Ausencia del Estado en Arcopongo deriva en explotación ilegal del oro a gran escala

El senador Yerko Núñez (UD) fue impedido de ingresar a la zona de explotación masiva de oro ilegal para realizar una inspección. La Gobernación de La Paz también intentó ingresar al área sin éxito.

rioExplotación ilegal del oro en Arcopongo a orillas del río Chakety. Fotos ANF

Inquisivi, La Paz, 7 de mayo (ANF).- La ausencia del Estado en Arcopongo, cantón del municipio de Inquisivi del departamento de La Paz, ha facilitado a grupos irregulares de explotadores ilegales la toma de 50 cuadrículas inmovilizadas de un yacimiento de oro.



Bajo el rótulo de “cooperativas”, grandes capitales mueven maquinaria pesada para la explotación de oro a gran escala con combustible subvencionado y sin licencia ambiental. Del otro lado, el Gobierno a través del ministro de Minería, César Navarro, afirma que los ilegales están en proceso de “saneamiento”.
La destrucción del río Chaquety se puede evidenciar a cientos de metros antes de llegar a la tranca plantada por los explotadores, hasta donde se llega por caminos accidentados de tierra por donde circulan vehículos sin placas, manejados por conductores sin licencias que compran combustible sin contar con el Sistema Boliviano de Autoidentificación (B-SISA) de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Hasta ahí se trasladó una comitiva integrada por el senador Yerko Núñez (UD), periodistas, además de algunos comunarios de la Cooperativa Ullakaya Condoriri, quienes exigen tener un derecho preferente sobre 50 cuadrículas de la zona aurífera desde el 2013, previa la aprobación de la nueva ley minera.
Sin embargo, el legislador y toda la comitiva fueron impedidos de ingresar al área fiscal donde los explotadores ilegales instalaron dos casetas de control, plantaron postes y le pusieron una cadena con candado para que ningún vehículo pueda circular.
De acuerdo a información extraoficial, la producción bruta de oro al día que se extrae oscila entre 28 y 40 kilos, del procesamiento de toneladas de tierra, desvío del curso del río y una deforestación que no se ha puesto límites.
Le negaron a la comitiva el ingreso bajo el argumento de que se necesitaba la autorización del “jefe de la tranca”, después, porque los “jefes de grupo” deberían dar su consentimiento, y finalmente, porque el “jefe de la ciudad” debería aprobar el ingreso.
“¿Qué permiso necesito si es tierra fiscal?; yo te estoy presentando mi credencial de autoridad electa, pero vos me estás vulnerando mi derecho de poder ingresar a un área para fiscalizar que me faculta la Constitución Política del Estado (…). Si me demuestras que es propiedad privada, no insisto”, reclamó Núñez en la tranca.

La decisión ya estaba cantada; no dejar pasar a nadie. De pedidos de ingreso se pasó a un momento de alta tensión cuando los explotadores advirtieron que eran filmados, entonces exigieron borrar las imágenes de los celulares. Fue cuando se volcaron los roles; los “cooperativistas” empezaron a la filmar y amenazar a la comitiva de manera intimidante.
Los más de 200 kilómetros recorridos por casi 12 horas desde la ciudad de La Paz no fueron argumento para convencer a los explotadores de oro, de que el legislador y los periodistas merecían ingresar a la inspección.
“Queremos saber quién es el jefe de la ciudad de La Paz, mostramos nuestra credencial, queremos que el Ministro de Minería nos diga quién les está autorizando porque están cometiendo delitos, están en contra del medio ambiente, están explotando nuestros recursos naturales, se está evadiendo impuestos que es grave para los paceños”, lamentó.
A la Gobernación de La Paz no le fue mejor, pues el mes pasado intentó ingresar a la zona de explotación ilegal pero fue obstaculizada en su trabajo.
“Controlaban el ingreso y salida de cualquier movilidad; era una tranca donde aproximadamente 30 personas obstaculizaron el paso de la comisión de técnicos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, que tenía la misión de realizar la inspección a las supuestas cooperativas asentadas en el trayecto del río Chaquety”, señala el informe del Encargado de Fiscalización de la Dirección de Salud Ambiental y Caminos Climáticos.
El informe continúa: “cuando se les dio a conocer del trabajo que íbamos a realizar, las personas parapetadas en la tranca rústica no quisieron entender, ni mucho menos darnos el paso respectivo, argumentando que tenían órdenes superiores de no dejar pasar a ninguna comisión, mucho menos que sean del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz”.
Peticiones de informe sin respuesta
Las peticiones de informe escritas (PIE) enviadas por Núñez al Ministro de Minería y Metalurgia entre noviembre y diciembre, todavía no obtuvieron respuesta.
Con documentos en mano, el legislador lamenta que tuvo que enviar una conminatoria a Navarro para que explique qué tipo de actores mineros operan en las áreas inmovilizadas de Arcopongo y qué acciones legales activó desde su despacho en contra de los ilegales. Anunció que el siguiente paso será la Petición de Informe Oral (PIO).

