La Asamblea Legislativa (de mayoría oficialista) modificó anoche la convocatoria para elegir al Fiscal General del Estado (FGE) y ahora no es necesario que los funcionarios públicos, que postulen a este alto cargo, renuncien con tres meses de anticipación.
La sede de la Fiscalía General del Estado boliviano esta ubicado en Sucre. Foto (Internet)
Funcionarios que postulen a Fiscal General no tendrán que renunciar
“No hay necesidad que ningún funcionario renuncie a su cargo. Lo que hicimos es adecuar el reglamento a la Constitución Política de Estado”, dijo el presidente del Senado, Milton Barón.
Página Siete / Pamela Pomacahua / La PazLa Asamblea Legislativa modificó anoche la convocatoria para elegir al Fiscal General del Estado (FGE) y ahora no es necesario que los funcionarios públicos, que postulen a este alto cargo, renuncien con tres meses de anticipación.El artículo 23 de la convocatoria establece: “Si la persona designada como Fiscal General del Estado fuera servidora o servidor público, antes de su pocesión acreditará ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, la renuncia al cargo anterior”.El presidente del Senado Milton Barón afirmó que “no hay necesidad que ningún funcionario renuncie a su cargo. Lo que hicimos es adecuar el reglamento a la Constitución Política de Estado”, detalló la autoridad.La anterior semana surgió una polémica al respecto. La Constitución, en su artículo 238, numeral tres, establece que no podrán acceder a cargos públicos electivos, “quienes ocupen cargos electivos, de designación o de libre nombramiento, que no han renunciado a éste, al menos tres meses antes al día de la elección, excepto el Presidente y el Vicepresidente de la República”.En ese sentido, juristas afirmaron que todo aspirante a Fiscal General debía renunciar a sus funciones porque es uno de los requisitos que exige la Carta Magna para ser servidor, y por tanto el postulante debe cumplir ese requisito. Barón afirmó que la renuncia “es para autoridades electas por voto ciudadano”.Además, afirmó que los postulantes podrán presentar cualquiera de los dos requisitos de certificación como: el del Colegio de Abogados o el registro del Ministerio de Justicia.Subprocurador es candidatoAimoré Francisco Álvarez Barba es subprocurador de Supervisión e Intervención de la Procuraduría General del Estado (PGE), este martes, presentó su postulación a la Fiscalía General del Estado.Álvarez asumió las funciones el pasado 2 de marzo, cuando el procurador general del Estado, Pablo Menacho, en presencia del ministro de Justicia, Héctor Arce, lo posesionó como subprocurador de Supervisión e Intervención de la PGE.Álvarez Barba es abogado de profesión, titulado en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y cuenta con una Maestría en Derecho Empresarial y de los Negocios Internacionales.Antes de ser posesionado, se desempeñó como Director Departamental de la Procuraduría en Santa Cruz, el año 2008 fue Asesor Especialista en Defensa y Arbitraje del Ministerio Sin Cartera Responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales.
Legislativo modifica reglamento de selección de Fiscal General y se adecúa a la Constitución
La Paz, 22 ago (ABI).- El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó el martes por la noche la resolución que modifica el Reglamento de Selección y Designación de la o el Fiscal General del Estado, para adecuarlo a los mandatos previstos en la Constitución Política del Estado (CPE).Se modificó el parágrafo V del artículo 8 del reglamento, el mismo hacía referencia al artículo 238 de la CPE que determina que no podrán acceder a cargos públicos electivos quienes no hayan renunciado a su fuente de empleo, tres meses antes, remarca un boletín de prensa.Según esa fuente, ese artículo constitucional no aplica para el cargo de Fiscal General, pues ese cargo no tiene naturaleza electiva (mediante voto popular), sino que es un cargo de designación sometido a un proceso que lleva adelante la ALP, de acuerdo a mandato, también constitucional.En lugar de ese parágrafo, se añadió al reglamento un artículo que establece que si la persona designada como Fiscal General del Estado fuera servidora o servidor público debe acreditar a la ALP, antes de su posesión, la renuncia al cargo que desempeña.Asimismo, se cambió el artículo 9 que determinaba que la certificación de «No haber sido sancionada o sancionado por faltas graves o gravísimas disciplinarias o ética en el ejercicio de la profesión» debía ser extendida por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional o por el Colegio de Abogados, y se evita una doble certificación.El plazo para la presentación de postulaciones ante la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Senadores vence el 26 de agosto próximo y hasta ahora se registraron a cuatro aspirantes.