El expresidente de Bolivia y actual embajador del Gobierno, afirmó ayer que el desarrollo del arbitraje que interpuso la empresa chilena Quiborax se sustanció a partir de noviembre de 2006 hasta la fecha, durante la administración del actual del presidente Evo Morales.
Veltzé: todo el arbitraje se sustanció en la gestión de Evo
El expresidente de la República afirma que durante su administración se hicieron correcciones a errores administrativos sobre el caso de la empresa Quiborax.
Expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, en una conferencia. Foto:ABI
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé afirmó ayer que el desarrollo del arbitraje que interpuso la empresa chilena Quiborax se sustanció a partir de noviembre de 2006 hasta la fecha, durante el gobierno actual del presidente Evo Morales.“La empresa Quiborax presentó su demanda ante el CIADI en octubre de 2005. Sin embargo, el proceso de constitución del tribunal arbitral y el arbitraje propiamente dicho comenzó recién en noviembre de 2006, de manera que mi gestión no tuvo participación posterior en el arbitraje”, respondió el agente de Bolivia ante La Haya a un cuestionario enviado por este medio.Aclaró que durante su gestión sólo se dedicó a resguardar los procedimientos y que no aprobó ni la expulsión, ni la continuidad de Quiborax.“Mi gobierno se limitó a resguardar los procedimientos aplicables y no emitió disposición operativa expresa para ratificar la expulsión o la continuidad de Quiborax”, precisó.El 22 de mayo pasado, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó a la Fiscalía el inicio de una investigación por presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, contra el expresidente Carlos D. Mesa y tres exministros.Tras el anuncio, la exautoridad dijo que se trata de un intento de ocultar el “fracaso” de la defensa del equipo legal boliviano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en el caso Quiborax, que ratificó el pago de 57 millones de dólares; este monto incluye intereses y costas (gastos por honorarios).Asimismo, Mesa sostuvo que el expresidente Veltzé, siguiendo la línea de nacionalización de Non Metallic, hizo una corrección de forma y ratificó lo que su Gobierno decidió en 2004.Al respecto, Veltzé explicó que la actuación durante su administración (9 de junio de 2005 -22 de enero de 2006) se concentró en restablecer el principio de legalidad en la conducción de la actividad del Estado en el proceso de recuperación de concesiones mineras ubicadas en el Salar de Uyuni y áreas de influencia, conforme dispuso la Ley 2564 del 9 de diciembre de 2004.Recordó que su administración emitió el Decreto Supremo 28527, que en su artículo único dispone abrogar el DS 27589, aprobado por Mesa, por el que se revocan las concesiones mineras, otorgando un plazo de 30 días para su entrega física a la Prefectura de Potosí.La disposición emitida por su persona, dijo, es explícita en señalar que la norma abrogada “adolece de deficiencias jurídicas insubsanables” en virtud a que el Código de Minería, norma aplicable al caso, no prevé la revocatoria de concesiones mineras que están sujetas más bien a las figuras de caducidad y nulidad previo proceso administrativo, aspecto que tampoco se cumplió para proceder con la nulidad de las concesiones por la Superintendencia de Minas.“En suma, mi gobierno no ingresó al mérito de las razones por las que se dispuso la nulidad de las concesiones, cumplió con el deber administrativo de sanear los procedimientos dispuestos legalmente en resguardo del principio de legalidad”, aclaró.Aseguró que asume la responsabilidad del decreto aprobado durante su presidencia, y que contó con la aprobación previa del Consejo Nacional de Política Económica (Conape).El 16 de septiembre de 2015, el Tribunal Arbitral emitió su laudo final, condenando a Bolivia a pagar una indemnización de 48,6 millones de dólares. El 21 de septiembre de 2015, la Procuraduría presentó la solicitud de anulación del laudo, petición que fue rechazada por el CIADI que hizo conocer su fallo el 18 de mayo.Carlos Mesa observa celeridad de la justicia para ver su casoEl expresidente Carlos D. Mesa observó ayer que la justicia proceda con celeridad para tratar el proceso penal que le sigue la Procuraduría General del Estado (PGE), por el caso Quiborax. “El 22 de mayo el procurador (Pablo Menacho) anunció que abrirá una acusación ante el fiscal y el 26, luego de cuatro días, un miembro del TSJ dice que han recibido de la Fiscalía la petición del procurador. No conozco casos en el que se haya actuado con la celeridad del rayo en un sistema judicial más lento que una tortuga”, afirmó.La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó el lunes que recibió del Ministerio Público la proposición acusatoria contra el expresidente Mesa y tres exministros.La pasada semana, el procurador Pablo Menacho argumentó que el 9 de diciembre de 2003 se emitió la Ley 2564 que facultaba al entonces Poder Ejecutivo (de Carlos Mesa) llevar adelante seis auditorías en un plazo de 60 días y que debían entregarse el 9 de febrero del 2004.Mesa mediante Decreto Supremo 27589, de 23 de junio de 2004, anuló las concesiones mineras de una empresa boliviana, Non-Metallic Minerals SA, en la que Quiborax tenía participación.De acuerdo con el procedimiento, a partir de la presentación de la denuncia en el Tribunal, la Sala Penal tendrá que emitir un decreto de radicatoria de la causa y la Fiscalía dispondrá de un plazo de 30 días para presentar el requerimiento acusatorio o rechazar la misma. En este tiempo debe reunir los indicios que respalden la denuncia.Una vez transcurrido este plazo el Ministerio Público puede solicitar el requerimiento de rechazo, lo que implica un archivo de obrados y/o presentar el requerimiento acusatorio.De elegir la última opción, el caso nuevamente pasa al TSJ para que la instancia vea si remite o no a la Asamblea Legislativa, donde el pleno, mediante el voto, considerará si se abre o no un juicio de responsabilidades.Para Mesa, todo ese proceso legal es largo, pero avanza a la velocidad de un rayo. “Estoy indignado por el cómo se pretende encubrir lo mal que han hecho los tres procuradores. Cómo puede ser posible que la Procuraduría me acuse con argumentos que son contrarios a los que sostuvo la defensa de Bolivia”, enfatizó.Volvió a reprochar que el Estado haya perdido 48,6 millones de dólares ante una empresa que invirtió menos de un millón.Página Siete / La Paz