“Estamos en fase de saneamiento”
Por su parte, el ministro Navarro niega que Arcopongo sea tierra de nadie. “No es así, estamos en una fase de saneamiento y evidentemente en muchos lugares hay actividad productiva minera ilegal, pero también las comunidades han asumido como un hecho de propiedad absoluta para la  actividad productiva y ese es un hecho muy negativo para la formalización”, señala a ANF.
Navarro dice que al momento la actividad minera de Arcopongo está en la fase de formalización de contratos.
“Estamos formalizando a los titulares, pero lamentablemente hay comunarios que están asumiendo como titulares del área o propietarios del área queriendo titularizarse de manera legal; es un tema que estamos superando paulatinamente, no es un tema corto”, afirma.
Según el titular de Minería, las cooperativas legalmente constituidas en La Paz llegan a 1.400, pero los actores mineros superan los 1.800. “Hay una fase de control y legalización que viene de varias décadas, no es un tema reciente”, dice.
Minimiza el impacto del no pago de regalías por los ilegales con el argumento de que la principal fuente de ingresos para la Gobernación de La Paz se da por la venta del oro.

Antecedentes
De acuerdo a la denuncia a ANF del representante de la Cooperativa Minera Ullakaya Condoriri II, Francisco Eugenio, las cooperativas Villa Santiago Creston, Chaquety Plaza, Chaquety la Plaza, Elena Pampa Río Chaquety y Palma Flor, no sólo explotan en un área sobre la que tenían derecho preferente para explotar antes de que se declararán inmovilizadas a las 50 cuadrículas, sino que también comercializan el oro que extraen a gran escala.
Los extremos denunciados no fueron desmentidos por la Autoridad Jurisdiccional de la Administración Minera (AJAM) que ante el requerimiento de información por parte de ANF se limitó a señalar que “las denuncias de explotación minera se encuentran en etapa de investigación por parte del Ministerio Público”.
Sin embargo, la AJAM en otras ocasiones realizó de oficio varios operativos en coordinación con las Fuerzas Armadas y efectivos policiales bajo su tuición. Sólo el 2017 aprehendió a 127 personas que realizaban explotación ilegal minera.
De acuerdo al informe de Catastro y Cuadriculado Minero de AJAM fechado 27 de octubre de 2017, se concluye que: “no se identificó ningún derecho minero a favor de César Evan Silvestre Castillo y Paulino Cachi Mamani”, representantes de las cooperativas Palma Flor y Elena Pampa, respectivamente.
Por su parte, el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), en octubre de 2017 respondió al fiscal, Richard José Ávalos: “según los registros declarados en la base de datos del Sistema Nacional de Información sobre Comercialización y Exportaciones Mineras (Sinacom), no existen registros de comercialización de las personas antes mencionadas”.
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) también respondió a la Fiscalía el 3 de  noviembre del año pasado con una nota en la que da cuenta que “de acuerdo a los antecedentes del Centro de Documentación de Calidad Ambiental (CEDOCA) y el Sistema Nacional de Información Ambiental (SNIA), los señores César Evan Silvestre Castillo y Paulino Mamani no cuentan con licencia ambiental para explotación de oro y otros minerales”.
Ante el uso masivo de combustible y sustancias controladas por parte de las cooperativas, la Unidad de Registro y Sistema del Ministerio de Gobierno en su informe establece que: “César Evan Silvestre Castillo y Paulino Cachi Mamani no se encuentran registrados en la Dirección General de Sustancias Controladas, y por tanto, no están autorizados para el transporte de diesel y gasolina”.
Sin embargo, dicha Unidad aclara que el uso de explosivos u otros para la explotación de oro u otro mineral no son de competencia de la Dirección de Sustancias Controladas.
