El tema no ha sido tocado por sala plena. El concejal dice que acaba de pagar toda la deuda que le heredó su padre
Una falsa resolución del Tribunal Supremo Electoral que anulaba la credencial del concejal cruceño Johnny Fernández, puso en vilo a la autoridad y generó noticias falsas que obligaron a la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, a convocar una conferencia de prensa para desmentir el documento y anunciar acciones legales contra los autores de esta falsedad, ya que en su criterio viola el principio de información.Sin embargo, la falsa resolución ya había trastocado la normalidad de la jornada de Fernández, que se encontraba en el campo cuando se enteró del supuesto hecho. Pronto convocó a sus abogados y preparó la defensa legal: la idea era presentar un amparo constitucional para tratar de revertir el hecho.El documento falsoLa falsa resolución se numeró con 0682/2018, un numeral al que aún no ha llegado del TSE. Era la supuesta respuesta a la denuncia interpuesta por la representante departamental del Partido Demócrata Cristiano, Cindy Melgar Guzmán, en contra de Fernández y los vocales del Tribunal Electoral Departamental por habilitación indebida, aduciendo que Fernández no había presentado los documentos que abalaban su solvencia fiscal, debido a que aún mantenía una deuda con Impuestos Internos, heredada de su padre, Max Fernández Rojas.En el documento apócrifo se consideraba que el TED de Santa Cruz debió rechazar la inscripción de Fernández, concluía que se debía retirar la acreditación y abría proceso contra todos los vocales por incumplimiento de deberes.Al mediodía, se consultó sobre el tema a Sandra Kettels, presidenta del TED Santa Cruz, y aseguró que aún no tenían confirmación del hecho por parte del TSE. Al finalizar la tarde, la presidenta Choque anunció que el caso aún no se había tratado en Sala Plena.No es la primera vez que Fernández se enfrenta a esta denuncia. En realidad, por culpa de un proceso similar asumió su curul casi un año después de ser elegido, luego de que el Tribunal Constitucional considerara que no se le podían coartar sus derechos políticos ya que el delito fiscal no había sido cometido por él, sino por una empresa de la que era accionista su padre. Al morir Max Fernández, además de sus bienes, heredó parte de su deuda impositiva.Esa misma sentencia constitucional, emitida en 2016, le sirvió un año más tarde como escudo para librarse de un proceso legal que le inició su colega ya fallecido Rómel Pórcel.Entre risas, Fernández no quiso especular sobre de dónde salió el documento apócrifo ni quienes se benefician con él, pero sí anunció que se acogió al perdonazo tributario y que espera la resolución del SIN para que este viejo problema deje de perseguirlo.En la jornadaVIENDO SUS VACASSegún Fernández, cuando se enteró de la noticia estaba camino al campo a ver sus cabezas de ganado. No cree que el documento sea porque apoya la candidatura de Víctor Hugo Cárdenas.LO RESPALDÓRhea Borda, su concejal suplente, lo acompañó en su casa para mostrar el respaldo al jefe de su partido. No sucedió lo mismo con Rosario Schamisseddine ni con Jesús Cahuana, también elegidos concejales bajo la bandera de Unidad Cívica Solidaridad.Fuente: eldeber.com.bo
