Según su fundamento, entre su Gobierno y los que le sucedieron, avalaron la expulsión definitiva de la firma chilena Non MetallicMinerals-Quiborax del Salar de Uyuni.El expresidente Carlos D. Mesa afirmó ayer que si la Fiscalía General del Estado da curso a la proposición acusatoria sobre el caso Quiborax, también se debe procesar penalmente al exmandatario Eduardo Rodríguez Veltzé y al presidente Evo Morales.“(..) Si su autoridad no rechaza la proposición acusatoria y dispone el archivo de obrados, tendría que requerir ante el Tribunal Supremo de Justicia el enjuiciamiento de los expresidentes Carlos D. Mesa, Eduardo Rodríguez Veltzé y el actual presidente Juan Evo Morales, ya que con nuestras decisiones consentimos y avalamos la expulsión definitiva de la empresa Non MetallicMinerals-Quiborax del Salar de Uyuni”, señala el memorial de demanda que envío Mesa ayer por la tarde a la Fiscalía General del Estado.En el documento, Mesa también pide iniciar una demanda penal a todas las autoridades del gobierno de turno que intervinieron en la defensa formal de Bolivia en el arbitraje.Como argumento señala que ellos causaron un daño económico al Estado al haber ejercido una “pésima” defensa de los intereses del pueblo boliviano.El 22 de mayo pasado, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó a la Fiscalía el inicio de una investigación por presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica contra el expresidente Mesa y tres exministros.Añade que se trata de un intento de ocultar el “fracaso” de la defensa del equipo legal boliviano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en el caso Quiborax, que ratificó el pago de 57 millones de dólares, que incluye intereses y costas.Mesa sostiene que el expresidente Rodríguez Veltzé, siguiendo la línea de nacionalización de Non Metallic, hizo una corrección de forma y ratificó lo que su Gobierno hizo en 2004.Al respecto, el exmandatario afirmó el martes que el desarrollo del arbitraje que interpuso Quiborax se sustanció a partir de noviembre de 2006 hasta la fecha, durante el gobierno actual. En criterio de Mesa, durante la defensa la Procuraduría debería haber demostrado no sólo que el capital invertido por la empresa demandante no llegaba al millón de dólares.Sino que la tasa de retorno o de reembolso de este capital estaba “superabundantemente” cubierta con las ganancias obtenidas con relación a las inversiones realizadas y que las declaraciones de sus exportaciones falseaban el volumen del mineral realmente exportado, hecho que ocasionaba un perjuicio económico para Bolivia.Sobre la aprobación de ambos decretos explicó que como primera medida de protección del Salar de Uyuni, por la importancia estratégica de los recursos naturales que contiene, promulgó la Ley 2564 que abrogó la Ley 1854, por ser contraria a los intereses nacionales que ampliaba la superficie de la reserva fiscal del salar.Esto fue con el fin de evitar concesiones o autorizaciones “fraudulentas” o contrarias a los intereses del país en favor de empresas depredadoras del patrimonio natural y cultural.Aseguró que la política de Estado y de Gobierno fue compartida por los gobiernos que le sucedieron, es el caso de Rodríguez Veltzé, quien si hubiera compartido el criterio del actual procurador Pablo Menacho “no sólo habría discrepado con la norma aprobada, sino que habría devuelto la concesión a la compañía”.Dijo que similar situación ocurrió con el Gobierno del presidente Morales.Gobierno: “Nos concentramos en compensación”La defensa del actual Gobierno se concentró en la parte de la compensación y en argumentar que la demanda económica no correspondía como exigía la empresa Quiborax, afirmó el ministro de Minería, César Navarro.“Hemos hecho una defensa y hemos expresado que la compensación no correspondía al nivel de actividad que desarrolló”, argumentó cuando se le consultó sobre las contradicciones cuando se asumió la defensa del caso.Navarro dijo que si no se hacían esas fundamentaciones incluso el laudo arbitral pudo haber ratificado el 100% de compensación que demandaba Q uiborax, que eran unos 150 millones de dólares, pero que ahora el monto asciende a 57 millones.“El Estado boliviano defendió desde el punto de vista de la ausencia de inversión, daño ambiental e incluso la vulneración laboral y tributaria. Por tanto, la Procuraduría considera que el expresidente Carlos Mesa cometió errores jurídicos”, precisó.Para Mesa, si el actual Gobierno hubiera tenido desde el inicio esa posición, debería haberse allanado a la demanda arbitral y no haber presentado acción penal alguna contra los accionistas. “Debería haber dejado sin efecto las decisiones previas de revocatoria y nulidad tanto de mi gobierno como del gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé y haber devuelto la concesión a Quiborax”, añadió.Fuente: paginasiete.bo