Después de la muerte del dictador Luis García Meza se denunció que gozaba de “privilegios” en la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil) pese a que había sido dado de baja de las Fuerzas Armadas. El vicepresidente Álvaro García dijo este jueves que de haberse dado estos privilegios son de responsabilidad del Órgano Judicial y no del Ejecutivo.
“Si es que ha habido algún tipo de privilegios como se está denunciando hay que verificar, no en las decisiones del Ejecutivo, hay que verificar en las decisiones del Órgano Judicial porque para nosotros, como Ejecutivo, todos son iguales, todos tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas condiciones de vida”, sostuvo.
García Meza fue condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Una vez que fue detenido en Brasil y traído a Bolivia, en marzo de 1995, fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, donde estuvo 11 años y cuatro meses. El resto de su condena, hasta su muere el 29 de abril, estuvo hospitalizado con privilegios en Cossmil.
Su abogado, Frank Campero, dijo que García Meza “nunca fue dado de baja”, a diferencia de su lugarteniente Luis Arce Gómez, y que recibía una renta de jubilación. El Ministerio de Defensa aclaró, no obstante, que el dictador fue dado de baja el 10 de diciembre de 1982.
El Vicepresidente recordó que cuando estuvo en la cárcel acusado por alzamiento armado fue testigo de que para el dictador construyeron una “casita” al lado del reclusorio y cuando reclamó por ese privilegio le respondieron que fue por órdenes judiciales.
El general de Ejército y gerente de Cossmil, general Gherson Peñaloza, informó que el dictador en 1982 se acogió a la ley de Administración de Personal de las Fuerzas Armadas para tramitar su jubilación y retiro antes de haber sido dado de baja.
“Para Cossmil, el general García Mesa es un rentista, es un jubilado y como tal tiene acceso y derecho al área de salud”, aseguró el general, según una nota publicada hoy en la edición impresa de La Razón.
Para García, de haberse dado privilegios es responsabilidad del ámbito judicial. “Si ha habido alguien que ha sobrepasado esas igualdad de condiciones de detención en este caso, les puedo garantizar anticipadamente que no ha sido una decisión del Ejecutivo sino que ha tenido que ser una decisión del Órgano Judicial, nosotros como Ejecutivo tenemos que cumplir obligatoriamente lo que dice el Judicial”, insistió.
La Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional y Social (ASofamd)´cuestionó los privilegios concedidos al dictador, en tanto que la Comisión de la Verdad, constituida para investigar las desapariciones en dictadura, se pronunció por una auditoría en Cossmil.