Las cooperativas en cuestión no sólo abrieron caminos, sino también que internaron maquinaria pesada como retroexcavadoras y tractores para la explotación a gran escala. Los efectos ambientales son inminentes sobre el río Chaquety y sus alrededores para extraer en promedio día entre 28 y 40 kilos de oro.
Fedecomin: ya sacarán su autorización
El presidente de Fedecomin, Simón Condori, confirmó a ANF que las mencionadas cooperativas que explotan en Arcopongo en el municipio de Inquisivi son sus afiliadas. “Tengo informe de que los contratos ya van a salir a mucho tardar hasta marzo”, dijo.
Entonces, al ser consultado de por qué explotan las cooperativas sin autorización, respondió que no es el único caso en Bolivia, pues hay empresas unipersonales “vestidas de cooperativas” que también lo hacen.
“Si vemos y hablamos de cooperativas, en Cochabamba hay empresas unipersonales, más de 70, hemos visto y en muchos lugares nadie dice nada ni la prensa ni la AJAM, en la adecuación quiénes son los titulares, vestidos de cooperativas esposas, hijos nietos y demás ‘tucuimas’”, aseveró.
La Cooperativa Ullakaya Condoriri teme que ante las denuncias realizadas, las autoridades mineras aceleren el proceso de “legalización” de lo ilegal.
Denuncias a autoridades
La denuncia fue formalizada por Eugenio Ayuviri a varias autoridades gubernamentales; el 2016, envió nota a la exministra de Transparencia, Lenny Valdivia; al exprocurador Héctor Arce; a la exministra de Justicia, Virginia Velasco; al presidente de la Asamblea Legislativa y Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, e incluso al presidente Evo Morales. Sin embargo, lamentó no haber obtenido ninguna respuesta.
La denuncia que también llegó a manos del defensor del Pueblo, David Tezanos, con el rótulo: “graves hechos de corrupción e injusticias en instituciones públicas del área minera”, apunta al propio Ministerio de Minería y Metalurgia, al viceministro de Cooperativas, José Luis Chorolque y otras autoridades de presuntos delitos de penales y ambientales.
El denunciante señaló que es evidente que existe complicidad entre autoridades del Estado y las cooperativistas que explotan oro y comercializan de manera ilegal.
Según Eugenio Ayuviri, las autoridades mineras a cargos del control de la explotación y comercialización de minerales presuntamente “cometieron actos de corrupción como el uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, incumplimiento de deberes, omisión de denuncia, asociación delictuosa, delitos ambientales, contribuciones y ventajas ilegítimas, agravantes para el tráfico de tierras y avasallamiento”.
Durante la gestión 2012 la Cooperativa Minera Ullakaya Condoriri hizo una solicitud al Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin) para la explotación minera autorizada en una superficie de 50 cuadrículas que se extiende a lo largo del río Chaquety en el municipio de Inquisivi de La Paz.
El representante de la Ullakaya Condoriri, Francisco Eugenio, mostró que la Gaceta Oficial Minera 181 de Sergeotecmin del 15 de enero de 2013 publicó que dicha cooperativa cumplió con todos los requisitos que exigía la normativa para tramitar su autorización la explotación minera en 50 cuadrículas solicitadas porque no presentaban ninguna sobreposición.
Sin embargo los comunarios del lugar anoticiados por la veta minera generaron conflictos y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) determinó inmovilizar el área.
El informe técnico circunstancial de la intervención, el acta de secuestro firmado por el suboficial Telésforo Chura, señala que en la localidad de Quime de la provincia Inquisivi a las 15.20 horas del 4 de diciembre de 2014 se secuestró un arma de fuego calibre 22, decomisado a Amacías Mamani de la subcentral de la comunidad de Patohoco.
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Fuente: ANF