varias acciones legales, pero subrayaron que en esta causa no correspondía ir por la vía penal.
La vía “competente” para procesar al funcionario de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que se equivocó en la suma del saldo bancario del presidente Evo Morales, es la administrativa y no la penal, afirmaron dos juristas consultados.El constitucionalista Víctor Hugo Chávez indicó al respecto: “El proceso también alcanzaría a la misma MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva), porque ella dijo haber autorizado y si hubiera un error, la vía más aconsejable era la administrativa”.El 5 de agosto, el analista Elías Luis Álvarez Guanca fue enviado a prisión por haber sumado mal las cuentas del Jefe de Estado.El Ministerio Público imputó al funcionario por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos.En criterio de Chávez, en el caso hay errores en el tratamiento jurídico, porque el funcionario no debió ser imputado, por ejemplo, por conducta antieconómica, delito tipificado en el artículo 224 del Código Penal, porque no hubo daño al patrimonio del Estado ni persona perjudicada por los delitos que se le atribuyen.Afirmó, entre otros detalles, que tampoco aplica el artículo 225 sobre infidencia económica, “porque desde el momento en que se le pide hacer público, deja de tener reserva la información”. Lo mismo ocurre con el artículo 228, en relación con el uso indebido de la información privilegiada, “porque al difundirse el dato no ha logrado beneficios directos o indirectos, para sí o para un tercero”.El abogado y exfiscal Alaín Canedo manifestó que de un hecho pueden perfectamente derivar varias acciones legales, pero en este caso se abrió un proceso penal, cuando era posible iniciar una causa administrativa. “Sin embargo, es factible establecer que la responsabilidad del analista no es única, ya que siempre un funcionario tiene superiores para analizar, supervisar y autorizar su trabajo”, expresó.Manifestó que para ser justos con el funcionario, “habría que establecer los niveles de supervisión; es decir, conocer el procedimiento de revisión y autorización de un informe”.Fuente: https://www.paginasiete.bo