La cárcel de San Pedro es la que registra la mayor cantidad de presos muertos por problemas de salud en Bolivia. En 2016 fueron 25, la mitad de los fallecidos por enfermedad en todas las cáceles del país y el doble de la cárcel con más presos: la de Palmasola.
Internos de la cárcel de San Pedro. Foto: Abi
La Paz, 13 de agosto (ANF).- La exministra de Transparencia Nardy Suxo pidió al defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, pronunciarse sobre las condiciones lamentables en que viven los privados de libertad, situación que se agrava por el abuso de la detención preventiva en el país.“El hacinamiento, la falta de condiciones penitenciarias también tienen que ver con la administración de Justicia, el abuso de la detención preventiva agrava la situación, el Defensor del Pueblo debe pronunciarse, es su obligación”, escribió Suxo en su cuenta de Twitter.El reportaje “El precio de la vida en el penal de San Pedro” de ANF muestra las condiciones y la situación de la salud en que viven los internos. Las cifras oficiales del sistema penitenciario, y varios recorridos por su interior, dan una pista de los motivos: reciben pocos medicamentos, el presupuesto para salud apenas alcanza para una ampolla para el dolor para cada preso, las condiciones son insalubres y tiene la relación más desigual médico-reclusos del país.Además no hay examen médico de ingreso, por lo que nadie conoce qué enfermedades y cuántos enfermos hay. Sólo se sabe por qué mueren: infecciones severas, problemas cardíacos y pulmonares, enfermedades crónicas y hasta por desnutrición. Cuadros, en su mayoría, controlables.La cárcel de San Pedro es la que registra la mayor cantidad de presos muertos por problemas de salud en Bolivia. En 2016 fueron 25, la mitad de los fallecidos por enfermedad en todas las cáceles del país y el doble de la cárcel con más presos: la de Palmasola, que la duplica en reos, donde los muertos por enfermedad ese año fueron 13.Para el exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, este tipo de trato se les da a los internos porque se los considera ciudadanos de segunda clase, y por eso todas las políticas de cambio implementadas por el Gobierno hasta ahora no llegaron a las cárceles.