Un juez estadounidense acaba de revocar el veredicto que emitió un jurado en abril, que condenaba al expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y al exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín a un pago de 10 millones de dólares de indemnización por los muertos caídos durante la denominada “guerra del gas”, en octubre de 2093. James Cohn dijo que si bien el Gobierno actuó con “mano dura” aquella vez, no hubo un plan premeditado para matar a esas 60 personas, cuyos familiares entablaron la demanda. El juez exigió pruebas para ratificar la condena pero no las encontró, mientras en Bolivia, donde la justicia no se maneja con evidencias no hay nada de eso, algunos se sienten desilusionados con el dictamen. En resumidas cuentas, lo único premeditado de aquel Octubre Negro sigue siendo la maniobra que ejecutaron dirigentes campesinos y que llevaron a la muerte a sus propios compañeros. Eso lo confesó Felipe Quispe.
Fuente: eldia.com.bo