recobre su libertad y vuelva a trabajar en el municipio. Entretanto, el Ministerio Público continúa investigando a los funcionarios que intervinieron en la contratación, pero aún no da con los empresarios que trajeron los productos ni con los exsecretarios de Atención al Ciudadano y Finanzas.  

El 21 de mayo se cumple un mes de la detención domiciliaria del alcalde José María Leyes y su defensa alista una acción de libertad, después que ayer la jueza Sandra Vargas, en suplencia de Sara Céspedes, suspendió la audiencia de modificación de medidas cautelares, porque la alta carga laboral.



Uno de los abogados de Leyes, Humberto Trigo, informó que el lunes presentarán una acción de libertad. La audiencia de modificación fue reprogramada para el 29 de mayo a las 9:00 en el juzgado anticorrupción.

Por otro lado, Trigo señaló que asumirán acciones penales contra “las personas que cometan un error judicial y acusen falsamente al Alcalde” y “serán denunciadas por este equipo jurídico, una equivocación como la que se está cometiendo no la vamos a permitir”,  manifestó.

Logos

Trigo aseveró que cuentan con certificaciones que explican que los logos que presuntamente se filtraron ya eran conocidos en abril por la Feicobol, la Confederación de Empresarios Privados y parte de la Alcaldía. “En realidad desde abril estaba en dominio de la gente, si alguien quería fabricar algo podía hacerlo”, explicó.

De igual manera, informó que los representantes legales de las empresas Mane Comp y MSPC, María René Ramírez y Juan de Dios Morales, que cuentan con orden de aprehensión por no presentarse a declarar tienen una acción de libertad para evitar se cumpla el mandamiento de apremio.

Investigación

El 2 de abril, la concejala Rocío Molina (MAS) destapó la denuncia sobre la compra de mochilas chinas con sobreprecio. El 3 se presentó la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión de seis delitos. El 5 de abril, el ministro de Justicia, Héctor Arce, decidió sumarse al proceso y denunció una “estafa” por parte del municipio. El alcalde José María Leyes suspendió el pago de 12,4 millones a los proveedores de las mochilas.

El Ministerio Público y los investigadores de la Felcc realizaron el primer allanamiento de la Secretaría de Desarrollo Humano, en el que secuestraron 14 CPUs. El representante del Viceministerio de Transparencia, Ever  Veizaga, denunció  que los discos duros fueron cambiados.

El 26 de abril, el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, lanzó la segunda denuncia contra el alcalde José María Leyes por la compra de 91.300 mochilas en 12,6 millones de bolivianos a la Asociación del Norte en 2017 con un sobreprecio del 500 por ciento.

Las declaraciones vertidas por funcionarios ante los investigadores apuntan al secretario de Atención al Ciudadano, José Miguel Padilla, como uno de los principales partícipes en los hechos de corrupción denunciados.

El representante del Viceministerio de Transparencia  refirió que este funcionario es investigado para determinar el grado de complicidad en el caso mochilas.

 

PUNTOS DE VISTA

«Procesaremos a todas aquellas personas que declaren en contra el Alcalde y no tengan pruebas, asumiremos medidas legales». Humberto Trigo. Abogado Leyes

«Consideramos que la presencia de Sergio Coca en la declaración de funcionarios es una forma de amedrentamiento». Ever Veizaga. Rpte. Vice. Transparencia

«Como Ministerio Público vamos a actuar ante las denuncias de amedrentamiento contra funcionarios públicos que se atrevieron a declarar». Óscar Vera. Fiscal Departamental

 

TRANSPARENCIA CUESTIONA LA PARTICIPACIÓN DE COCA

El representante del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Ever Veizaga, nuevamente cuestionó la presencia del exsecretario de gobernabilidad, Sergio Coca, en las declaraciones de los funcionarios públicos que son convocados por el Ministerio Público. “Desde un inicio hemos cuestionado la presencia de Coca, estamos viendo este actuar como un acto de amedrentamiento y obstaculización al proceso de investigación”, expresó.

La responsable de Contrataciones de obras, Carolina Ayala, en su declaración ampliatoria descartó que Sergio Coca haya formado parte de su defensa.

“No fue parte de mi defensa y no sé qué estaba haciendo ahí. Vi que estaba en contacto permanente con varias personas, porque le vi escribiendo me pareció que con Diego Moreno, además que quería habilitarse como asistente legal”, dijo Ayala.

Fuente: lostiempos.com