El líder político Samuel Doria Medina, durante la audiencia de hoy, en el TSJ, en Sucre. FOTO: José Luis Rodríguez / Correo del Sur Digital
El arraigo fue impuesto en 2017. Ahora el empresario no necesitará de una autorización judicial para dejar Bolivia, pero deberá hacer conocer a la Fiscalía sobre cualquier viaje que realice al exterior.
El líder político Samuel Doria Medina en un pasado acto de Soboce. Foto: AFKA – archivo
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con sede en la ciudad de Sucre, decidió este martes levantar el arraigo que pesaba desde el 11 de febrero de 2017 sobre el empresario y líder político Samuel Doria Medina por el caso denominado Focas (Formación de Capitales en Áreas Secundarias). Es acusado por delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
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La decisión le permitirá viajar al exterior sin autorización judicial. Solicitó la cesación de la medida preventiva alegando afectación a su desempeño en labores empresariales, políticas y familiares, pero además amparándose en la normativa nacional que beneficia a las personas adultas mayores sometidas a un proceso penal, según el diario Correo del Sur.
Durante los dos años de la imposición del arraigo, viajó únicamente con autorización judicial y siempre retornó en las fechas determinadas, lo que fue valorado en la decisión judicial.
El empresario, excandidato a la presidencia, no necesitará una autorización judicial para dejar el país, pero deberá hacer conocer a la Fiscalía sobre cualquier viaje que realice.
«En vista de que cumplí con todas las medidas cautelares se ha decidido levantar este arraigo manteniéndose el resto de las medidas», explicó Doria Medina al salir de la audiencia.
Junto al empresario otras nueve exautoridades fueron incluidas en las investigaciones por el caso Focas, relacionado al financiamiento que Bolivia recibió de Estados Unidos para proyectos. Doria Medina, en su calidad de Ministro de Planeamiento en 1992 durante el Gobierno de Jaime Paz Zamora, habría dispuesto, según la denuncia, que ese dinero pase a la entidad privada llamada Fundación para la Producción (Funda-Pro).
La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz