La CIADI dispuso que Bolivia pague $us 57 millones —incluidos costas e intereses— a la empresa chilena Quiborax. La Procuraduría busca que se investigue al expresidente Carlos Mesa por la presunción de tres delitos, entre ellos incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Sala Penal del TSJ analiza proposición acusatoria contra Mesa por el caso Quiborax
La Fiscalía entregó a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la proposición acusatoria contra el expresidente Carlos Mesa y sus colaboradores por la pérdida del arbitraje internacional por el caso Quiborax y la repartición judicial analiza el trámite.
“En realidad no se trata de investigación. Tenemos la información, solo la información de que la Sala Penal habría recibido una proposición acusatoria por parte del Ministerio Público”, reveló este lunes el presidente del TSJ, Jose Antonio Revilla.
La autoridad explicó que el procedimiento para enjuiciar a un expresidente es “híbrido” e involucra a tres entidades: El TSJ, la Fiscalía y la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El martes 22 de mayo y tras confirmarse que Bolivia perdió el arbitraje internacional contra la transnacional chilena Non-Metallic Minerals S.A. – Quiborax en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que dispuso el pago de $us 57 millones —incluidos costas e intereses—, el procurador del Estado, Pablo Menacho, pidió a la Fiscalía investigar este caso.
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El gobierno de Mesa había dispuesto el 23 de junio de 2004, mediante Decreto Supremo 27589, la “revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de las concesiones mineras” de esa firma que operaba en Uyuni para la explotación de ulexita.
La Procuraduría General del Estado (PGE), en base a sus funciones y atribuciones constitucionales y legales, el día martes 22 de mayo de 2018 solicitó a la Fiscalía General el inicio de una investigación por presuntos delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica.
Por el ello, el Ministerio Público envió una proposición acusatoria a la Sala Penal del TSJ que emitirá el juicio de admisibilidad, si es pertinente, y posteriormente le toca al pleno del Legislativo revisar el trámite y autorizar o rechazar el juicio en contra de Mesa.
“Consiguientemente estamos en etapas iniciales y tenemos conocimiento, por información de Relaciones Públicas, que la Sala Penal está analizando esa proposición acusatoria, una vez que sea analizada daremos la información”, insistió Revilla, aunque no dio detalles de los plazos y los delitos por los que se le acusa a Mesa y sus colaboradores.
Para el exmandatario, Menacho impulsa la investigación en su contra “para evadir su responsabilidad directa en la desastrosa negociación” de su despacho con la transnacional que, apuntó, “invirtió menos de un millón de dólares cuando explotaba recursos naturales bolivianos”. (28/05/2018)
La denuncia contra Carlos Mesa por caso Quiborax llega al Tribunal Supremo de Justicia
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia debe definir si remite el caso a la Asamblea Legislativa que tiene la facultad de autorizar o no un juicio de responsabilidades
Carlos Mesa aseguró que rescindió el contrato con Quiborax en un acto de patriotismo (Foto de archivo)EL DEBER / W. Zolá / P. OrtizLa proposición acusatoria de la Procuraduría General del Estado presentada en la Fiscalía General del Estado en contra del ex presidente Carlos Mesa por el caso Quiborax ya se encuentra en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia que en los próximos días definirá si remite a la Asamblea Legislativa Plurinacional que tiene la facultad de autorizar o no un juicio de responsabilidades.El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla confirmó que la proposición acusatoria de la Procuraduría General del Estado, fue remitida por la Fiscalía a la Sala Penal el pasado 23 de mayo y serán los magistrados de esa sala las que dispongan la remisión de la misma a la Asamblea Legislativa para autorización de juicio de responsabilidades.»La Sala Penal está analizando esa proposición acusatoria«, dijo Revilla.La Procuraduría denunció ante la Fiscalia al expresidente por delitos en la reversión de una concesión minera en el salar de Uyuni y un tribunal de conciliación dispuso que el Estado boliviano debe pagar más de 48 millones de dólares a la empresa Quiborax.El expresidente ve que buscan dañar su imagenCarlos de Mesa defiende la expulsión de Quiborax como si de una nacionalización se tratase. El hombre que gobernó Bolivia entre octubre de 2003 y junio de 2005, exigió al Gobierno revisar su decisión de remitir a la Fiscalía el proceso de arbitraje internacional entre el Estado y la empresa chilena, por el que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones decidió que Bolivia debe pagar $us 48,6 millones a la empresa mapochina.Según el procurador general, Pablo Menacho, las decisiones de Mesa se enmarcan en los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.El exmandatario, que aseguró que la denuncia se apega a un plan de destrucción de su imagen y aseguró que Bolivia fue defendida de manera negligente, ya que la Non-Metallic Minerals, subsidiaria de Quiborax en Bolivia, no había invertido ni un millón de dólares al momento de ser expulsada.