El censo de votantes elaborado por las autoridades en el Estado de Assam, que vive un flujo migratorio constante desde Bangladés, siembra el temor entre la minoría musulmana

Para ser reconocidos como ciudadanos indios, los residentes en Assam tienen que aportar pruebas que acrediten que, bien ellos o sus familias, han vivido en la región desde antes del 24 de marzo de 1971. Esa fecha marca el final de la guerra por la liberación de Bangladés y el nacimiento de ese país, antes llamado Pakistán Oriental y de mayoría musulmana, tras la partición final del subcontinente indio y la consecuente oleada de refugiados a ambos lados de la frontera. Para entonces, de acuerdo con el censo de 1951, previo a la creación de Bangladés, la población de la región era de solo ocho millones de habitantes. Hasta ahora, el recuento de la población en Assam ha sido interrumpido por la violencia interreligiosa en varias ocasiones, como en 1983, cuando decenas de personas fueron asesinadas por muchedumbres contrarias a la presencia musulmana en el Estado.
Ante la posibilidad de que se avive el conflicto religioso en la región, el secretario adjunto del Ministerio del Interior, Satyendra Garg, ha aclarado: “Queremos que la ley y el orden se mantengan y no se permitirá que nadie cree problemas”. El portavoz del ministerio también ha insistido en que no se iniciará acción penal contra aquellos que no figuran en el borrador final hasta que sus casos hayan sido resueltos.
Los contrarios al examen de ciudadanía critican que el Gobierno central está liderando una campaña contra la minoría musulmana en India. Mientras que las autoridades estatales dicen estar representando la voluntad de los nativos de Assam, muchos de los cuales culpan a la inmigración de la falta de trabajo y de la escasez de recursos en una región que, actualmente, se acerca a los 33 millones de habitantes. En diciembre del año pasado, el borrador inicial de la Comisión Electoral Central registró a 19 millones de ciudadanos. Sin embargo, este mes, la propia comisión confirmó al Tribunal Supremo indio la retirada de 150.000 nombres de la lista inicial, un tercio de ellos mujeres casadas, debido a la falsedad de los documentos presentados por los solicitantes.
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Fuente: www.elpais.com